Fuerte correctivo del TSJA a la "Carrera profesional" del Gobierno del PSOE e IU de Asturias

Marco García Fernández, sindicalista de la CSI, quien denunció la "Carrera profesional".

«Cualquier jurista mediocre sabía que la carrera profesional iba a ser anulada»

«Quieren que nuestro sueldo dependa de un jefe, no sé si con carné, pero sí nombrado a dedo por un político».

52,5 millones de euros de dinero público sin base legal.

 

Texto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias   

 

 

Entrevista a Marco García Fernández:

Lne, Pablo GONZÁLEZ, foto: Jesús Farpón


-El TSJA les ha dado la razón.

-Es lo que esperábamos desde hace dos años. Era una sentencia anunciada. Cualquier jurista mediocre, y el Principado los tiene de muy buen nivel, sabía que iba a anularse la resolución del 18 de mayo de 2007. Aunque la sentencia no entra al fondo de lo que nosotros denunciábamos: la existencia de una carrera profesional arbitraria e injusta.

-¿Qué esperaban?

-La aplicación universal a todos los empleados públicos del complemento de productividad, porque la Administración, dado que no tenía cobertura legal, aplicó el complemento de productividad para el pago de la carrera profesional en función de la promesa electoral de Areces. No había ninguna causa para excluir de ese complemento a ningún empleado público. Pretendíamos que se pagara a todos por igual.

-¿Cree que el Ejecutivo esperaba este varapalo judicial?


-Sí. El Gobierno tenía muy claro lo que iba a pasar. Es la crónica de una sentencia anunciada. Sabían que se lo iban a tumbar. Y prueba de ello es que lo pagaban como productividad. El Gobierno ha perdido dos años. No quisieron negociar a pesar de las peticiones hechas por este sindicato.

-¿Qué soluciones hay?

-Modificar la 3/85, la ley de Administración Pública asturiana. No hay nada que lo impida porque tienen mayoría parlamentaria. O pueden sacar una nueva resolución. Pero no quisieron hacer nada.

-Entonces la norma anulada por el TSJA fue...

-Una promesa electoral que se vieron obligados a cumplir. Pero como no tienen dinero, dieron largas sabiendo que se iba a recurrir. Ahora llegan las consecuencias de esto. Nunca manifestaron ninguna voluntad de arreglar el problema.

¿En el fondo al Gobierno le viene bien la sentencia?

-Dentro de la responsabilidad de la Consejería y la Consejera, probablemente sí. Intentarán buscar excusas cuando no hay nada legal que les impida pagar el complemento de productividad, que es lo que ya estaban pagando.

-¿Cómo se explica pagar 52,5 millones de euros de dinero público sin base legal?


-Esto tiene un nombre: despilfarro. Si lo que pretenden es remunerar a los empleados públicos, que se haga a todos por igual, porque alrededor de 5.000 empleados públicos no están adscritos a la carrera profesional. Unos porque no quisieron y otros que no podían.

-¿Se llegará a un acuerdo?

-Somos conscientes de que habrá un apaño y de que van a regalárselo a CC OO y UGT. El Gobierno va a permitir que estos dos sindicatos clientelistas aparezcan como salvadores del pago cuando puede mantenerse perfectamente abonándolo como productividad. CC OO y UGT también son responsables de esto.

-El Gobierno y los sindicatos les culpan de la situación.

-Nos tachan de irresponsables y de impresentables. Lo irresponsable e impresentable es hacer una carrera profesional en la que hay trabajadores que cobran hasta cuatro veces más que otros, con unas cantidades que nunca se consolidaban. Y además sometidos a una evaluación permanente por personal nombrado a dedo por un político. Una evaluación vertical como la que hemos sufrido este año.

-¿Qué pasará con la carrera profesional?

-Va a quedar congelada hasta la aprobación de la ley de la Función Pública. Quieren imponer un modelo de carrera partidaria para que el sueldo del empleado público dependa exclusivamente de la evaluación del jefe.

-¿De un jefe con carné?


-No sé si lo tiene o no, pero sí que es nombrado a dedo por un político.

-En el fondo está hablando de clientelismo.


