La "Carrera profesional", chapuza del Gobierno del PSOE-IU y del oportunismo de CCOO y UGT

Ha de mandar y gobernar el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a falta de un Gobierno y sindicatos con cabeza, sobrados de otros intereses

Texto de la sentencia del TSJA 

 

El Principado descarta mantener los salarios de los funcionarios con otros complementos

Los sindicatos exigen a la Administración que no recorte las nóminas y el SUATEA amenaza a Migoya con una querella por prevaricación

Riopedre reconoce que el plan para evaluar al profesorado queda parado y sugiere que la solución «pasa por negociar con las centrales»



Lne, J. A. ARDURA / M. Á. GUTIÉRREZ


El Principado descarta mantener el nivel salarial de los funcionarios y seguir pagando la carrera profesional disfrazándola como si fuera un complemento salarial más. El Ejecutivo regional rechaza así una posibilidad planteada ayer por varios sindicatos que, pese a la división que mantienen, han coincidido en abrir un frente para que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la carrera profesional no suponga un descenso en las nóminas de los empleados de la Administración y la enseñanza públicas. La portavoz del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, avanzó que el Principado no abonará las cantidades correspondientes a la carrera profesional mientras ese pago «no esté amparado por una norma con rango de ley», como la ley regional de Función Pública y el estatuto básico del personal docente, que depende del Ministerio de Educación. El Ejecutivo tampoco prevé crear un complemento salarial alternativo que compense la pérdida.


El TSJA hizo pública esta semana una sentencia que afecta a miles de funcionarios que anula la normativa de la carrera profesional y los pagos a cuenta de ese concepto retributivo en la nómina de empleados públicos. Migoya advirtió, tras conocerse el veredicto, que el Principado dejaría de pagar en la mensualidad de julio el adelanto de la carrera profesional. Al mismo tiempo aseguró que los funcionarios no tendrían que devolver las cantidades ya percibidas en concepto de la aplicación de la carrera profesional.


Aunque la carrera profesional ha dividido a los sindicatos mayoritarios y a los sectoriales, ayer centrales de ambas partes coincidían en pedir al Principado que los funcionarios puedan mantener sus salarios pese a esa sentencia. La negativa de Migoya, ayer, fue clara: «Alguno de los sindicatos que recurren me piden que arregle con una resolución el desaguisado que se ha planteado para los empleados públicos, pero ¿cómo vamos a hacer de buena voluntad cosas que no estén amparadas en la ley cuando después recurren, piden la dimisión de los responsables políticos y dejan a los empleados públicos sin esos recursos económicos?».


SUATEA, uno de los sindicatos sectoriales del ámbito de la educación que apoyó el recurso, emplazó al Ejecutivo a aplicar una subida lineal de 300 euros para todos los profesores, no sólo para los que se apuntaron a la carrera profesional. La central exigió la dimisión de «Migoya y su equipo» por cometer una supuesta prevaricación, invitó a la Consejera a negociar y amenazó: «En caso contrario, emprenderemos acciones legales para que se ejecute la sentencia, acompañadas de movilizaciones».


La federación de servicios públicos de UGT, que no apoyó la reclamación judicial que ha dado lugar a esta sentencia, también instó al Principado «a dar una solución normativa a la mayor brevedad posible». La Central Sindical y de Funcionarios (CSIF) no ve motivos para que los trabajadores dejen de cobrar el complemento .


El consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, apuntó a «la negociación entre la Consejería de Administraciones Públicas y los sindicatos» como posible solución, algo que parecen rechazar sus compañeros de Gobierno. Riopedre coincidió con SUATEA en que la sentencia para el plan de evaluación del profesorado, clave para que los docentes cobren la productividad.





Justos por pecadores

Trabajadores afectados se preguntan por qué deben pagar ellos la «chapuza» del Principado y critican la «doble moral» de las centrales

Lne, Marcos PALICIO


La sensación de estar pagando errores ajenos con sueldos propios daba que hablar ayer en los pasillos de los centros de trabajo de la Administración regional. La anulación de la carrera profesional del Principado no sorprende a los funcionarios afectados, que mezclan el desagrado por la merma en sus salarios con la indignación hacia la Consejería de Administraciones Públicas y en algún caso también con cierto resquemor por la «doble moral» de los sindicatos que promovieron el recurso contra la medida.


