No vale todo, hay culpables

    El error de la "Carrera profesional" tiene padre y madre, deben depurarse responsabilidades
 
Lne
 
El Gobierno asturiano que preside Vicente Álvarez Areces ha recibido esta semana un duro golpe judicial, un varapalo de esos que deberían marcar, y mucho, a sus protagonistas. La sentencia que anula el pago de la «carrera profesional» a 14.000 funcionarios de la comunidad autónoma no es un fallo judicial más; no, es una decisión de gran trascendencia política, y también sindical.

Por ello resulta muy difícil de entender la plana, autosuficiente, condescendiente e insuficiente valoración hecha por el Ejecutivo regional. Aquí no ha pasado nada, vienen a decir. Nos hemos equivocado, pero todo el mundo lo hace, y además, es que hemos actuado de buena fe, se justifican, y para más inri lo hacen por medio de la portavoz gubernamental, Ana Rosa Migoya, quien también es consejera de Administraciones Públicas; y por lo tanto la máxima responsable de todo lo relacionado con la «carrera profesional».

Lo que ha sucedido entra dentro de la normalidad. Eso es lo que piensa el gabinete de Areces, o más bien, esa es la idea que quiere trasladar. Para ello cuenta con la ayuda del PSOE y del grupo parlamentario socialista en la Junta General del Principado. Una concepción de la política ésta del Gobierno asturiano y del partido que lo sustenta que no puede ser aceptada. Deberían ser ellos mismos los que pusieran límite, de una vez por todas, a actuaciones que suman desprestigio a la «carrera política».

Alguien debe responsabilizarse de lo sucedido. Desde el Gobierno, sobre todo, pero también desde los sindicatos mayoritarios. Digan lo que digan unos y otros en la vida pública no vale todo. Las leyes están para cumplirlas. No es de recibo que una representante del poder ejecutivo con gran experiencia, como es Ana Rosa Migoya, admita que la mejora salarial para los funcionarios se pactó sabiendo de su «debilidad jurídica», y menos aún se puede admitir que el secretario general de CC OO de Asturias, Antonio Pino, declare que «es impresentable que un sindicato dé prioridad a los fundamentos jurídicos antes que a los trabajadores», en referencia a la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), que fue quien, en primera instancia llevó el asunto a los tribunales, siendo posteriormente secundada por otras organizaciones sindicales minoritarias.

No vale todo. Estamos hablando de 52,5 millones de euros, pagados a cuenta por la Administración autonómica a los funcionarios, a cuenta de una futura carrera profesional. A cuenta durante más de dos años, treinta meses en los que el Gobierno de Areces se olvidó, o quizás simplemente pasó, de elaborar y enviar a la Junta el proyecto de ley necesario para amparar la «carrera profesional», un vacío legal dejado en evidencia por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, quien, por cierto, se lo pensó, y mucho, antes de hacer pública la sentencia; y lo hizo porque era consciente de su trascendencia, como lo era, también, de que no había alternativa. ¡Tan mal se lo había dejado el Gobierno autonómico!

Por si no fueran suficientes todos estos argumentos para pedir responsabilidades políticas y sindicales por lo sucedido, ahí está la fecha escogida por Areces para comenzar a pagar a los funcionarios el complemento salarial, fecha que casualmente coincidió con la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del año 2007. Y por si había alguna duda de la mala conciencia del Gobierno por esta «casualidad» sólo hay que leer las declaraciones del consejero de Economía, Jaime Rabanal, el pasado jueves: «La subida no fue electoralista», aunque admite que la aprobó en campaña. Vale.

Sí ha pasado algo. Y muy grave. La política asturiana debe comenzar a regenerarse. Un error como el cometido con la «carrera profesional» tiene padre y madre y deben depurarse responsabilidades. Los funcionarios, los auténticos perjudicados, no entenderían que todo quedara igual, sin más, cuando ellos, en algunos casos por chuminadas, soportan la apertura de expedientes y sanciones. Pero sí, lo más probable es que no lo acaben entendiendo, porque todo seguirá igual. Si en Madrid o en Valencia pasa lo que pasa con escándalos mayores, qué vamos a esperar aquí. Ahora, eso sí, que luego los partidos o los sindicatos mayoritarios no se quejen por la irrupción de grupos minoritarios, como la CSI, que les ha puesto en el difícil brete en el que se hallan.

Muchos funcionarios van a ver recortado su sueldo. Eso cabrea. Sobre todo, si es por una «chapuza», y más aún, si estos empleados públicos comprueban que los únicos que salen perjudicados son ellos, sin que nadie del Gobierno haga nada para mantenerles sus salarios con otros complementos. Los que están por arriba, sin embargo, cobrarán lo mismo.

 

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