-La Administración es de un clientelismo aberrante. Una reciente sentencia señala el abuso indiscriminado de la Administración asturiana de los nombramientos de altos cargos a dedo.

-Migoya dice que el Gobierno actuó de buena fe.


-No existe la buena fe. Y menos la de Migoya. Sabía lo que iba a pasar y no hizo nada. Por eso pedimos su dimisión.

-¿Quieren cobrar sin ser evaluados?

-Defendemos la evaluación cruzada. Que los trabajadores sean evaluados por el jefe, el jefe por los trabajadores y que los ciudadanos nos evalúen a todos, que para eso pagan. Defendemos un servicio público de calidad y no un servicio particular del partido gobernante, sea el que sea.

 

Marco García Fernández, Oviedo, 18 de noviembre de 1963. Lleva en el movimiento sindical desde hace más de veinte años. Es afiliado de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) desde hace doce años. Es responsable de administración autonómica de este sindicato, que presentó el recurso contra la carrera profesional, en sintonía con otras organizaciones como SUATEA, CSIF y CC OO-Enseñanza.

 

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Dossier de prensa de la "Carera Profesional":

 

 El Principado admite que la carrera profesional, por la que pagó 52,5 millones, no tenía base legal

Migoya anuncia que el Gobierno descarta recurrir la sentencia para evitar que el Tribunal Supremo pueda pedir la devolución del dinero

La Consejera explica que el complemento, que deja de abonarse, se aprobó de buena fe y que «ahora se llevará todo por el libro»

Lne, M. MARTÍNEZ / R. L. MURIAS / P. G.

«Fuimos sensibles hacia nuestros trabajadores con un gesto de buena voluntad sabiendo que suponía un esfuerzo económico y que teníamos una cierta debilidad jurídica en el planteamiento, pero que se hacía desde un pacto con los sindicatos (UGT y CC OO). Actuamos de buena fe». El Gobierno del Principado, a través de Ana Rosa Migoya, reconoció ayer la debilidad jurídica sobre la que se asentaba la resolución del Ejecutivo que ha permitido desde enero de 2007 el cobro de la carrera profesional a miles de funcionarios de la administración y la enseñanza. El Gobierno de Vicente Álvarez Areces asumía así el varapalo judicial que ha supuesto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del martes y adelantada por LA NUEVA ESPAÑA a finales del mes de mayo, anulando la norma de la carrera profesional al carecer de una ley que la sustente.

El Gobierno anunció que acata la sentencia, que no recurrirá y que dejará de pagar a partir de julio este complemento a 14.000 funcionarios, de los 19.000 que suman administraciones públicas y la enseñanza, que hasta ahora ha supuesto un desembolso de 52,5 millones de euros (21 millones al año) desde el 1 de enero de 2007. Además, el Gobierno aseguró que paraliza la carrera profesional hasta que el Ministerio de Educación y Ciencia no tenga listo el Estatuto Básico del Personal Docente, cuyo desarrollo hará coincidir con la también necesaria ley de Función Pública del Principado. «No vamos a hacer nada que no tenga la cobertura legal y jurídica suficientemente avalada», subrayaba Ana Rosa Migoya.

Migoya, en calidad de consejera de Administraciones Públicas y no como portavoz del Gobierno, cargos que concentra, reconoció ayer la falta de base jurídica de un resolución aprobada en mayo de 2007, días antes de las elecciones autonómicas en las que Vicente Álvarez Areces fue reelegido. Asumiendo la falta de base jurídica, Migoya explicó que «por eso establecimos el pago a cuenta y por eso nunca lo denominamos carrera, denominándolo desarrollo profesional». Migoya se escudó en tomar la decisión de adelantar el pago de la carrera profesional sin base legal «basándonos en la voluntad del Gobierno de sacar adelante la petición de los trabajadores y en la buena fe de las partes». Migoya se refería al acuerdo al que el Gobierno llegó con UGT y CC OO en diciembre en 2006 sobre el que se basó el desarrollo de la carrera profesional.