Sergio Peña, auxiliar educador en el centro de atención a menores de Sograndio, echará en falta los 72 euros al mes que su nómina consignaba como «complemento de productividad a cuenta de la carrera profesional». Él se pregunta por qué no va a seguir cobrándolos «si la productividad existe como concepto para el pago y lo único que se anula» es la parte que hace referencia a la carrera profesional. La sentencia, lógica desde su punto de vista a la luz de las deficiencias que contenía la medida, deja en el aire otras cuestiones, como la atribución a los trabajadores de las equivocaciones del patrón: «¿Por qué voy a pagar yo los errores de la Consejería?», se pregunta.


Entre los fallos, Peña detecta algunos significativos en la exigencia de cinco años de antigüedad en una misma categoría para acceder a los complementos salariales o la exclusión de los interinos. Peña cumplió con el trámite previo de adherirse a la carrera como tantos otros que firmaron de buena fe, pero «a ciegas», aquel «papel en blanco» que ahora impugna el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Un profesor de Secundaria del Instituto Fleming de Oviedo, que prefiere resguardar su identidad, dejará de ganar unos doscientos euros mensuales y pone en duda si, llegado el caso, «serían los trabajadores o la Administración los que tendrían que devolver el dinero». Comparte con una compañera, eso sí, la impresión de «doble juego» de los sindicatos que llevaron al Juzgado la regulación de la carrera. «A veces son ellos los primeros que fallan», afirma ella. «Había que reclamar si la cuestión no estaba correctamente regulada», concede él, «pero los sindicatos fueron ambiguos al recomendar que no se firmara mientras sus propios afiliados se estaban adhiriendo a la carrera».


«Yo prefiero dejar de ganar dinero a que se amañen las cosas de esa manera», interviene Fernando Berdial, funcionario de la Dirección General de Informática. Llama «chapuza» a una regulación que ha desembocado por necesidad en una sentencia que, a su juicio, «se veía venir». Por el mismo camino, una trabajadora de la Consejería de Administraciones Públicas, la competente en la ordenación laboral del funcionariado, afirma que «no me parece bien que me rebajen el sueldo, pero tampoco estaba de acuerdo con el modo en el que se articuló la carrera, con mucha arbitrariedad en cuanto a los criterios de evaluación del personal».


Más motivos tiene Ana Lorenzo, funcionaria en Infraestructuras, para rechazar una carrera que no la admite por interina. Aparte de esa situación discriminatoria, comparte las valoraciones que definen la regulación como «un cheque en blanco» levantado sobre «una ley sin desarrollar». Una compañera recuerda que «el estatuto dice que debe haber una carrera» y desea que la próxima «se haga bien», y no falta quien se pregunta «qué sucederá con los complementos de productividad de altos funcionarios que se establecieron para compensarles cuando se puso en marcha la carrera profesional; aquellos pagos no estaban vinculados a ésta».




Rabanal niega que el pago fuera «electoralista», aunque lo firmó a 9 días de las autonómicas

El PP no irá al Juzgado pero pedirá la dimisión de Migoya si el complemento se aprobó con informes en contra

Cañal critica el silencio de la Sindicatura


Lne, J. A. ARDURA / L. Á. VEGA


El consejero de Economía, Jaime Rabanal, firmó el 18 de mayo de 2007 la resolución sobre la carrera profesional que incluía los pagos a cuenta a miles de funcionarios que ahora han sido anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Rabanal defendió ayer el pago de esa productividad y negó que se tratara de una medida electoralista, pese a firmarse nueve días antes de las elecciones autonómicas, «porque fue el resultado de una negociación de dos años con los sindicatos», que surgió del anterior acuerdo de concertación social.


Rabanal fue el encargado de firmar esa resolución porque en la anterior legislatura su departamento también tenía las competencias en materia de administración pública, un área que pasó a contar con consejería propia en el verano de 2007, con Ana Rosa Migoya como titular y con Luis Iturrioz como viceconsejero de Recursos Humanos tras haber sido antes viceconsejero de Administración Pública.


