Dimisiones y recursos en la "Carrera profesional"

No hay responsables, ni tampoco hay responsabilidades políticas ni civiles ni penales: todo vale

 

El Supremo recibe el primer recurso contra la paralización de la carrera profesional

Los conflictos de la política laboral del Principado

El pulso judicial ANPE pretende que el Gobierno mantenga los pagos

El Ejecutivo advierte de que recurrir podría conllevar un fallo que obligue a devolver lo cobrado

 

Lne, Marcos PALICIO

El sindicato de enseñanza ANPE decidió ayer recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que anula el desarrollo de la carrera profesional para 14.000 funcionarios del Principado. Este primer recurso que recibe el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, pretende que la Administración mantenga el pago de los complementos asociados a la carrera.

Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo, matiza, sin embargo, que el recurso «no suspende la ejecución de la sentencia» y que el Gobierno regional no está obligado a seguir abonando las retribuciones. «Puede quedarse donde está», afirma. Debe decidir entre mantener en vigor la carrera y los pagos o bien acatar la sentencia del TSJA y, como tenía previsto antes de conocerse este recurso, dejar de abonar esas cantidades. En este segundo supuesto, eso sí, un fallo del Tribunal Supremo contrario a sus intereses le obligaría a pagar todo eso y más, «con atrasos e intereses», aclara Bocanegra. Otra alternativa, la petición de la ejecución provisional de la sentencia, es factible, pero «subordinada a una fianza muy alta».

Este recurso que ahora presenta ANPE es, en todo caso, el que el Principado se negó a presentar la semana pasada aduciendo que el Tribunal Supremo podría pedir la devolución del dinero ya abonado a los trabajadores que se adhirieron a la carrera. En cualquiera de los supuestos, se abre un largo proceso que puede alargar un año la decisión sobre la admisión a trámite del recurso y dos o tres la sentencia.

Al tomar esta decisión ANPE se basa en otras interpretaciones jurídicas que sostienen que el recurso sí deja en suspenso la sentencia del TSJA y obliga a la Administración a seguir pagando. En un comunicado, el sindicato dice querer evitar la paralización de los pagos y comprobar «cuáles son las verdaderas intenciones de la Administración», si a pesar del recurso «decide seguir incumpliendo el acuerdo de la carrera profesional y deja de pagar». Los recurrrentes afirman que la acción judicial también los protege de aquellas iniciativas planteadas para exigir la devolución del dinero que ya cobraron los funcionarios.

 

 

Otras asociaciones animan a denunciar para que no desaparezca el plus

Lne, M. P.


La sentencia que paraliza el desarrollo de la carrera profesional hizo alzarse voces que reconocían la legitimidad de cualquier funcionario para reclamar hasta en los Juzgados el mantenimiento de los pagos y su extensión a todos los empleados públicos. Lo hizo, antes de conocer el recurso de ANPE, el Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies (COFPA), una asociación de funcionarios que se basa en la certeza de que la sentencia del TSJA no anula el acuerdo que da origen a la carrera, sino sólo su desarrollo posterior. El COFPA interpreta en un documento remitido a sus asociados y a los sindicatos que aquel acuerdo entre Principado y fuerzas sindicales «sigue vigente», tiene consideración de norma jurídica y «obliga al Gobierno asturiano a pagar los importes del primer nivel sin necesidad de adhesión voluntaria ninguna». Es esto último lo que cuestiona la sentencia del TSJA, por lo que, según un portavoz de la asociación, cualquier trabajador, haya firmado o no su adhesión a la carrera, puede reclamar a la Administración el pago del complemento de productividad «a cuenta de la carrera» y, si no lo atienden, acudir a los tribunales.

 

 

Dimite la Ejecutiva de la Federación de Enseñanza de CCOO

Los dirigentes sindicales de CCOO manifiestan los continuos choques con la dirección regional en cuestiones como la negociación colectiva o la Educación

 EFE

Diez miembros de la Ejecutiva de la Federación de la Enseñanza de CCOO de Asturias encabezados por su secretario general, José Angel Piquero, han anunciado hoy que dimitirán el próximo lunes por las discrepancias que mantienen con la dirección regional del sindicato.

Estas diferencias se han agravado a raíz de la sentencia que anulaba el desarrollo de la carrera profesional entre los empleados públicos de la administración autonómica tras el recurso presentado por CSI, SUATEA y CSIF a pesar de que esta medida contaba en el respaldo de las uniones regionales de UGT y CCOO.

