El escándalo urbanístico de Cabueñes

El fiscal retoma con nueva documentación las investigaciones sobre el «caso del ex arquitecto municipal Ovidio Blanco

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El fiscal Joaquín de la Riva ha reanudado las investigaciones sobre el «caso Blanco» tras las vacaciones de Semana Santa. En la mesa de su despacho le aguardaba ayer una pila con más documentos relativos a la actuación del ex arquitecto jefe del Ayuntamiento gijonés. Parte de esa nueva documentación fue remitida por el gobierno municipal hace unos días. El resto de los papeles procede del Partido Popular.

El grupo de la oposición se suma a la denuncia formulada por la Plataforma contra el llamado Muro de Cabueñes, que califica de «pelotazo» la intervención de Ovidio Blanco en el plan urbanístico que permitirá construir 655 viviendas en la parroquia. Blanco compró y vendió varias veces una misma parcela en la zona, que experimentó una recalificación con la entrada en vigor del último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Para despejar las sombras que planean sobre la operación, el equipo de gobierno municipal decidió recurrir a la fiscalía. De la Riva deberá «estudiar, ordenar y sistematizar» en las próximas semanas toda la documentación presentada como prueba por el Ayuntamiento, el PP y los vecinos. Si el fiscal observa indicios de delito en esa documentación, podrá llevarlo ante los tribunales sin necesidad de tomar declaración a las partes implicadas en este escándalo urbanístico. De momento, de hecho, la fiscalía no tiene previsto llamar a declarar a nadie.

Lo que el PP envió al ministerio fiscal fue un informe de cinco páginas firmado por los concejales Pilar Fernández Pardo, Luis Crego, Pablo Fernández y Pedro Muñiz, donde se exponen las razones por las que no puede darse la consideración de acta al documento que recoge el debate que tuvo lugar el pasado día 27 de marzo en la Comisión de Urbanismo. Un debate que el edil Pedro Sanjurjo decidió que fuera grabado para incluirlo en la documentación remitida a la fiscalía. Un error técnico dejó en once minutos la grabación de casi dos horas de sesión.

Este informe fue el aval del voto en contra de los ediles de la oposición a la aprobación, ayer, del acta de la sesión anterior de la Comisión de Urbanismo. Y ahora quieren que lo conozca el fiscal para que tenga claro que el documento que en su momento les envió el gobierno de Paz Fernández Felgueroso está lleno de inexactitudes y falsedades.

«Resulta particularmente grave que se haya enviado por parte del gobierno municipal este conjunto de folios a la fiscalía», se puede leer en la documentación facilitada ayer por Luis Crego. «No es un acta, aunque intente aparentar serlo», remachó el concejal de la oposición. Crego reprocha que el documento fuera enviado a la fiscalía antes de su aprobación, que tuvo lugar ayer, pero sobre todo denuncia que no refleja la realidad de la comisión, ya que ante el fallo de la grabación se tuvo que echar mano de las escasas notas tomadas por la secretaria. Un ejemplo: los once minutos grabados se transforman en el acta en cuatro páginas, mientras la hora y cuarenta y cinco minutos restantes dan para ocho folios en un cuerpo de letra más grande.

El PP también denuncia incorrecciones en las explicaciones transcritas y en las reflexiones de los concejales. «Es un paso más en este desafortunado camino que hace parecer el Ayuntamiento a aquel Aletas de la Frontera de Gomaespuma», sentenció Crego para quien estas irregularidades son consecuencia del «nerviosismo» del gobierno socialista en este tema.

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