Pero el recurso de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) contra la decisión de Gobierno y sindicatos ha puesto de manifiesto la ausencia de base jurídica. «El Gobierno reconoce hoy (por ayer) que no se puede actuar simplemente contando con la buena fe y por la tanto, a partir de ahora, por el libro», afirmaba Migoya, que tranquilizó a los funcionarios asegurando que no tendrán que reembolsar el dinero cobrado hasta ahora, que va de más de 6.000 euros a 1.680 euros. «Acatamos la sentencia y no la vamos a recurrir en el Tribunal Supremo. Si se produjese un revés en el Supremo podríamos arriesgarnos a tener que devolver todo el dinero», dijo para reconocer cierta benevolencia del TSJA. «La sentencia no establece la nulidad de pleno derecho. Esto implicaría la devolución del dinero desde el primer día. Establece la nulabilidad, la anulación desde el momento en que se dicta sentencia. Es un matiz que nos imaginamos que la sala tuvo en cuenta».

Migoya no dio plazos sobre cuándo los funcionarios podrán volver a cobrar este complemento o si hacerlo, como plantean algunos sindicatos. «Es muy prematuro adelantar nada. Ahora nos parece más adecuado trabajar en buscar el marco legal que el de cobertura», aclaró Migoya. La Consejera eludió valorar la petición de dimisión realizada por varios sindicatos, pero apuntó: «Esta sentencia no va únicamente contra el Gobierno. Los principales perjudicados de los recursos son los trabajadores públicos. El Gobierno no está solo en esta decisión. Se tomó de común acuerdo con los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO)».

Precisamente estos sindicatos, a través de sus secretarios generales, Justo Rodríguez Braga (UGT) y Antonio Pino (CC OO), calificaron a las organizaciones demandantes de «irresponsables» e «impresentables» y de perseguir «únicamente» ir contra el Ejecutivo del Principado, de UGT y de CC OO, «sin pensar que en realidad perjudican a 14.000 trabajadores que los tenían que correr a gorrazos a todos».

 

 

El Tribunal de Cuentas puede abrir proceso si no se devuelven los pagos, según los expertos

El expediente se dirigiría contra el cargo regional que autorizó las subidas a los funcionarios

La situación puede normalizarse con una nueva ley

Lne, L. Á. VEGA

El varapalo judicial a la carrera profesional del Principado fue matizado ayer por diversos expertos en Derecho Administrativo, quienes restaron virtualidad a la sentencia adoptada por el pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia. Según los expertos, la salida al atolladero no es difícil, aunque exige que el Principado sea «diligente». El Gobierno, añaden, puede normalizar los problemas con una ley que consagre la actual situación o puede incluso recuperar los pagos que se han venido realizando a los funcionarios.

Lo que no puede hacer es quedarse de brazos cruzados. Si no se aprueba una ley que respalde las mejoras salariales ni se reintegran a las arcas regionales los pagos ilegales el Tribunal de Cuentas podría iniciar un procedimiento de responsabilidad por alcance, similar al que en su día sentó en el banquillo a dos alcaldes de Siero, José Aurelio Álvarez y el actual, Juan José Corrales, por las subidas ilegales a los funcionarios municipales, aunque ambos fueron absueltos.

Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, se mostró partidario de que el Principado recurra la sentencia ante el Supremo (una posibilidad que por otro lado el Gobierno ya ha rechazado), lo que daría tiempo a la aprobación de una ley que normalizase la situación. «El problema de la carrera profesional no es de fondo, sino de forma. La gente no debe alarmarse, no tendrá que devolver el dinero», indicó. En cualquier caso, «ha podido incurrirse en responsabilidad contable y puede actuar el Tribunal de Cuentas».

Esta actuación, indicó otro profesor de la Universidad de Oviedo, podría ir dirigida contra el cargo que aprobó las mejoras. Todo depende de si se exige el reintegro de las cantidades en ejecución de sentencia. Este mismo experto añadió que hay, no obstante, una gran diferencia entre el caso de los alcaldes de Siero y el del Principado, «que tiene la potestad de establecer una nueva legislación y sanear la ilegalidad del asunto».

Javier Junceda, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Internacional de Barcelona, indicó que no ha de haber dificultades «para que el Principado dé la cobertura legal que corresponde». Pero «en caso de que no hubiese cobertura legal, el escenario posible o casi obligado sería la intervención del Tribunal de Cuentas». Lo que le ha extrañado a Junceda es que la decisión la haya tomado el pleno de la sala. «Es heterodoxo y excepcional, aunque no deja de ser algo bueno, ya que coadyuva a dar mayor fundamento a la sentencia», señaló.