En su escrito de dimisión, los dirigentes sindicales manifiestan las dificultades que tienen para desarrollar su trabajo sindical al colisionar gravemente en cuestiones como la negociación colectiva, la Educación y la función de los servicios públicos con la dirección regional cuya postura es mayoritaria en el conjunto del sindicato.

A su juicio, las diferencias existentes con la Ejecutiva de la Unión Regional socavan "seriamente" la credibilidad de su discurso en los centros educativos "y provocan malestar, desánimo y bajas" entre sus afiliados que, según Piquero, respaldaron ayer de forma mayoritaria en asamblea la postura mantenida por la Federación.

Los hasta ahora integrantes de la Ejecutiva de la Federación, que anuncian que regresarán a sus puestos de trabajo a comienzos del próximo curso, han aprobado además una resolución en la que critica la política de desestructuración de los servicios públicos del Gobierno regional "mediante la introducción de rancios criterios mercantilistas de gestión de la empresa privada pura y dura".

En relación a la carrera profesional, la Federación de Enseñanza exige al Gobierno que asuma sus responsabilidades y que generalice el cobro lineal a todos los empleados públicos de un aumento salarial de 300 euros para homologarlos con el resto de comunidades.

Asimismo lamentan que el Gobierno no haya puesto en marcha la mesa sectorial de educación que reclama la Federación con lo que se priva a 12.000 docentes asturianos "de un ámbito especifico para la negociación de sus condiciones de trabajo y reivindicaciones".

Por su parte, la Federación de Trabajadores de Enseñanza de la UGT (FETE-UGT) ha garantizado hoy que, como firmantes del acuerdo que permitió la puesta en marcha de la carrera profesional, adoptará las medidas para garantizar que se sigan percibiendo las cantidades acordadas y que se adopte la formulación normativa que establece el marco de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Según este sindicato "no es el momento de entrar en detalles" ya que supondría "descubrir las cartas frente a irresponsables que, en lugar de favorecer los incrementos retributivos y mejoras salariales de los empleados públicos, y movido por intenciones políticas y no sindicales buscan un escenario de "cuanto peor, mejor".

A juicio de FETE-UGT, los recursos presentados sólo han servido para interrumpir durante dos años el despliegue del acuerdo y es hora de "recuperar el tiempo" que han hecho perder los demandantes a la vez que se muestran convencidos de que, una vez despejado el horizonte por las "incomprensibles" demandas presentadas, se dotará de los marcos normativos que se precisen "con carácter inmediato".

 

 

 

«De 222 sentencias, sólo cinco fueron favorables a los funcionarios», afirma Migoya

La portavoz asegura que el Gobierno trabaja para aplicar la carrera profesional

 

Lne

La consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, volvió a referirse ayer a la sentencia del TSJA que anuló el desarrollo de la carrera profesional y lanzó una advertencia a quienes no se adhirieron al complemento en su momento y ahora sí reclaman los pagos, con atrasos, que el Principado hizo a los funcionarios que sí suscribieron la carrera. A los que quieren que esa productividad se pague a todos desde 2007.

«En este momento, hay 222 sentencias sobre esa cuestión porque hay muchos funcionarios que no se adhirieron en su momento y que han recurrido. De las 222 resoluciones, 217 son favorables a la Administración en primera instancia. Sólo cinco son favorables a los demandantes, que están, lógicamente, recurridas. De manera que el saldo no necesita más aclaración», declaró tajante Ana Rosa Migoya.

La Consejera aseguró que el Ejecutivo asturiano «sigue considerando que el acuerdo firmado en 2006 con los sindicatos mayoritarios era un buen acuerdo» y por tanto el compromiso del Gobierno de extender la carrera profesional a todos los funcionarios sigue vigente. En todo caso, el Gobierno insiste en que «nosotros acatamos la decisión judicial y trabajamos para lograr un marco normativo que dé cobertura al acuerdo adoptado en 2006, porque seguimos pensando que es un buen acuerdo», subrayó ayer Migoya, que quiso dejar claro que el Ejecutivo no va a entrar ahora «en la vía de los atajos».

Por ahora, el Ejecutivo elude dar plazos para poner en marcha el marco jurídico que exige la sentencia: «Será pronto, pero aún es prematuro hablar de ello».

 

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