Rajoy debe irse para que podamos vivir en paz, honradez y libertad

Millones de personas afectadas por una política neoliberal regresiva que se ha soslayado por la crisis catalana que nos ha tenido –y nos tendrá- ocupados, atemorizados y estupefactos: La corrupción.

 

 

 

 

Bajo el mandato de Rajoy, que coincide con la mayor ola de radicalización derechista de Europa desde los años treinta del pasado siglo, la ultraderecha se instaló en los centros de poder de España, haciendo retroceder al país en derechos democráticos a periodos antiguos

 

 

No creo que en ningún momento Puigdemont –que ha pasado del sainete declamatorio al esperpento de Bruselas- haya querido negociar, no lo creo, pero estoy seguro que el Presidente del Gobierno del Estado, Mariano Rajoy, no ha manejado esa opción en ningún momento dado que según sus estrategas, eso habría sido una muestra de debilidad que le habría restado apoyos electorales en futuros comicios. Si lamentable ha sido la gestión de la crisis por parte del President de la Generalitat azuzando el fuego del pensamiento mágico y huyendo vergonzosamente después, la labor de Gobierno de Rajoy ha sido y es un lastre para la convivencia de los pueblos y los ciudadanos que componen España. Rajoy representa la concepción más arcaica, indolente, castiza y excluyente de la política, dejando, cada vez que la nombra, la palabra democracia vacía de contenido. Nunca he oído, ni siquiera en aquellos años que siguieron a la muerte del tirano, hablar tanto de democracia, de libertad y de cumplimiento de la Ley, nunca, tampoco, he escuchado utilizar tanto ese término a personas inmovilistas con origen ideológico y sentimental en la dictadura. Y es que, la democracia no lo es más porque alguien la esgrima para descalificar o criminalizar al otro, sino por su ejercicio, porque sirva para aumentar los derechos de las personas, porque valga para aumentar el bienestar de los ciudadanos, porque los haga a éstos más cultos, solidarios y benéficos.

 

Bajo el mandato de Rajoy, que coincide con la mayor ola de radicalización derechista de Europa desde los años treinta del pasado siglo, la ultraderecha se instaló en los centros de poder de España, haciendo retroceder al país en derechos democráticos a periodos antiguos. La forma en que mandó cuando obtuvo mayoría absoluta, al aprobar leyes que recortaban libertades esenciales como las de expresión, reunión y manifestación, sin negociar ninguna propuesta legal con la oposición, sin preocuparse de casi ninguno de los problemas básicos que aquejan a los más desfavorecidos, aplicando la fuerza pública para combatir las legítimas protestas de los ciudadanos, no dejan lugar a dudas. Se habla mucho del avance de los ultras en la mayoría de los países de Europa y, a menudo, se dice que en España eso no ha llegado todavía, claro, no ha llegado porque ya estaba, porque más a la derecha que el Gobierno presidido por Rajoy sólo está ese señor que se llamaba Juan y regentaba un bar en Despeñaperros.

 

En España continuamos teniendo un mausoleo disparatado en honor a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, mausoleo que costea el Estado y que es usado principalmente por personas ajenas al constitucionalismo. También tenemos un impuesto al sol gracias a la labor de Mariano Rajoy, un impuesto que sólo pretende mantener los privilegios del oligopolio eléctrico a la espera de que las grandes empresas del sector decidan que ha llegado la hora de cambiar petróleo por renovables, cosa que sólo harán cuando los paneles fotovoltaicos, los molinos de viento y demás artilugios generadores de energía limpia estén en sus manos, para que no podamos escapar nunca de ese yugo que se nos impuso también durante el franquismo para favorecer los intereses de las burguesías vasca y catalana que desde entonces controlan el sector. Al mismo tiempo que nos obligan a consumir una de las energías eléctricas más caras de Europa, vemos que ante un periodo de sequía extrema, algunas de las desalinizadoras construidas en época de Zapatero, trabajan a medio gas mientras no se extrae –tal como sugiere el hidrogeólogo Francisco Turrión- las aguas subterráneas que se pierden en el mar, que en casos como el murciano posiblemente bastarían para solventar la grave crisis de agua por la que atraviesa la región, todo ello para fomentar macro-proyectos hidráulicos que requieran fortísimas inversiones y posibiliten pellizcos nada desdeñables. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder, la caja de las pensiones disponía de 67.000 millones de euros para salvar los déficits que ocasionalmente se pudieran producir. Empero, una cosa es que falte dinero para pagar una extra o un mes concreto y otro es que ese déficit sea estructural y haya venido para quedarse, entonces no se pude vaciar esa caja sin más, sino buscar nuevas formas de financiación para que el sistema siga funcionando para nosotros y para los que vienen detrás. Ahora la hucha de las pensiones, gracias a la irresponsabilidad de quienes la gestionan, cuanta sólo con poco más de 11.000 millones sin que se haya buscado solución alguna para el futuro del sistema. A eso podemos añadir que durante el periodo de Gobierno de Rajoy la desigualdad en España se ha incrementado hasta tal punto que un tercio de la población española vive bajo el umbral de la pobreza mientras una minoría muy mínima controla un tercio de la riqueza nacional sin apenas contribuir al Erario. Estamos, pues, ante un Gobierno de clase, un gobierno que actúa para favorecer a los más favorecidos, sin contemplar, en ningún caso, para paliar esta situación detestable con la posibilidad de poner en marcha una reforma fiscal que haga pagar más a los que más tienen.