El consejero de Economía, tras manifestar que comparte todas las explicaciones dadas hasta ahora por la portavoz del Gobierno sobre la sentencia, negó que tuviera fines electoralistas. «Es una insidia decir que fue una medida electoralista porque el acuerdo con los representantes de los trabajadores se alcanzó en diciembre de 2007, fruto de la negociación con los sindicatos mayoritarios de la función pública que se inició un año antes». El Consejero también defendió la aplicación de la carrera profesional: «El objetivo era mejorar la productividad de la administración autonómica, para mejorar la eficiencia y la atención a los ciudadanos y servir de referente al resto de los sectores de la economía asturiana», aseguró Rabanal.


Por otra parte, el PP indagará si la comisión de secretarios generales técnicos de la Administración regional emitió algún informe jurídico sobre las subidas ilegales a los funcionarios. Si se elaboró alguno y era contrario a la subida, pedirá entonces el cese de la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya. Si el informe era favorable a la subida o no se elaboraró dictamen alguno, entonces el PP cargará contra los secretarios y pedirá que se les expediente o cese. Según el diputado regional popular Ramón Cañal, en este último caso quedaría demostrado que la Administración regional está politizada, al haber avalado los secretarios una «barbaridad legal».


Cañal descartó cualquier medida penal en el asunto de la carrera profesional. Según el diputado, es la Sindicatura la que debería haber detectado los pagos ilegales durante el estudio de las cuentas de 2007, y haber comunicado a continuación su hallazgo al Tribunal de Cuentas.


El PP prefiere el frente de los informes. Cañal añadió que, con las subidas ilegales, los altos cargos de la Administración regional «salieron muy beneficiados, ya que sus nóminas engordaron en 5.000 euros» durante el pasado año.



«Un funcionario cabreado puede forzar la devolución del dinero»

 

Lne, L. A. V.


José Ángel Piquero, secretario de la Federación de Enseñanza de CC OO, sostiene que «el Gobierno está diciendo que no reclamará el dinero a los funcionarios, pero no está avalando esa afirmación con un informe jurídico. Veladamente está pidiendo que el asunto no se menee más, pero basta con que cualquier funcionario cabreado lo reclame para que el Gobierno se vea obligado a recuperar los pagos».


Y funcionarios cabreados puede haberlos, puesto que hay un grupo de unos 5.000 que no han cobrado cantidad alguna en los últimos treinta meses, mientras los compañeros de trabajo adscritos a la carrera profesional sí lo hacían. Para la Federación de Enseñanza de CC OO, que se desmarca de la central, el objetivo del recurso era que todos los funcionarios se beneficiasen de las subidas. Y la salida al conflicto: consolidar las subidas como un complemento.




Valledor: «Cuentas puede actuar»


Lne, E. P.


El diputado de IU Francisco Javier García Valledor afirmó ayer que «es posible» que el Tribunal de Cuentas exija la devolución de los importes. «No sé si es probable que ocurra, pero sí es posible, dado que lo que se dicta es que la medida no tiene base jurídica, y Cuentas puede exigir la devolución», indicó. Valledor afirmó que el Gobierno «ha tomado una decisión prudente», porque si opta por recurrir podría ser que el Tribunal se reafirmase en lo ya dicho y exigiese la devolución de los pagos. El diputado culpó del desaguisado a «la precipitada decisión del Principado» antes de las elecciones. Ahora, añadió, debe acelerarse la elaboración de la ley de Función Pública





UGT y CC OO reclaman una fórmula legal para pagar el plus anulado a los funcionarios

Migoya insiste en no abonar el complemento de hasta 216 euros al mes a los funcionarios hasta que el Ministerio de Educación apruebe el Estatuto Docente

Valledor teme que los empleados acaben devolviendo el dinero



El Comercio,19.06.2009, RAMÓN MUÑIZ / EUROPA PRESS


UGT y CC OO reclaman una fórmula legal para pagar el plus anulado a los funcionarios

La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, y el de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias. / MARIO ROJAS

Los sindicatos UGT y CC OO presionarán para que el Principado siga repartiendo 21 millones de euros anuales entre 14.000 empleados públicos. La Administración desembolsa esa cantidad desde 2007 apoyándose en un sistema, la carrera profesional, que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló en una sentencia desvelada este martes. Pese al revés jurídico, ambas centrales están convencidas de que el Gobierno regional dispone de recursos legales suficientes como para no trasladar el fallo de los jueces a las nóminas de funcionarios y trabajadores. Así se lo expondrán hoy a la Consejería de Administraciones Públicas en una reunión que mantendrán en el marco de la mesa general.

