"Carrera profesional" Gobierno PSOE-IU y CCOO-UGT continúan autocomplaciéndose en sus desproprósitos e ilegalidades

¿Para qué sirven las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias? ¿Para qué los Organismos oficiales, Consejeros y Diputados que han jurado cumplir y hacer guardar las leyes?

 

El Tribunal de Cuentas no exigirá que se devuelvan los 52 millones de pagos ilegales

 El órgano central asegura que no actuará de oficio a menos que reciba denuncia oficial y deja el peso de la decisión en manos de la fiscalía y la sindicatura asturianas


Lne, L. A. Vega

 

Fuentes oficiales del Tribunal de Cuentas señalaron ayer que el órgano fiscalizador no abrirá procedimiento de oficio para la devolución de los pagos ilegales a los funcionarios por parte del Principado, pese a conocer los hechos de forma oficiosa. El Tribunal no actuará a menos que se le comunique oficialmente y por los cauces previstos la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que declaró ilegales las subidas, un fallo judicial adelantado por LA NUEVA ESPAÑA.

Fuentes del tribunal indicaron que para iniciar un procedimiento respecto a este asunto puede haber varias vías, pero en ningún caso una actuación de oficio. Oficialmente, el tribunal no tiene conocimiento de la sentencia dictada por el TSJA. Pueden ser los propios afectados los que denuncien los hechos, o el propio TSJA, que emitió el fallo que declara ilegal las subidas aplicadas a los 14.000 funcionarios que se acogieron a la «carrera».

No son las únicas vías, las mismas fuentes indicaron que puede ser la fiscalía asturiana la que comunique a la fiscalía del Tribunal de Cuentas la existencia de posibles responsabilidades contables (que han sido cuantificadas en 21 millones de euros al año, lo que cobraron los funcionarios), de forma que se solicite la apertura de un procedimiento. O incluso, añadieron las fuentes, puede ser la Sindicatura de Cuentas la que informe de lo ocurrido. Esto último no será posible este año, puesto que, en su informe de la Cuenta General de 2007, que ha de ser remitido al Tribunal de Cuentas, la sindicatura no hace referencia a irregularidad alguna referente a los pagos hechos a los funcionarios, al no haberse detectado. Podría ser en el informe de la Cuenta General de 2008 cuando se haga referencia a esos pagos ilegales. Faltan varios meses para que ese nuevo informe se elabore (en el último trimestre del año se presentan sus objetivos), de forma que se comunicarían las irregularidades ya bastante avanzado 2010. En caso de que el Tribunal de Cuentas decida actuar, puede encargar a la sindicatura la apertura del procedimiento.

El presidente del Gobierno regional, Vicente Álvarez Areces, que ha negado que se hiciesen los pagos ilegales «por error», sostiene que solucionará el asunto antes.


«Todo el mundo era consciente de que no había soporte legal; no se puede decir ahora que se ha hecho bien»

«Es inadmisible e impropio de un gobernante que Areces califique de positivo lo que supone una ilegalidad manifiesta»

 

 

Jueces diferentes que dicen lo mismo

El fallo judicial que anuló el abono y el que reconoce que todos los funcionarios tienen derecho a cobrarlo comparten base: la medida laboral se desarrolló mal

Lne, M. P. / J. A. A.


La estrategia elegida por el Gobierno del Principado para tratar de gestionar la carrera profesional de sus funcionarios ha desembocado, tras pasar por los Juzgados, en un cruce de sentencias aparentemente contradictorias que en realidad son compatibles y complementarias. ¿Cómo es posible que quienes están en el pelotón de los que denunciaron la carrera por ilegal pidan que se les paguen las cantidades con atrasos incluidos? Aunque no lo parezca, ambas iniciativas resultan complementarias. De hecho las sentencias que han logrado hasta ahora coinciden al señalar que el Gobierno regional no tenía soporte jurídico para fijar los requisitos de acceso a la carrera profesional.

La reciente sentencia del TSJA, que obligó al Gobierno a parar la carrera profesional, anuló el desarrollo de la carrera, el que dio origen a los pagos a 14.000 funcionarios que se incorporaron a los incentivos, al considerarlo deficiente. Mientras, la sentencia, dictada por el Juzgado 5 de lo contencioso-administrativo, reconoce el derecho a percibir esas cantidades a todos los funcionarios, no sólo a los que se incorporaron voluntariamente, porque considera que no hay tal carrera profesional en sí y que lo que se paga es un simple complemento de productividad al que tendrían derecho todos los trabajadores.