«Ha podido incurrirse en responsabilidad contable y puede actuar el Tribunal de Cuentas»
Catedrático Dcho. Administrativo

«Es heterodoxo y excepcional que se haya reunido el pleno de la sala»
Profesor Dcho. Administrativo

 

Los socios en el Gobierno piden responsabilidades a Areces por la situación

Varapalo judicial a la política laboral del Principado. Las consecuencias

  Mientras, desde otros sindicatos como USO, que apoyó el recurso, se es contundente: «Sólo hay un responsable, el Gobierno del Principado, con su Presidente a la cabeza, al que se le calentó la boca en un acto propagandístico en busca de un puñado de votos. Si tuvieran la más mínima decencia y dignidad, los responsables de esta tropelía dimitirían». USO también culpa de la situación a los sindicatos UGT y CC OO, que «prefirieron acudir en socorro de los partidos políticos que los amparan y de los que son buenos hijos evidentes».

«Todos sabíamos lo que iba a pasar. La culpa es de los sindicatos kamikazes que presentaron el recurso y de la incompetencia de Migoya, que ahora se dedica a echar balones fuera», terciaba José Luis González, de la central USIPA.

Por su parte, desde el Parlamento, el diputado popular Ramón García Cañal (PP) aseguró: «La sentencia es la consecuencia de utilizar la política como un instrumento electoralista. La falta de seriedad y la demagogia del Principado han terminado en una nulidad de la carrera profesional. Estamos metidos en un auténtico caos de la función pública, y Migoya debe dimitir. Lo que nos sorprende es que la sentencia se haya conocido ahora, una vez pasadas las elecciones, cuando sabemos que llevaba redactada desde hace tiempo». Desde IU, en el Gobierno en el momento de la aprobación de la norma y también en estos momentos, Diana Camafeita afirmó que «lamentamos que las prisas derivadas de un anuncio en precampaña hayan provocado esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Las cosas se hicieron mal y esto confirma, una vez más, la necesidad de elaborar una ley de función pública en Asturias para que la Administración asturiana se adapte a las necesidades del siglo XXl».

Desde el Bloque por Asturias, miembro de la coalición gubernamental, Pablo Fernández solicitó que se asuman «responsabilidades políticas», aunque no dio nombres. Para Xuan Xosé Sánchez Vicente (PAS), «está claro que tanto Areces, que es el máximo responsable, como los sindicatos de UGT y CC OO son unos inútiles e incompetentes. Deberían irse todos de Ceuta para abajo, porque cuando diseñas algo que no tiene base legal, esto es lo que pasa».

 

 

Descarta recurrir el fallo que anula el sistema porque los jueces «podrían obligar a 14.000 empleados a devolver los complementos ya ingresados»
«Han ganado algunos sindicatos a costa de los trabajadores», dice Migoya

 

El Comercio, Ramón Muñiz

 

El Principado dejará de abonar el plus de la carrera profesional y se ahorrará 21 millones
Foto: Migoya, valorando ayer la sentencia. / A. PIÑA
 