«Hay suficientes alternativas legales como para mantener ese pago, otra cosa es que el Gobierno quiera aprovechar la sentencia para ahorrarse un dinero que le puede interesar en los tiempos que corren», avanzó Jesús González, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, la división de CC OO a la que la dirección del sindicato ha confiado la negociación de este conflicto.

«Creemos que la sentencia no anula directamente los complementos, y, en todo caso, sería sencillo vincularlos a la productividad para que los trabajadores no reciban la patada que algunos han querido darnos al Gobierno y a los sindicatos mayoritarios», abundó González. «Esta claro que cuanto más retrase el Principado esta solución, más dinero ahorra a las arcas públicas, pero pueden y deben articular una salida para los 14.000 empleados públicos» abundó.

El sindicato está dispuesto a presionar para que esa medida no se demore. «Haremos la petición formal en la mesa de negociación, y si no se atiende, reaccionares con asambleas y movilizaciones concertadas con otras centrales», advierte González.

«La sentencia pone de manifiesto la falta de marco jurídico para aplicar la carrera profesional, pero esto no supone que no se pueda solventar la situación», animó por su parte la Federación de Servicios Públicos de UGT, mediante un comunicado de prensa. La central que lidera Justo Rodríguez Braga no entiende que la solución para los trabajadores asturianos deba depender del desarrollo de futuras leyes estatales, como esgrime el Principado. «Este Gobierno tiene recursos suficientes para ser capaz de buscar el marco legal que de amparo a esta situación y a la mayor brevedad posible», apunta el comunicado.

Dejar de pagar

La posición de ambas centrales contrasta con la del Principado. Tal y como reiteró ayer la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, la sentencia del TSJA «ha interpretado que el acuerdo que daba soporte al pago a cuenta no sirve, y que son necesarias las leyes» de Función Pública y el Estatuto Básico del Personal Docente. La primera es competencia del Gobierno regional, que inició hace un año su negociación con los sindicatos. «Estamos ya en disposición de llevarla a la Junta General», informó Migoya el pasado miércoles. El problema estaría en el estatuto de los docentes, cuyo desarrollo depende de un Ministerio de Educación, quien aún no ha llamado a los sindicatos para empezar a redactarlo.

Mientras no estén sancionadas ambas normas, «tenemos que dejar de pagar, y por tanto los beneficiarios de ese primer pago a cuenta lo van a dejar de percibir, lamentablemente», expuso ayer Migoya.

Este periódico preguntó a la consejera si el Principado barajaba reconvertir los pagos a cuenta en pluses por productividad para evitar así que sus trabajadores pierdan poder adquisitivo. Y su respuesta fue que «en principio no, es muy prematuro y lo que nos parece más adecuado es trabajar en la búsqueda de ese marco jurídico estable del que ahora adolecemos».

Por otra parte, el diputado de IU Francisco Javier García Valledor, señaló como una posible consecuencia de la sentencia del TSJA que el Tribunal de Cuentas exija el reingreso a las arcas públicas del dinero hasta ahora entregado a los trabajadores públicos en base a la carrera profesional anulada. El monto global llegaría a los 51 millones por unos pluses que en algunas nóminas alcanzan los 216 euros.





LAS REPERCUSIONES DE UNA CONTROVERTIDA SENTENCIA JUDICIAL.

Los funcionarios podrían recuperar el plus de la carrera el año que viene

Una trámite ágil de la ley de Función Pública daría cobertura al pago para 6.000 empleados.El anteproyecto tendrá que pasar por el Consejo Consultivo antes de ir a la Junta.


La Voz de Asturias, 19/06/2009 NIDIA FERNANDEZ


 

Los funcionarios no tendrán que devolver el pago a cuenta de la carrera profesional que han cobrado durante dos años, pero cuándo recuperarán ese concepto en su nómina? Esa incógnita no tiene una respuesta exacta, pero el horizonte de la próxima primavera parece factible para que la ley de Función Pública vea la luz. Su aprobación restablecería el pago solo para los 6.000 empleados públicos de los cuerpos generales. Sin embargo, todos los docentes tendrían que seguir esperando a por la normativa estatal de su Estatuto básico, un texto para el que aún no se manejan plazos


El anteproyecto de ley de Función Pública que se está negociando con los sindicatos aún no ha llegado a la Mesa General, pero la negociación está "muy avanzada", según la consejera de Administraciones Públicas Ana Rosa Migoya. Una vez superado este trámite, y antes de entrar en el Parlamento, la ley necesitará del dictamen del Consejo Consultivo porque desarrolla el Estatuto básico del Empleado Público.


