El tropezón de la carrera profesional, una sentencia que afecta a 14.000 funcionarios

El complemento salarial, aprobado días antes de las últimas autonómicas y vendido como pionero por la Administración regional, se ha vuelto contra sus gestores al ser anulado por los jueces

 

 

 
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Un duro tropezón judicial ha hecho que la carrera profesional de los funcionarios del Principado haya acabado por los suelos. La sentencia que anula la carrera profesional en Asturias ha convertido uno de los principales logros que el Gobierno regional no dudaba en exhibir, por su carácter pionero en el conjunto de España, en un grave varapalo en materia de personal. En tan sólo año y medio, una iniciativa que se puso en marcha tras una de las mayores huelgas que se recuerdan en la sanidad regional ha pasado de ser un reclamo de votos en vísperas de las elecciones autonómicas, según sostienen varios sindicatos y grupos políticos -incluidos los socios de gobierno-, a generar un gran malestar entre los 14.000 funcionarios que ya se estaban beneficiando de la iniciativa y que, ahora, verán cada fin de mes cómo sus nóminas menguan en cantidades que llegan hasta los 216 euros. 

Pero, en primer lugar, ¿qué es la carrera profesional y cómo se ha gestado?, ¿qué es eso sobre lo que tanto se ha hablado en las últimas semanas, que ha exigido incluso la presencia de once jueces en el tribunal para decidir sobre su continuidad? A groso modo, puede definirse como un nuevo sistema de relación entre la Administración regional y sus trabajadores con base salarial, el viejo truco del palo y la zanahoria. Los funcionarios reciben incentivos y mejoras salariales a cambio del cumplimiento de una serie de objetivos. Esa era la idea. La práctica había quedado hasta ahora, por falta de desarrollo, en un mero pago del concepto de antigüedad. 

Cuando los médicos asturianos protagonizaron la huelga de 2006 estaban muy lejos de imaginar que sus reivindicaciones pondrían en jaque, tres años después, la política de personal del Gobierno con el que mantuvieron negociaciones más que tensas. Y es que la aplicación de la carrera profesional, que acaba de tumbar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tiene su origen en los logros alcanzados por los médicos y enfermeros en las movilizaciones de hace dos años y medio. Los sanitarios asturianos fueron los primeros en ver aumentadas sus nóminas a cuenta de la carrera profesional, en marzo de 2007. 

Los sindicatos mayoritarios vieron en esa negociación un precedente para ampliar el pago de la carrera profesional al resto de funcionarios de la Administración regional. Y en diciembre de 2006 llegaban a un acuerdo con el Principado en la mesa general para el desarrollo de la carrera y promoción profesional. Estaría abierta a todos los empleados públicos de la Administración, que cumplieran los requisitos de ser funcionarios y tener 5 años de antigüedad a fecha 1 de enero de 2007. 

Hasta ahí, todo era miel sobre hojuelas, y ningún sindicato planteaba reparos ante la mejora económica que esa medida entrañaba para la mayoría de la plantilla de funcionarios de la Administración regional. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, anunció pocos meses después en un encuentro que mantuvo con decenas de funcionarios en el Edificio de Servicios Múltiples de Llamaquique (Oviedo) que recibirían un pago a cuenta de la carrera profesional, según revelaron fuentes sindicales. Quedaba poco más de un mes para las elecciones autonómicos y algunos sindicatos ya vieron fines electorales en ese anuncio. 

Las hostilidades se desencadenaron el 22 mayo de 2007, cuando el Principado dictó la resolución que ponía en marcha la carrera profesional. Esa resolución, publicada en el BOPA cinco días antes de las elecciones autonómicas, generó un gran enfado en los sindicatos sectoriales, especialmente en la educación. Los motivos de ese descontento eran que el Principado exigía a los funcionarios que solicitaran voluntariamente la carrera profesional y se sometieran al resultado de una evaluación, sin parámetros previos ni criterios objetivos. 

«El Gobierno regional pretende un cheque en blanco», coincidieron sindicatos tan dispares como la Corriente Sindical de Izquierdas, SUATEA, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y CC OO-Educación. Los funcionarios de la docencia entendieron que ese compromiso previo, exigido por el Gobierno regional, «estaba sometido a una gran arbitrariedad» e iba contra los derechos de un cuerpo estatal como es el suyo. 

«Esta resolución no se puede aplicar a los docentes», defendió entonces Beatriz Quirós, de SUATEA. «Los hechos nos han dado la razón», reprocha ahora esta catedrática, uno de los 5.000 profesores asturianos que no se incorporaron a la carrera profesional. Tampoco ella tiene dudas acerca del fin electoralista que perseguía el Gobierno, «que aprobó la carrera profesional en plena campaña electoral». El Principado, en cambio, niega la mayor. «Las conversaciones con los sindicatos habían empezado en 2006», sostiene el Gobierno. 

La oposición al «cheque en blanco» fue el principal argumento esgrimido en el recurso presentado y apoyado por los sindicatos disconformes ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. No había vuelta atrás. En cambio, los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones, animaron a sus afiliados a incorporarse a la carrera profesional, al entender que era un instrumento válido para fomentar la productividad en el sector público, mejorar la atención al ciudadano y, de paso, mejorar las percepciones salariales de los funcionarios. La división sindical tampoco tenía vuelta atrás. 

El primer pago a los 14.000 funcionarios que se sumaron voluntariamente a la carrera profesional se materializó en la última mensualidad de 2007. Tenía carácter retroactivo desde el anterior enero y fue tras una resolución del Gobierno firmada por la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, y en delegación por el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos, Luis Iturrioz. Desde ese momento, la también portavoz del Gobierno defendió en más de una ocasión el talante pionero del Principado con la aplicación de la carrera profesional. Sin ir más lejos, el pasado 18 de marzo, cuando Migoya defendió el polémico plan de evaluación profesional de los profesores como contrapartida a la carrera profesional. 

La sentencia hecha pública el martes por el Tribunal Superior de Justicia plantea ahora un gran interrogante. ¿Qué pasará con las nóminas de los funcionarios que se incorporaron a la carrera profesional? De momento, Migoya ha asegurado que el pago se dejará de abonar en la nómina de julio y el Gobierno regional habla de «mala conciencia en los sindicatos que recurrieron la carrera profesional sin pensar, a priori, en las consecuencias de la sentencia y que ahora piden que se mantengan las nóminas». Antonio Pino, secretario general de CC OO, uno de los sindicatos que han apoyado la carrera profesional, incluso habló de «correr a gorrazos» a las centrales que recurrieron. Y SUATEA, CSIF y, más tímidamente, UGT consideran que el Gobierno tiene margen legal para evitar que las nóminas bajen. A la vista, un caldo de cultivo poco abonado para que las partes se sienten a negociar, deseo compartido por los sindicatos más discrepantes y por el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre.
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