El Principado no recurrirá la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la carrera profesional, un sistema ideado por la Administración regional para aumentar los emolumentos de los empleados públicos en función de su productividad. Este régimen, que llevaba dos años funcionando, «carece de soporte legal», tal y como determinaron por unanimidad los once magistrados-juez de la sala de lo Contencioso-Administrativo. Pese al revés jurídico el Gobierno «lamenta los recursos, acata el fallo, y no va a recurrirlo, porque llevar ese proceso al Tribunal Supremo perjudicaría aún más a los trabajadores», según valoró ayer Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas.
Si el alto tribunal analizase el conflicto «nos arriesgamos a que termine obligando a devolver las cantidades que en estos dos años han ido recibiendo aproximadamente 14.000 trabajadores públicos», argumentó Migoya. Ese era ayer precisamente uno de los temores que recorría al funcionariado. Existen unos 4.000 profesores de instituto que, por ejemplo, llevan ingresados 6.250 euros gracias a complementos vinculados a la carrera profesional. La sentencia del TSJA establece la «anulabilidad» de esos pluses, «pero no dicen que sean nulos de pleno derecho», matizó Migoya. «Eso nos permite que lo cobrado hasta ahora no habrá de devolverse», aclaró.
El 1 de junio será firme
Pero la reacción del Principado tiene otra consecuencia. Marca una posición que, presumiblemente, seguirán también los otros seis codemandados y cinco demandantes con derecho a recurrir el fallo del TSJA. Sin recursos en contra, el próximo 1 de junio la sentencia será firme. A partir de esa fecha, el Principado dejará de ingresarle a 14.000 trabajadores públicos los complementos a cuenta. ¿Cuánto dinero ahorrará esa medida a las arcas públicas? Según las cifras que ayer manejaba Ana Rosa Migoya, el monto ronda los 21 millones.
Para el Principado sólo hay un responsable de esta pérdida de poder adquisitivo. «Aquí es paradójico que la sentencia que han ganado algunos sindicatos la han perdido los trabajadores». Así lo valoró Migoya, quien advirtió contra «la confusión» que, en su opinión, tratan de extender ahora los sindicatos CSI, CSIF, Suatea y USO, promotores de la denuncia que ha terminado anulado la carrera profesional. « Dicen que pedían extender los complementos salariales a todos los trabajadores, a los fijos, a los interinos... Pero eso es confundir: en todos y cada uno de sus recursos que presentaron lo que se pide es la anulación de la carrera. Eso es lo que dicta el tribunal y la anulación significa dejar de recibir complementos».
Pagos «de buena fe»
Así, y para el Ejecutivo regional, «la sentencia no va sólo contra el Gobierno, los más perjudicados son los trabajadores».
Pero, ¿cómo llegó el Principado a promover una resolución «huérfana del desarrollo legal indispensable», según reprocha el fallo del TSJA? La versión que ayer defendió la consejera de Administraciones Públicas admite que «sabíamos que teníamos una cierta debilidad jurídica, pero también sabíamos que la resolución favorecía a nuestros empleados públicos».
La carrera profesional fue una manera de ser «sensible y acceder a una petición de los sindicatos mayoritarios», esgrimió Migoya, quien sacó conclusiones al recurso interpuesto luego por cuatro sindicatos y la consiguiente decisión de los magistrados-juez: «No se puede actuar sólo de buena fe, a partir de ahora iremos por el libro».
Ese «ir por el libro» supone que el Principado no recuperará la carrera profesional hasta que no cuente con las normas que lo respalden. Para alcanzar esa situación hacen falta la Ley de Función Pública del Principado de Asturias y el Estatuto Básico del Personal Docente. La primera depende del Principado, y dará cobertura a 6.000 funcionarios. La segunda influirá en 8.000 docentes, pero su desarrollo es misión de un Ministerio de Educación que de momento no ha convocado a los agentes sociales para negociarlo.
«Nosotros estamos en disposición de presentar la Ley de Función Pública en la Junta General», anunció Ana Rosa Migoya. Pero luego matizó que el Gobierno no dará ese paso. El motivo: su ley «arregla una parte del problema, la más pequeña; nuestra intención es que las dos normas vayan en paralelo para que no se produzcan disfunciones entre dos colectivos que pertenecen al Principado», informó Migoya. «Si dependiera de nosotros, el problema ya hubiera estado resuelto», abundó .

 

EL GOBIERNO INVIRTIO 21 MILLONES DE EUROS ANUALES PARA CUBRIR EL PAGO A CUENTA DE 14.000 EMPLEADOS PUBLICOS.

Los funcionarios no devolverán pagos de la carrera pero dejarán de cobrarlos

El Principado no acudirá al Supremo por temor a que el Tribunal fuerce el reintegro del dinero.Migoya lamenta que "en una sentencia que ganan los sindicatos pierdan los trabajadores".

Movilizaciones sindicales contra el modelo de carrera profesional del Principado.

La Voz de Asturias, 18/06/2009 NIDIA FERNANDEZ

Los más de 14.000 funcionarios que cobran el anticipo de la carrera profesional no tendrán que devolver el dinero percibido en estos dos años, pero ese complemento desaparecerá de sus nóminas a partir del mes de julio. La consejera de Administraciones Públicas Ana Rosa Migoya anunció ayer que el Gobierno no recurrirá la sentencia del TSJA que tumbó el pago a cuenta de la carrera profesional por falta de respaldo jurídico.

