Rajoy tiene un plan

Todos los problemas políticos tienen un punto de madurez, antes del cual están ácidos; después, pasado ese punto, se corrompen, se pudren

 

La crisis del régimen del 78,  negada con beligerante contundencia por las fuerzas políticas dinásticas, afronta un final de ciclo con una rectificación integral en los componentes sensibles de la calidad democrática, un retroceso enjundioso de libertades y derechos cuyo diseño e implementación es liderado por el Partido Popular con la circunstancial legitimidad que le ofrece el llamado bloque constitucionalista lo cual le facilita desarrollarlo con aminorada oposición. Todos los problemas políticos tienen un punto de madurez, antes del cual están ácidos; después, pasado ese punto, se corrompen, se pudren. En el caso catalán, singularmente, Mariano Rajoy ha ido dejando que el problema se ulcerase, huyendo de la solución dialogada y política al objeto de justificar su plan de restricción democrática que trasciende al ámbito exclusivo de Cataluña.

Después de la advertencia de destacados responsables del Partido Popular de que el artículo 155 se podía aplicar a otras comunidades autónomas si ganaban influencia partidos políticos no gratos para los conservadores y las élites, el reprobado ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha declarado que el camino de la reforma de la Constitución no tiene que discurrir solamente en la dirección de ampliar competencias de las autonomías, de manera que la dirección contraria también es una posibilidad que debe ponerse sobre la mesa. "No sé si estamos en el momento de ampliar competencias o de fortalecer los instrumentos de colaboración y cooperación o de que el Gobierno central vuelva a asumir políticas públicas esenciales", comentó Catalá. Sin embargo, el plan de recentralización se inició con motivo de la crisis y la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto y que ha posibilitado la intervención financiera del ayuntamiento de Madrid. El Gobierno está incumpliendo sistemáticamente la misma regla de gasto que el ministro Cristóbal Montoro diseñó y por la que ha justificado la intervención del Ayuntamiento. Lo cual nos indica claramente que es una actuación política.

Es un plan que desmonta la democracia en nombre de la democracia, porque no sólo se encarcelan a miembros del gobierno catalán, la ley mordaza ha invadido todas las parcelas de la vida política y social. Se juzga a raperos en la Audiencia Nacional por delitos de enaltecimiento del terrorismo y a los que se solicita 2 años de prisión; al mismo tiempo que el primer tuitero en España irá a prisión, fruto de la “Operación Araña”, donde la Guardia Civil persigue la libertad de expresión en redes sociales. Y todo ello, en estricta aplicación de la ley para que Montesquieu se revuelva en su tumba, ya que como sabe muy bien la derecha, pues es parte de su estrategia, cuando el poder judicial entra en un debate político, ya no es posible continuar debatiendo. Con el primer partido de la oposición adscrito a la irracionalidad de que las políticas restrictivas del Partido Popular son acciones de Estado, los conservadores llevarán hasta las últimas consecuencias la deriva posdemocrática con el mantra de la aplicación de la ley y “quien la hace la paga” y mirando para otro lado cuando el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigó el caso Gürtel, afirma que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió "indiciariamente" dinero de la presunta caja B del PP  y que existen "indicios" de que la estructura del Partido Popular "respondía al perfil de una organización delictiva" por sus operaciones en la trama Gürtel, que ha calificado como “corrupción en estado puro.” Instar a la aplicación de la ley desde el patio de Monipodio no es hacer, precisamente, política de Estado, ni siquiera hacer política.

 

http://www.nuevatribuna.es/opinion/juan-antonio-molina/rajoy-tiene-un-plan/20171113081815145206.html
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