¿Cómo? El encaje de las dos sentencias, su complementariedad, se deduce de que ambas cuestionan la misma resolución: la resolución del 18 de mayo, en la que se fijaban las condiciones para solicitar la incorporación a a la carrera profesional y el desarrollo que se estaba haciendo de la misma. Las bofetadas van todas al mismo carrillo.

Las dos sentencias parten de lo mismo. La sentencia del TSJA anula el procedimiento de solicitud de incorporación a la carrera, el mismo argumento que utiliza el Juzgado para resolver que todos los empleados públicos tienen derecho a cobrar complementos de productividad, ya que la Administración regional no tuvo en cuenta el «requisito sustancial» de la evaluación del rendimiento, ligada al desarrollo de la carrera profesional.

Un fallo fue recurrido por el Principado y el otro no. Ambas decisiones también comparten raíz: las dos buscan el ahorro para los Presupuestos de la Administración regional.

 

 

Miles de docentes que no firmaron el pacto exigen ahora una subida lineal de 300 euros para todos

Los funcionarios se movilizan para pedir la dimisión de Areces, entre voces que reclaman la devolución del pago ilegal

 

Lne, Marcos Palacio

 

Funcionarios «no firmantes y no cobrantes» de los complementos salariales asociados a la carrera profesional iniciaron ayer movilizaciones para exigir la convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación, ámbito que consideran adecuado «para resolver todos los asuntos salariales pendientes» tras la sentencia que anula el desarrollo de la carrera efectuado por el Principado.

Además de la dimisión del presidente del Gobierno regional, piden «la homologación de las retribuciones de los docentes» asturianos, discriminados, a su juicio, en comparación con los de otras comunidades, y cuantifican la demanda, según José Ángel Piquero, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, solicitando «una subida lineal de 300 euros para todos los trabajadores».

En una asamblea a la que asistieron más de dos centenares de profesores no firmantes de la carrera no faltaron las voces, muy aplaudidas, que abrieron brecha con la otra parte del colectivo exigiendo la devolución de los pagos efectuados por el Principado a los funcionarios que sí suscribieron el documento de adhesión. Esos complementos, justificó una de las docentes que tomó la palabra, se han pagado «con dinero público, que también es mío».

De los 12.000 empleados públicos de la enseñanza en Asturias, 5.000 se negaron a adherirse a la carrera profesional y «llevan perdidos unos 6.000 euros en dos años», precisa José Antonio Alonso, del sindicato SUATEA. Para él, «existe una solución, una mejora retributiva que no esté ligada a ningún tipo de carrera docente». Para ello, le acompañó Primitivo Abella (CC OO), «la sentencia crea unas condiciones adecuadas, pero hace falta una voluntad política y eso exige que presionemos».

Eso hicieron. La asamblea culminó con una concentración improvisada para pedir responsabilidades ante la sede de Presidencia del Principado. Allí, los docentes exigieron la dimisión de «los responsables de este desaguisado, desde la consejera Ana Rosa Migoya y su equipo hasta el avalista en última instancia de estas actuaciones, que ha sido el presidente del Gobierno asturiano», concretaron en un comunicado. Ahí se dirige también la mirada crítica hacia «las cúpulas sindicales de UGT y CC OO, que junto a la Administración nos han colocado en esta situación».

 

 

 

«No es momento para la autocomplacencia del Gobierno», afirma IU

Lne, M. P.

La defensa que el presidente del Principado hizo el lunes del procedimiento seguido por su Gobierno en el desarrollo de la carrera profesional de los funcionarios encontró ayer reacciones de rechazo a derecha e izquierda. Donde Vicente Álvarez Areces afirma que su modelo de carrera «no fue un error» y que no pedirá responsabilidades, la diputada de Izquierda Unida Diana Camafeita entiende que «no es el momento de la autocomplacencia». Para los socios de gobierno de Areces, «todo el mundo era consciente de que no había soporte legal, no cabe decir ahora "qué bien lo hicimos", sino buscar soluciones, negociar la ley de función pública con los sindicatos y encontrar una salida paliativa, también consensuada, mientras se tramita».

El presidente regional del PP, Ovidio Sánchez, ve en Areces «el máximo responsable de esta situación» que surge, a su juicio, de una medida de orientación electoralista. Según Sánchez, «Areces aprobó la carrera porque estaba apurado ante las elecciones y necesitaba tirar de la chequera del Gobierno».

El portavoz en Asturias de Unión, Progreso y Democracia, Ignacio Prendes, califica de «inadmisible» la reacción de Areces y de «paradójico que diga que no fue una medida electoralista, la decisión se toma a una semana de las elecciones».
 

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