El Principado somete a censura política a las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales

 

 

El Gobierno del Principado acaba de consumar con la modificación de la relación de puestos de trabajo aprobada el pasado mes de diciembre, un cambio en el modelo organizativo de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BRIPAS) con el objetivo de minar su independencia funcional y someterlas a censura política por el Gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), cargo designado a dedo al que se atribuye la revisión de los informes evacuado por las BRIPAS.

 

 

 

En efecto, mediante el Decreto 47/2017, de 26 de julio, de modificación de la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, se cambia la adscripción de las BRIPAS, que hasta entonces dependían directamente de un funcionario público de carrera, a saber, el Jefe del Servicio de Interior de la Dirección General de Justicia e Interior, para pasar a depender del organismo autónomo SEPA, encomendando a su Gerente la revisión y tramitación que proceda de los informes evacuados por las BRIPAS, es decir, el control y censura política de su actividad.

 

 

 

Esta modificación es particularmente grave por varias circunstancias.

 

 

 

En primer lugar, desprecia las consideraciones y peticiones de la Fiscalía del Principado de Asturias. Así, en la Memoria 2017 (ejercicio 2016) la Fiscalía asturiana afirma (pág. 144) que “la reorganización del servicio operada el año 2013 no ha supuesto una merma en la labor de las Bripas, pudiendo seguir destacándose que “el alto grado de logros alcanzado en la investigación de las causas y autorías de estos ilícitos guarda una conexión directa y primordial con el gran trabajo desarrollados por las mismas”. Si la organización era buena, ¿por qué hay que cambiarla?

 

 

 

Pero en la Memoria la Fiscalía se queja (pág. 149) de la tardanza, en ocasiones, a la hora de remitir los informes de las BRIPAS, “muy posiblemente debido al “trámite previo” de tener que ser remitidos a través de la Dirección General, siendo más práctico y deseable una remisión directa a la Fiscalía una vez estuvieran conclusos por los investigadores”

 

Lejos de atender esta razonable y razonada queja de la Fiscalía, el Gobierno del Sr. Fernández intensifica los controles y censuras previas de los informes, que ahora se someten a la revisión del Gerente del SEPA.

 

 

 

Pero además, a juicio del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, la modificación organizativa incurre en una grave irregularidad toda vez que el Gobierno del Principado ha cambiado la adscripción de los funcionarios integrantes de las BRIPAS vulnerando  su propia normativa (Decreto 47/2017, disposición final primera), que exige la aprobación previa de una resolución en la que se establezca su organización, régimen jurídico y funcionamiento, garantizando la independencia de las investigaciones.

 

 

 

Si ese régimen jurídico aún no está aprobado y no están reguladas las garantías de independencia de las investigaciones, ¿ por qué se ejecuta ya y a toda prisa el cambio de adscripción?

 

 

 

Por todo lo expuesto, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies estima necesario que el Consejero del ramo, D. Guillermo Martínez, de una explicación pública de las razones que llevaron a este traslado.

 

 

 

No nos puede caber duda de que tal traslado no estuvo motivado en tratar de mejorar el funcionamiento de las BRIPAS en su función de policía judicial, es decir, de investigación y persecución de los delitos de incendio a las órdenes de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, pues para eso, nada mejor que seguir ubicadas donde estaban, dentro de la entonces Dirección General de Justicia e Interior, en lugar de ser trasladadas a un organismo cuya misión fundamental es la extinción de incendios.

 

 

 

¿Pudo obedecer el cambio a buscar una mejora en su funcionamiento general porque alguien lo considerara insatisfactorio? No nos consta que haya sido así ni mucho menos. Es más, la experiencia demuestra que la actuación de las BRIPAS ha sido altamente eficaz, como demuestran el número de sentencias condenatorias de nuestros Tribunales que, como recuerda la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, supone el mayor porcentaje de condenas en relación con el número de incendios investigados en todo el territorio nacional.

 

 

 

Por si esto fuera poco, uno de nosotros, en su condición de Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, fue testigo directo de las intervenciones plenas de profesionalidad de los miembros de las BRIPAS ante los tribunales asturianos, así como de la estrecha colaboración con el Fiscal Especial de Medio Ambiente, clave de los éxitos en cuanto a condenas por delitos medioambientales contra los incendiarios. Y no olvidemos las elogiosas referencias que, como policía judicial, se hace a las BRIPAS en las memorias anuales de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias.

 

 

 

Pues bien, a la vista de todo lo expuesto ¿Qué razones pudo haber para el cambio? ¿A quién consultó el Consejero para llevarlo a efecto? ¿Se tomó la molestia de contactar con la Fiscalía Superior o con el Fiscal Especial de Medio Ambiente? Si fue así ¿qué le dijeron? ¿Analizaron el Consejero o sus asesores la incidencia del cambio en relación con las funciones de policía judicial desarrolladas por las BRIPAS? ¿Qué opinó sobre esto la Directora General de Justicia? Si todo funcionaba bien, y las Memorias Anuales de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias así lo ponen de manifiesto ¿por qué introducir este cambio “contra natura”?
 
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