Con Alcuba no cuadran las cosas. Con la Agencia de Proyectos Culturales, tampoco

El PP ha formalizado hoy una denuncia ante la fiscalía anticorrupción en la que acusa al presidente Vicente de implantar en la Administración «el modelo nefasto» que promovió como alcalde gijonés. La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción es para que investigue la gestión de la Agencia de Proyectos Culturales del Principado de Asturias, por entender que se pueden haber cometido delitos de corrupción y prevaricación.

 

El mirador de San Pedro es una de las obras de la empresa Alcuba en Galicia

 

El PP ha adoptado esta decisión después de que el PSOE e IU impidiesen la creación de una comisión de investigación en la Junta General del Principado. La denuncia se basa en las supuestas irregularidades cometidas por el ex jefe del servicio de arquitectura de la Agencia de Proyectos Culturales, Alejandro Alcázar, que fue destituido a raíz de las denuncias del PP. La consejera de Cultura, Encarnación Rodríguez Cañas, destituyó al arquitecto Alejandro Alcázar. Apenas dos semanas después de trascender dicho cese, el presidente del Principado ha confirmado la destitución de Encarnación Rodríguez Cañas al frente de Cultura. La denuncia del Partido Popular a la fiscalía anticorrupción forma parte de la campaña que está desarrollando para denunciar las supuestas irregularidades en 65 sociedades, entes y fundaciones regionales.

 

Hoy nos enteramos que Alcuba ha presentado voluntariamente concurso de acreedores. Se trata de una empresa gallega de construcción que tiene diferentes Obras públicas en Asturias. En el Juzgado Mercantil número 1 de A Coruña sudan tinta. A la causa sobre Martinsa Fadesa, más otra multitud de procesos abiertos, se suma desde ayer el auto que declara el concruso de acreedores en la constructora Alcuba.

 

En la actualidad, Alcuba tiene en ejecución en Asturias al menos seis obras, de las que tres están en Gijón: el Colegio Jovellanos, el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social y un restaurante de 600 metros cuadrados en el puerto de El Musel, frente a la Capitanía Marítima. En Navia, la constructora gallega tiene pendiente la construcción del cuartel de la Guardia Civil, y en Felechosa (Aller) y Grandas de Salime, la construcción de sendos consultorios médicos periféricos.

 

Respecto al edificio de la Seguridad Social, que acumala un retraso de tres años, la alcaldesa Felgueroso señaló que «me consta la decidida voluntad de la Tesorería de trabajar en este edificio. El de Gijón es un subsuelo complejo y, a veces, pese a los informes y catas, se producen estas situaciones”. Los capotes de la alcaldesa suenan como la “marejada” del sobre coste del Musel, a cuento "chino".

 

La portavoz del PP gijonés, Pilar Fernández Pardo, llevó ayer al Congreso una pregunta sobre el retraso en las obras de este edificio. El secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio José Granado, respondió a la diputada gijonesa que se va a poner en contacto con Alcuba para saber si se va a seguir haciendo cargo de esta obra. El PP señala que estas obras acumulan ya un retraso de tres años. La obra de la Seguridad Social en Gijón aún no se ha iniciado, al igual que ocurre con la del cuartel de la Guardia Civil en la parcela de La Granja, en Navia.

 

Sobre las obras del colegio Jovellanos, que llevan paradas más de un mes, ya se pronunciaron los padre y los profesores, ahora la alcaldesa y el concejal de educación Vilabrilla, también se preocupan. El director del colegio Jovellanos, Mario Suárez, se mostraba ayer «escéptico» ante el futuro de las obras, entre otras cosas por las dudas que existen en estos momentos. Para empezar, deberán ser los propios administradores los que decidan si las obras pueden continuar. Mientras, Suárez aseguraba ayer que hace ya un mes que no se registra ningún trabajo en el solar.

 

Nuestros políticos profesionales del PSOE-IU, que mandan en Asturias y en Gijón, no pueden ser tan irresponsables como para ignorar lo que estaba ocurriendo con Alcuba, desde el mes de mayo de este año. El Diario del Ferrol, encabeza la información de la entrada en el registro de empresas en concurso de acreedores, como una noticia que se temía desde hace meses y se hizo realidad el pasado martes.

 

Según la Voz de Galicia, Alcuba se declaró insolvente con 14 millones de euros de deuda vencida, otras fuentes, sin embargo, señalan que el total adeudado por la empresa son 30 millones de euros y unas pérdidas superiores a los 4,2 millones de euros en el primer semestre del año. La situación de insolvencia reconocida por la constructora afecta también a un grupo de cinco sociedades dependientes de la matriz, que presentaron una solicitud simultánea de concurso de acreedores, algunas trabajan sobre suelo residencial en varias provincias.

 

La prensa de Asturias recogió unas declaraciones del propio consejero delegado de la Alcuba, Jacobo Couceiro, que resultan chocantes. En el escrito remitido a sus proveedores, informando de la situación, expresaba que el hecho de que la obra pública suponga el 97% de su actividad es «un soporte fiable a la estructura de deuda incluida en el plan de reorganización empresarial y financiera». Cifra que no casa con las que la propia empresa ofrece en su página web, donde señala que la obra publica representa el 66,44% de su cifra de negocio, frente a ese abultado 97 % que nos cuenta y reproduce, sin contrastar, la prensa asturiana.

 

Alcuba, que se crea en 1988 carece de comite de empresa en su sede de la Coruña. Los 62 empleados que conforman la plantilla participaron ayer en el proceso de elecciones sindicales del que saldrá el nuevo comité de empresa, del que carecían hasta ahora. El responsable de la Federación de la Construcción de la Intersindical Gallega (CIG) en la Coruña, Victorino Ares, aseguró que la falta de representación sindical en la sede de la Coruña les ha impedido hasta ahora conocer el contenido de la documentación, y aplazó cualquier valoración hasta el resultado de las elecciones.

 

Ante tantas incógnitas y tanta obra pública en Asturias, esperamos que alguien, abra una línea de investigación sobre esta empresa y sus millonarios contratos, y por qué ha sido tratada con guante blanco, por lo de blanco pueden ir los tiros, por las diferentes administraciones del PSOE e IU.

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