Un buen ritmo de tramitación permitiría que la ley entrara en la Cámara en octubre y antes de que las comisiones se paralicen para tramitar el presupuesto se constituya la ponencia. La presentación de una enmienda de totalidad demoraría el proceso, pero, en todo caso, y tras el parón navideño lo previsible es que el Parlamento discuta y apruebe la ley antes del verano. El acuerdo de Gobierno entre la FSA e IU-BA-LV recoge la aprobación de la ley con el consenso sindical.


Precisamente ayer, la Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT) Asturias pedía que el Gobierno regional presente una solución normativa al conflicto que se ha creado. "Entendemos que este Gobierno tiene los recursos suficientes para ser capaz de buscar el marco legal que de amparo a esta situación y a la mayor brevedad posible", recalcaron.





LA CENTRAL DICE QUE EL EJECUTIVO "INTENTO COMPRAR VOTOS".

SUATEA acusa al Principado de "prevaricar" cuando fijó el anticipo

Amenaza con volver a los tribunales si el Gobierno no negocia.


La Voz de Asturias, 19/06/2009 EFE


 

El sindicato SUATEA, que recurrió junto a CSI, CSIF, USO y el ex diputado de IU Germán Abad la carrera profesional en la administración autonómica, acusó ayer al Gobierno de "prevaricar" tras admitir que era consciente de que carecía de base legal para desarrollar esta regulación, anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).


En rueda de prensa, la portavoz de SUATEA, Beatriz Quirós, calificó de "histórica" la sentencia ante la unanimidad entre los magistrados que integran la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA y advirtió al Gobierno que, de no entablar una negociación antes del mes de septiembre, emprenderán las acciones legales a las que los "faculta" la resolución judicial.


Quirós, que reiteró su exigencia de dimisión para el equipo de la consejería de Administraciones Públicas, subrayó que el Gobierno "creó el problema y es quien debe solucionarlo" mediante un incremento salarial lineal de 500 euros mensuales para todos los docentes de la enseñanza pública tal y como reclamaban en 2006.


Según este sindicato, los profesores que ejercen en Asturias siguen siendo los peor pagados de todas las comunidades autónomas y la solución no pasa porque quienes cobraron la carrera profesional devuelvan el importe recibido sino porque se aplique el incremento salarial que demandan a todos los profesores.


En este sentido, destacó que el Gobierno optó por un acuerdo "sin base legal" con algunos sindicatos firmado poco antes de las últimas elecciones autonómicas "para intentar comprar votos".


"Lo que se intentó fue centralizar la negociación con dos sindicatos privilegiados (UGT y CCOO) que ahora le echan un capote al Gobierno echándonos a los pies de los caballos y convirtiéndose en su perro guardián", indicó Quirós en alusión a las críticas vertidas ayer por los dirigentes de ambas centrales contra quienes recurrieron la sentencia de la carrera profesional.


Para Quirós, la anulación de esta iniciativa del Gobierno debería llevar aparejada también la suspensión del plan de evaluación del profesorado puesto en marcha este curso.



Riopedre anuncia la paralización del sistema de evaluación


La Voz de Asturias, 19/06/2009


Después de protestas, manifestaciones e incluso una huelga docente, el polémica sistema de evaluación del profesorado ha visto como una sentencia judicial le echaba el freno. El consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre respondió ayer a las preguntas de los periodistas y confirmó que tras la anulación del pago a cuenta de la carrera que dictó el TSJA el pasado martes el sistema de evaluación del profesorado que se intentaba implantar dejará de funcionar de manera inmediata. El consejero de Educación no se extendió más en sus valoraciones sobre lo sucedido. La suspensión del pago de los complementos por la carrera profesional viene acompañada lógicamente de la desaparición de la evaluación de la misma.

 

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