Migoya admitió la "debilidad jurídica" del acuerdo que el Ejecutivo suscribió en su día con CCOO y UGT, pero censuró la actitud mantenida por los sindicatos denunciantes (CSI, CSI-CSIF, SUATEA y USO). "Resulta paradójico que con una sentencia que ganan los sindicatos salgan perdiendo los trabajadores", lamentó. La portavoz del Gobierno explicó que no acudirán al Supremo porque un varapalo en el Alto Tribunal "podría forzar la devolución del dinero".

El Gobierno no valora la opción de convertir esa prima en un complemento de productividad. "Es algo prematuro", indicó Migoya, quien remarcó que el Ejecutivo actuó de "buena fe y se mostró sensible para dar un paso adelante y extender la carrera a todos los trabajadores".

El fallo judicial sobre el pago a cuenta de la carrera afecta a unos 14.000 trabajadores (8.000 docentes y 6.000 de la administración general). La suspensión de este complemento supondrá que el Principado deje de abonar 21 millones de euros anales, que van desde los 56 euros mensuales a los trabajadores del grupo E a los 208 a los grupo A.

 

UN MARCO LEGAL Los esfuerzos del Gobierno regional se concentrarán de ahora en adelante en agilizar el marco normativo que el TSJA echó en falta en el acuerdo suscrito con los sindicatos mayoritarios. Esto es impulsar la Ley de Función Pública, Migoya avanzó que ya están en condiciones de enviarla a la Junta General, "pero eso soluciona una parte del problema, la más pequeña de hecho", apuntó la consejera.

Esa norma autonómica daría cobertura a la carrera de los funcionarios de la administración general, pero no a los docentes, el colectivo más numeroso. El Ministerio de Educación ha de sacar adelante el Estatuto básico del Docente para regular la carrera. "El consejero de Educación ya pidió al MInistro que se agilizara todo lo posible, pero hemos de esperar porque ambas normas han de correr paralelas para que no haya disensiones" remarcó.

Una vez aprobada la carrera los funcionarios volverán a percibir esas cantidades, pero no podrán reclamar el cobro de las mismas con carácter retroactivo. La consejera aclaró que el fallo no recoge una nulidad de pleno derecho, sino una anulabilidad, un matiz que técnicamente es importante para las consecuencias finales.

Migoya instó a algunas organizaciones sindicales a "no intentar confundir diciendo que lo que ellos pedían al juez era que todo el mundo cobrara, porque lo que pidieron realmente fue que se anulara la resolución y eso supone que el pago a cuenta no se puede realizar. La situación es paradójica, pero es así", declaró.

La cronología de la carrera profesional se remonta a diciembre del 2006 cuando el Gobierno firmó con CCOO y UGT el citado acuerdo, desde mayo de 2007 existía una resolución para pagar el anticipo.

 

Una propuesta controvertida que ya fue suspendida cautelarmente por el TSJA

La Voz de Asturias, 18/06/2009  


 

La idea de extender la carrera profesional a todo el funcionariado fue uno de los grandes anuncios de la pasada legislatura. El Gobierno pactó un acuerdo con los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) para poner en marcha el pago de un anticipo hasta que el desarrollo profesional contara con un marco normativo establecido y fiable. Ese acuerdo se firmó en diciembre del 2006 y desde un principio levantó duras críticas del resto de centrales que lo calificaron de "cheque en blanco". El Ejecutivo abrió un proceso para que los empleados públicos se apuntaran a la nueva carrera y los sindicatos minoritarios exigieron saber qué contrapartidas exigiría la administración a sus trabajadores. Alrededor de 14.000 empleados se apuntaron finalmente a la propuesta del Principado y llevan cobrando el citado anticipo desde el verano del 2007. El siguiente caballo de batalla fue la presentación de un ´ensayo´ de lo que en un futuro sería la evaluación del desempeño. El Gobierno examinará a los empleados para ver si son acreedores de ese plus retributivo.

 

 

 

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