Golpe judicial a un urbanismo inmune

Por la derecha, Francisco Díaz-Cadórniga, Ignacio Martínez, Cristina Moreno y Amalia Blasco. 

La plataforma vecinal de Cabueñes logra, con su tenacidad, poner en cuestión una planificación urbana que había salido sin grandes daños de tres «marchas verdes»

Lne 

«En Gijón nunca se ha visto cosa igual». Quienes suscriben son miembros de la Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes. El colectivo, en su particular lucha contra el proyecto de construir 655 pisos en la parroquia, ha sacudido los cimientos del urbanismo local. Sus averiguaciones sobre el llamado plan de Cabueñes sentarán ante el juez al que fuera arquitecto jefe del Ayuntamiento, Ovidio Blanco. Impensable en un municipio que se mantenía inmune al escándalo urbanístico. 


La Plataforma de Cabueñes, respaldada por 63 vecinos, ha conseguido lo que no consiguieron tres multitudinarias «marchas verdes»: poner judicialmente en entredicho una actuación salida de las recalificaciones del último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «Será el primer juicio de estas características que se celebra en la ciudad», sostiene Ignacio Martínez. Como especialista en temas urbanísticos, ha ayudado a la plataforma en sus investigaciones sobre la operación de Cabueñes. 

Cristina Moreno, periodista de profesión, y Francisco Díaz-Cadórniga, médico endocrino, han sido la voz y la imagen de esta iniciativa vecinal sin precedentes. Detrás de sus declaraciones y de sus denuncias hay más de un año de obstinado trabajo. Basándose en la documentación recabada por los vecinos, la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias decretó el pasado lunes que se formule denuncia contra Ovidio Blanco en el Juzgado de instrucción que corresponda. 

El fiscal ve indicios de tres posibles delitos: cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias. La plataforma se personará como acusación particular en el procedimiento judicial que ahora se abre para determinar si Blanco es realmente culpable de esas ilegalidades. Llegados a este punto, ni Cristina Moreno ni Francisco Díaz-Cadórniga se olvidan del «desprecio» con el que -critican insistentemente- fueron tratados por el gobierno municipal. 

Quizá los subestimaron cuando, antes de trasladar el llamado «caso Blanco» a la opinión pública allá por mediados de marzo, pusieron sus sospechas en conocimiento del concejal de Urbanismo. Cuando el equipo de gobierno quiso reaccionar ya era demasiado tarde para detener la tormenta que se le venía encima. La primera semana de polémica desbordó a más de uno dentro y fuera de la Casa Consistorial. 

Los documentos aportados por los vecinos revelan que, en marzo de 1992, Ovidio Blanco compró una finca en Cabueñes a la sociedad Hoyant, S. L.; que se la vendió a esa misma empresa en octubre de 1998 y que, en julio de 2004, se la volvió a comprar. A lo largo de todo ese tiempo se producen dos cambios reseñables. Por un lado, Blanco abandona el Ayuntamiento para incorporarse a Sogepsa con un contrato de servicios y ejercer la arquitectura desde la iniciativa privada. Por otro, el PGOU recalifica en Cabueñes una bolsa de suelo en la que está incluida la finca objeto de compraventa entre Blanco y Hoyant. 

El terreno que el ex arquitecto municipal compró en 1992 por 7.513 euros lo vende finalmente en enero de 2006 a la promotora Reyal Urbis -una de las que intervienen en el desarrollo residencial de Cabueñes- por 617.420 euros. Blanco estaba en excedencia del Ayuntamiento de Gijón desde el 1 de enero de 2004. Aunque la Plataforma de Cabueñes matiza que, para entonces, las recalificaciones del PGOU ya estaban decididas y a punto de iniciar su primera fase de información pública. 

Blanco insiste en que no cometió ningún delito. Y el gobierno de Paz Fernández Felgueroso avala su trayectoria como arquitecto municipal, aunque se desvincula de actuaciones posteriores como la que pudo haber tenido en la parroquia de Cabueñes. Es más, suya fue la iniciativa de acudir a la fiscalía. Pero esta demostración de transparencia no ha podido evitar las repercusiones políticas del caso. Ovidio Blanco ha sido, durante casi 25 años, hombre de confianza de los servicios urbanísticos municipales y el PP ya pide responsabilidades más allá de su persona. La Plataforma de Cabueñes ha puesto en tela de juicio su reputación y, en definitiva, la del Ayuntamiento. 
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