Ante una nueva auditoría de una entidad con capital público, el Principado dice a la Sindicatura que es «improcedente» la fiscalización de Sogepsa

Jaime Rabanal. El órgano auditor de la Administración regional considera que la sociedad mixta de gestión del suelo está «en rebeldía» por no facilitar información

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La Consejería de Economía solicitó a la Sindicatura de Cuentas que no tuviera en cuenta en sus informes de fiscalización a la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo, S. A. (Sogepsa), basándose en los criterios de que el Principado no controla la mayoría del accionariado de la sociedad, ni posee el «dominio efectivo» de su consejo de administración. Así se recoge en la alegación remitida por Jaime Rabanal, consejero de Economía y Asuntos Europeos, a dos de los últimos informes realizados por la Sindicatura de Cuentas: el informe sobre las entidades que no forman parte de la cuenta general del Principado, entre las que se encuentra Sogepsa, y el informe sobre los contratos de alta dirección del sector público regional.


En el escrito de alegación remitido a la Sindicatura, se dedica un escueto pero claro apartado a la capacidad fiscalizadora del órgano de control sobre Sogepsa. En el informe firmado por Jaime Rabanal se aclara a la Sindicatura que Sogepsa «no pertenece al sector público autonómico, ya que la participación en la misma es del 42,15 por ciento» así como que «el Principado de Asturias tampoco es mayoritario en representación en el consejo de administración, por lo que no cabe decir que exista dominio efectivo».

Basándose en esta argumentación -coincide con la esgrimida por la Consejería de Infraestructuras que dirige Francisco González Buendía, también presidente de Sogepsa- su compañero de Gobierno, Jaime Rabanal, advierte a la Sindicatura de Cuentas que considera «improcedente» toda referencia a Sogepsa en los informes de fiscalización y por ello ruega «su eliminación» de estas auditorías.

De esta forma en el entorno de la Sindicatura de Cuentas gana fuerza la posibilidad de que Sogepsa no haga llegar la información requerida para la realización de la auditoría programada para la sociedad mixta de gestión del suelo. El criterio que se sostiene desde el organismo fiscalizador, que en este caso cuenta con la unanimidad de los tres síndicos a pesar de los enfrentamientos internos existentes en otros aspectos, es firme: Sogepsa se puede fiscalizar porque es una sociedad de mayoría pública, ya que al 42,12 por ciento que depende del Principado se suma el 12,65 por ciento del capital que tienen 32 ayuntamientos asturianos.

La posibilidad de que Sogepsa se declare «en rebeldía», posibilidad que ya resuena por los pasillos de la Sindicatura, se sustenta en la actitud mantenida por la empresa mixta de gestión del suelo desde que el órgano que integran los síndicos Avelino Viejo, Antonio Arias y Mercedes Fernández comenzó su andadura. En todos los informes en los que por una u otra razón aparece Sogepsa su presencia en el apartado «Limitaciones-Entes que no han remitido la información» se repite. Esto ocurre en dos informes, tanto en el que se fiscalizan los contratos de alta dirección de las empresas del sector público regional, como en el dedicado a las entidades que no forman parte de la cuenta general del Principado durante el ejercicio 2006.

En este último informe, la Sindicatura de Cuentas señala que desde Sogepsa no se remitió información sobre sus cuentas, sus contratos y sobre los litigios legales, si los tuviera, en los que la sociedad se encuentra inmersa. Sogepsa tampoco facilitó información sobre las remuneraciones que perciben los miembros de sus órganos de gobierno.

De todas formas, y si Sogepsa mantiene su negativa, que además de en los argumentos emanados desde el Gobierno, se sustenta con un dictamen encargado a un conocido bufete de abogados, la Sindicatura cuenta con un plan B. El artículo 5 de la ley de la Sindicatura de Cuentas recoge que cuando «la colaboración no se haya prestado en el plazo concedido a tal efecto, o se produzca cualquier clase de obstrucción que impida o dificulte el ejercicio de sus funciones, la Sindicatura de Cuentas pondrá tal circunstancia en conocimiento de la Junta General y de los tribunales de justicia».

Esta posibilidad, en el supuesto de que Sogepsa siga sin aportar información, dejaría la decisión en manos del Parlamento regional y de los grupos políticos. Y por último, si la Sindicatura de Cuentas lo creyera necesario, en los tribunales. La fiscalización de Sogepsa es una de las tareas que la Sindicatura se ha propuesto en su memoria de actividades para este año. Y sus tres síndicos parecen dispuestos a cumplir con el programa punto por punto.
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