Sogepsa se negó ya 13 veces en dos años a informar de sus cuentas a la Sindicatura

La sociedad, que contó con apoyo del Gobierno regional para rechazar la auditoría, pagó un informe legal externo para fortalecer sus argumentos

 

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La Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) se negó hasta en trece ocasiones a remitir información sobre su gestión a la Sindicatura de Cuentas. Para ello, Sogepsa se apoyó en un dictamen externo y en el respaldo recibido por escrito por el Gobierno del Principado. Así se recoge al menos en la documentación que consta en un informe encargado por Sogepsa al despacho de abogados Uría Menéndez. El documento fue elaborado por Adolfo Menéndez, asturiano y abogado del Estado en excedencia además de experto jurista mercantil, y en él se pone de manifiesto que la sociedad de gestión del suelo no tiene por qué someterse a la fiscalización de su gestión.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la Sindicatura de Cuentas comezó a enviar requerimientos a Sogepsa desde hace dos años. El primero de ellos fue remitido el 2 de mayo de 2007 y el último, de los que recoge el informe, el pasado 20 de marzo de este año. Los requerimientos, algunos de los cuales se repiten ante la ausencia de respuesta, van desde la petición de todos los contratos realizados por la sociedad en 2005 a información sobre la participación del Principado en la sociedad, pasando por los contratos de alta dirección y las remuneraciones que perciben los miembros de los órganos de gobierno de Sogepsa.

Además de en distintos fundamentos jurídicos, el dictamen de Adolfo Menéndez, por el cual Sogepsa no es fiscalizable por la Sindicatura de Cuentas, se apoya en una notificación enviada por Jaime Rabanal, consejero de Economía, a Francisco González Buendía, consejero de Infraestructuras y presidente de Sogepsa. En ella Rabanal le explica a Buendía que, en relación con la solicitud de información por parte de la Sindicatura sobre Cogersa, Cadasa y Sogepsa, «me es grato señalarte que, de acuerdo con los informes técnicos de la Consejería y del servicio jurídico, entendemos que las tres entidades no forman parte del sector público de esta Administración autonómica». Este argumento era el defendido por el Gobierno para oponerse al desembarco de la Sindicatura en Sogpesa. Pero todo cambió cuando el portavoz del PSOE en la Junta, Fernando Lastra, defendió la fiscalización de Sogepsa.

Mientras, en el informe encargado por la sociedad mixta de gestión del suelo se dice que «es claro que Sogepsa puede ser calificada como una empresa pública». Sin embargo, a pesar de que pueda ser considerada como tal, el dictamen defiende que «Sogepsa no está subjetivamente sujeta a la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas». ¿Y por qué no puede ser fiscalizada? Pues porque no estaría, según el informe, en el «sector público autonómico».

«Si bien es innegable la participación mayoritaria del sector público en el accionariado de Sogepsa -y su consiguiente naturaleza de empresa pública-, ni el Principado de Asturias ni las entidades locales ostentan, aisladamente, una participación mayoritaria o un dominio o control efectivo», zanja.

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