 

Pero con ser estos ejemplos muy graves por los millones de personas que se ven afectadas por una política neoliberal regresiva, hay una cuestión que se ha soslayado estos días por la crisis catalana que nos ha tenido –y nos tendrá- ocupados, atemorizados y estupefactos: La corrupción. No se puede decir que la democracia sea menos corrupta que otros regímenes inferiores, nadie puede prohibir la corrupción porque el corrupto se reiría de tal medida; pero lo que si hace la democracia es tomar medidas ejemplarizantes contra aquellos que usan el dinero público, el de todos, en interés personal o de grupo. Es decir, la democracia tiene que hacer caer todo el peso de la Ley sobre los corruptos en el plazo más breve, impidiendo sobreseimientos, destrucción de pruebas, postergamientos y hastío de la opinión pública, hasta el extremo de llegar a ver esa conducta delictiva como algo consustancial a la actividad política. Pues bien, el partido presidido por Mariano Rajoy está acusado de corrupción, de muchísimos casos de corrupción y son muy pocos los miembros de ese partido que, a día de hoy, pasados años desde la comisión del delito, han ingresado en prisión. La dilación de la acción judicial –tan presta en otras ocasiones- aumenta la desconfianza ciudadana en la política y en los políticos y disminuye la eficacia para el fin que debe seguir. En sus conclusiones finales sobre una pieza del caso Gurtel, la fiscal Sabadell, afirmaba que “los hechos acreditados son hechos de extrema gravedad, no sólo por la naturaleza de los delitos cometidos y el perjuicio que ha provocado a los fondos públicos sino porque se extendieron y enraizaron como un modo ordinario de contratación pública durante un largo periodo de tiempo y en distintas administraciones gobernadas por el PP en las cuales algunas de sus autoridades aceptaron sobornos para enriquecerse con cargo a los fondos públicos que tenían responsabilidad de conservar, proteger y de salvaguardar…  Los acusados con su reiterada actuación y penetración en la administración consiguieron que estos mecanismos viciados de toma de decisiones en los procedimientos de contratación pública se consolidaran como un problema estructural con graves repercusiones en la confianza en los ciudadanos, en la administración y en la gestión de la contratación… Con su reiterada violación de los principios de equidad, integridad, responsabilidad, igualdad ante la ley en la atribución de los contratos públicos, los acusados atentaron contra el Estado de Derecho y su actuación resultará de muy costosa reparación social. Reiteramos como hemos venido haciendo a lo largo de este juicio se han acreditado unos hechos de extrema gravedad merecedores de una sentencia condenatoria”.

 

La Fiscal Sabadell describe a la perfección una práctica completamente contraria al Derecho que, al ser aplicada como norma y bajo el amparo de autoridad, exigiría la inmediata dimisión de los máximos dirigentes de ese partido. ¿Se puede gobernar un Estado, un país o un municipio con tal currículum? Está claro que no.

 

http://www.nuevatribuna.es/opinion/pedro-luis-angosto/rajoy-debe-irse-podamos-vivir-paz-honrandez-libertad/20171031172211144874.html

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