Sogepsa, entre Somió y Villaviciosa

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La Consejería de Infraestructuras actúa como arte y parte, beneficiaria de las expropiaciones Lne

El ex arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón (Ovidio Blanco) también pasó -para Sogepsa- las fincas expropiadas en Villaviciosa. En este caso y en un informe de 2005, valoró el suelo expropiado a un precio cercano a los 45 euros el metro cuadrado. Valor cuya determinación no parecía ofrecer mayores dificultades para el señor Blanco, ya que, de forma sistemática, venía aplicando a todos las expropiaciones de Sogepsa. (Aunque él lo estuviera negociando, para los de su propiedad, a 145 euros el metro cuadrado).

Mucho se ha venido hablando en los pasados días de legalidad y ética en relación con el caso del Muro de Cabueñes. Conviene preguntarse si entra dentro de los cauces de la ética -sobre la legalidad correspondería a la Administración de Justicia pronunciarse- que una empresa mayoritariamente pública como Sogepsa, que en virtud de esta calificación tiene la potestad de expropiar, puede sustraerse a las obligaciones que incumben a los organismos públicos de sometimiento a los controles administrativos de sus contrataciones. Nos referimos, en primer lugar, al hecho de que, como manifestado por ese periódico en su edición del pasado día 27, el arquitecto Ovidio Blanco trabajaba en exclusiva en la redacción de los proyectos de expropiación llevados a cabo por Sogepsa.

Pero esto no es todo. En el caso de Villaviciosa, la ocupación de las fincas ha tenido lugar el 26 de julio de 2006, fecha en la que debía de iniciarse el expediente de justiprecio. Han pasado cerca de tres años sin que el Jurado Autonómico de Expropiación emitiera su acuerdo fijando el justo precio.

Es de todos conocido que, por ley, el jurado dispone de tres meses para concluir su acuerdo fijando el justo precio de los bienes expropiados, lo que permite a los expropiados recibir la compensación económica que por ley les corresponde. Si el justo precio no se establece, los expropiados no pueden cobrar y, en consecuencia, se ven privados de sus propiedades sin recibir la justa compensación... mientras que la Administración está disfrutando de estos bienes al precio que le conviene. ¿Nos encontramos en presencia de una nueva forma de especulación del suelo?

Si comparamos los tres meses que la ley establece para fijación por el jurado del justo precio con los cerca de tres años transcurridos, se pone de manifiesto la incapacidad (¿?) de nuestra Administración para cumplir con sus obligaciones. Y los órganos que no cumplen su misión han de ser eliminados.

De todas formas, y al hilo de estas realidades, cabe realizar, al menos desde el punto de vista ético, un análisis de otras circunstancias que concurren en el presente caso.

La expropiación a que nos estamos refiriendo ha sido realizada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, siendo beneficiaria Sogepsa (cuya presidencia recae igualmente en el consejero del ramo, señor González Buendía).

Por otra parte, el Jurado Autonómico de Expropiación Forzosa es un órgano dependiente de la misma Consejería, cuyo largo título no reproducimos por innecesario, quien realiza los nombramientos.

Es decir, la repetida Consejería actúa como arte y parte al ser al mismo tiempo la beneficiaria de la expropiación, lo que, repetimos, tiene apariencia poco ética. Y si su funcionamiento fuera normal en cuanto al cumplimiento de los plazos -no entramos por el momento en los resultados- la actuación podría calificarse de normal. Si se incumplen los plazos establecidos y el propietario expropiado no tiene la justa compensación por una ilegal demora en la tramitación, nos encontramos ante un presunto supuesto de especulación urbanística. La adquisición de terrenos sin la correspondiente compensación económica y actuando en fraude de ley debe de conducir a éste a esta conclusión.

Y concluimos. No afirmamos que exista delito en estas actuaciones, lo que corresponderá, en su caso, al Poder Judicial si considera necesario abrir investigaciones. Sí afirmamos que este tipo de actuaciones dista mucho de la buena práctica y, por supuesto, de las más elementales normas de la ética profesional y administrativa.

Extremos éstos que adquieren especial importancia en un momento en el cual y después de lo acontecido en Gijón y del informe de la Comunidad Europea acerca del comportamiento general en materia urbanística en España, debe ser objeto de especial consideración.

 

Jorge Medina es miembro de la Asociación de Vecinos de Somió


 

http://asturbulla.org/index.php/asturias-principal/3322-sogepsa-entre-somio-y-villaviciosa