Asturias: el libre mercado como problema, la intervención pública como solución

 

                Desde 1973, aproximadamente, se inició un proceso paulatino de desmantelamiento, en todos los países del Capitalismo desarrollado, del sector público, en particular el industrial, nacido de los pactos sociales surgidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ello aderezado con una cada vez menor regulación democrática de las actividades económicas, en nombre de la mejor asignación de recursos por parte del mercado, y de una supuesta libertad económica, que al final no ha sido tal. Ello no implicó que el Estado no siguiese interviniendo en la economía, pero lo hizo de otra forma, no para atenuar las diferencias sociales en aras de la igualdad entre las personas, sino para crear las condiciones políticas y sociales que permitieran una mayor acumulación de riquezas en cada vez menos manos. Es decir, el estado volvió a jugar el papel  que siempre le ha gustado a las clases dominantes, por un lado, regular todo aquello que pueda poner en peligro la forma de acumulación de capital, muy en particular favoreciendo individualizando las relaciones laborales, limitando el poder sindical y la participación política de las clases trabajadoras, y por otro, haciendo de seguro , en caso de crisis, para las grandes empresas e instituciones financieras, es decir, socializando perdidas y privatizando ganancias. A través de políticas fiscales ha logrado que sean cada vez más las rentas del trabajo las que carguen con el esfuerzo fiscal, mientras a las del capital se les favorece con cientos de bonificaciones, desgravaciones o deducciones. A través de la ola privatizadora se pone en mano de las empresas más fuertes amplios nichos de mercado, que antes estaban en el campo de lo público, como puede ser el sector eléctrico, el transporte de todo tipo, el sistema de pensiones, la educación y la sanidad. Y lejos de renunciar a la subvención, se ha utilizado la misma para dar ganancias a ciertas sectores privilegiados, como ha sido el uso de la tarifa eléctrica y el supuesto déficit tarifario, la llamadas ayudas a la contratación etc…, y como no la ayuda asistencial, para atenuar las carencias sociales que dicho avance del mercado produce, pero rompiendo con las conquistas universalizadoras de derechos, que el llamado Estado del Bienestar había generalizado, dejándolo en manos de la discrecionalidad de los gobiernos de turno, como sucede con múltiples prestaciones sociales actuales, que siguen existiendo, pero que están cada vez más cercanas a la caridad que a la justicia social.

                Todo lo anterior fue edulcorado con la llamada cultura del emprendimiento y la universalización del llamado “modelo de vida americano” que permitiría a cualquiera llegar de los más bajos escalafones sociales a lo más alto. Una batalla ideológica con el objetivo de vencer cualquier resistencia social de los sectores populares, inoculando en ellos también la división a través de la aspiración a ser clase media en un sistema que se suponía ya era el fin de la historia y donde ya no habría más crisis ni económicas ni sociales. Superar el discurso de la lucha de clases, para favorecer que las clases dominantes campasen por sus fueros.

                La realidad ha sido muy diferente a la prometida  y lejos de ese supuesto mundo feliz, donde ganábamos todos/as conducidos por la supuesta mano invisible del mercado, hemos vuelto a perder los y las de siempre. Los ricos se han hecho cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. El ascensor social, que se garantizaba con educación y sanidad públicas, se ha ido cerrando a cada vez menos personas, y vuelven a ser cada vez menos familias las que controlan la economía y los resortes del poder. Sobre todo a partir de 2008 se ha visto claramente que en esa globalización había unos que viajaban en yate y otros en patera.

                Ello ha sido más agudo en zonas como Asturies donde el desmantelamiento de lo público, para pasar a manos privadas sectores como la siderurgia, la energía y la banca, lejos de diversificar nuestra economía, la ha hecho dependiente de monocultivo de empresas contaminantes y de turismo supuestamente ecológico, en una de las mayores contradicciones que uno se puede imaginar. El paraíso natural es hoy paraíso para especuladores, que dejan aquí sus residuos y se marchan con sus capitales, cuando quieren y como quieren, y ha convertido de nuevo a nuestra tierra en país de emigrantes, marchándose de aquí nuestra juventud más cualificada. Todo ello ha puesto a Asturies a la cola de España y como no de Europa en parámetros de desarrollo no sólo económico, sino de calidad de vida, que hacen la muerte lenta haya sido la consecuencia de un plan bien preconcebido de los últimos decenios.

                En esta tesitura, que pone muy en evidencia la amenaza de marcha de Alcoa, se coloca de nuevo encima de la mesa la necesidad de o dar un cambio radical a dichos planteamientos, o poner de una vez por todas el cartel de “cerrado por derribo” en esta Asturies nuestra. Cada vez es más evidente que el libre mercado ha traído pocos beneficios a la mayoría de la publicación, y casi ninguno a comunidades históricas como Asturies. Fuimos alguien cuando tuvimos Estado intervencionista e industria, cuando las consecuencias de las luchas obreras trajeron derechos para la mayoría y limites para las elites. Por lo tanto, vuelve a ser la hora de poner encima de la mesa propuestas políticas que recuperen el papel de la intervención pública en la economía, para favorecer a la mayoría social; de regular e intervenir en los precios, con los llamados “precios políticos” para evitar que siga habiendo casas vacías mientras se desahucia gente, o parados/as mientras se alarga la jornada laboral y cada vez se hacen más horas extras. Recuperar para lo publico sectores estratégicos, como puede ser el eléctrico, el siderúrgico, el financiero o porque no también el del aluminio. Y como no aplicar medidas proteccionistas para nuestros productos de todo tipo, superando el papanatismo europeísta, que no nos ha traído más que dinero para que dejáramos de producir, del que se benefició un entrado político y patronal parasitario, así  como reconversiones de plantillas y desmantelamiento del sector primario y secundario, a cambio de un sector servicios de hostelería, comercio e industria de escaso valor añadido. Quizás defender eso hoy en Asturies suena a pecado, a provocación, pero es necesidad de vida o muerte.

 

Rafael Velasco Rodriguez (Abogado)

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