Los asesores de la Junta General del Principado de Asturias ya son la mitad del total del personal de la Cámara

 

Los Grupos Parlamentarios han convertido la Junta General en una agencia de colocación, al más puro estilo del caciquismo de la Restauración.

 

 

 

El personal eventual de la Junta General del Principado de Asturias (los conocidos como asesores) ya alcanza, prácticamente, el 50 por 100 del personal total del Parlamento asturiano. En la vigente relación de puestos de trabajo de esta clase de empleados públicos figuran 48 puestos eventuales, si bien cada puesto se puede desdoblar en dos a media jornada. Esta posibilidad de desdoblamiento ha ampliado la cifra real de puestos existentes en la actualidad a 58.

 

 

 

Si se tiene en cuenta que en la Junta General del Principado hay actualmente 71 funcionarios, se deduce claramente que uno de cada dos empleados públicos de dicho Organismo es un asesor elegido a dedo por los partidos políticos con representación parlamentaria.

 

 

 

Recordamos que en la primera Legislatura había un solo puesto de asesor, 5 en la segunda y la tercera, en la cuarta Legislatura había 16,  21 en la quinta, en la sexta 31, 39 en la séptima, 47 en la octava y novena, hasta llegar a los 48 actuales, para el mismo número de parlamentarios.

 

 

 

Los Grupos Parlamentarios han convertido la Junta General en una agencia de colocación, al más puro estilo del caciquismo de la Restauración.

 

 

 

La relación de los 48 de puestos de confianza aprobada por la Mesa de la Cámara incluye: secretarios de mesa (7), asesores de grupos parlamentarios (8), responsables de comunicación de grupos parlamentarios(6), secretarios de grupos parlamentarios (6), asistentes de grupos parlamentarios (10),auxiliares de grupos parlamentarios (7), más 4 puestos adscritos al Gabinete de la Presidencia.

 

 

 

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que en muchos de estos tipos de puestos se realizan tareas cuyo desempeño no precisa de afinidad y proximidad política con los diputados y diputadas, sino que son más bien actividades profesionales propias y características de la actuación administrativa que deben ser prestadas por funcionarios públicos y que están prohibidas al personal eventual: funciones de gestión, apoyo técnico, secretaría de despacho, manejo de aplicaciones informáticas, trabajos de oficina, etc.

 

 

 

A ello debemos añadir que la actividad de este personal se encuentra fuera del control administrativo al que debería estar sometido, dada su condición de empleados públicos, por lo que no existe control efectivo alguno sobre los permisos, bajas laborales, cumplimiento del régimen de incompatibilidades etc.

 

 

 

Mediante esta inflación de asesores los partidos que representan al pueblo asturiano patrimonializan,  en beneficio exclusivo de sus afines, puestos de trabajo a los que tendrían derecho a acceder los ciudadanos y ciudadanas de Asturias en condiciones de igualdad, en procedimientos públicos en los que solo se tuvieran en cuenta los méritos y capacidades de los aspirantes y no la influencia o recomendación de los repartidores del partido.

 

 

 

Urge poner coto a estos privilegios políticos, por antidemocráticos y clientelares. ¡Basta ya!
 
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