El Gobierno se deja llevar (a la deriva) por la "Carrera profesional"

El Gobierno es incapaz de resolver sus propios desatinos e incapaz de reconocerlos. Sería deseable que todos, funcionarios o no, ganaran el doble y más, pero dentro de un marco de legalidad y no de que unos ganen más en detrimento de otros. Parece que las leyes están hechas para no cumplirlas (pero sólo por el Gobierno) y, que los que la han de hacerlas cumplir, se comportan como cómplices de la ilegalidad.   

 

Funcionarios: lo que se da no se quita

Los jueces solo entrarán a exigir la devolución de lo cobrado por la carrera a petición del Principado o los sindicatos

El Gobierno regional no se muestra inclinado a reclamar a sus empleados el reintegro de los 52,5 millones que pagó

 

Lne, Marcos PALICIO

La devolución de los 52,5 millones de euros que los funcionarios han cobrado del Principado a cuenta de la carrera profesional solo será efectiva si lo solicita una de las partes implicadas en el litigio: el propio Gobierno o alguno de los sindicatos que recurrieron en su día el acuerdo sobre la carrera. Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo, aclara el nuevo escenario en el que queda el conflicto una vez que el sindicato ANPE ha anunciado su intención de recurrir al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula el desarrollo de la carrera profesional. El Supremo no obligaría formalmente a la devolución, afirma Bocanegra, solo decidirá si la resolución del TSJA «es o no conforme a derecho». Si afirma que la sentencia está ajustada a la ley y que por tanto los pagos son ilegales, «abriría la puerta a una ejecución definitiva» y a la consiguiente devolución de lo cobrado, pero solamente si una de las partes del litigio solicita expresamente que se ejecute esa resolución.

Esas partes son el propio Principado y los sindicatos codemandados, por un lado, y las fuerzas sindicales denunciantes por otro. El Gobierno ha manifestado que no es esa su intención y las fuerzas sindicales tampoco se lo han planteado, aunque ayer José Ángel Piquero, portavoz de la Federación de enseñanza de CC OO, aseguraba que la devolución del dinero «está implícita en la sentencia del TSJA». A pesar de ello, según Bocanegra, «no parece razonable que haya que devolverlo», porque «ninguna de las partes está interesada en ello». Los que sí se han manifestado a favor de la devolución, algunos funcionarios que en su día no se adhirieron a la carrera profesional y no cobraron los complementos, no tienen implicación en el pleito y «no podrían, por tanto, pedir la ejecución» de una hipotética sentencia del Supremo que avalase la ilegalidad de los pagos.

El otro camino que cabe hacia la devolución del dinero, la ejecución provisional de la resolución del TSJA que anula el desarrollo de la carrera profesional, se ha convertido en una opción factible pero improbable. Con el recurso al Supremo, iría acompañado de una fianza muy alta para cubrir posibles daños y perjuicios.

En esta situación, el Principado ha decidido mantener su disposición de interrumpir los pagos y de acatar la sentencia del TSJA que cuestiona su modelo de carrera profesional. La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, afirmó ayer en Navia que cumplirán la resolución, porque «un recurso podría complicar las cosas», informa Nuria M. REYERO. El Gobierno regional siempre ha sostenido que su negativa a recurrir al Supremo se basaba en la posibilidad de que eso pudiese desembocar en una obligación de que los trabajadores tuviesen que devolver el dinero cobrado hasta ahora. El que sí ha recurrido ha sido el sindicato ANPE, algo que Migoya respeta, pero no comparte. «Respetamos la iniciativa sindical», apunta la Consejera, que insiste en que la tarea del Ejecutivo va a consistir a partir de ahora en «trabajar rápidamente para dotar a la carrera profesional de la cobertura normativa que necesita. Intentaremos que esa celeridad con la que queremos actuar evite ya a través de una ley cualquier incertidumbre. Ésa es la tranquilidad que queremos dar a nuestros empleados públicos», concluye Migoya sin aportar los plazos que le piden las organizaciones sindicales sobre la ley que debe dar sustento a la carrera profesional.

No concretan el calendario, pero tiempo les sobra desde que ANPE decidió presentar su recurso ante el Tribunal Supremo, que dilatará la resolución del proceso. Esta organización recibió por eso ayer las críticas de algunas de las organizaciones sindicales que recurrieron el acuerdo de la carrera profesional entre la función pública. «Lo que están haciendo», afirmó ayer Lucas Álvarez, presidente de la Unión Autonómica de CSIF, «es darle una coartada y un balón de oxígeno a la Administración. Le están haciendo el juego sucio y siguen en su línea de "toma el dinero y corre"» mientras el Gobierno, asegura Álvarez, «continúa de rositas y nunca va a tomar la responsabilidad que debe asumir».

Los mayoritarios

Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, suscribieron en la mesa general con el Principado el acuerdo del 27 de diciembre de 2006 que dio origen a la carrera profesional de los funcionarios, ahora paralizada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Las fuerzas sectoriales

Ambas centrales sindicales figuran como «codemandadas», al igual que ANPE, en el recurso que contra ese acuerdo presentó la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y que la semana pasada desembocó en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Con las posiciones de este sindicato coinciden además las que han manifestado otras centrales, como SUATEA, CSIF o la Federación de enseñanza de CC OO, que se ha desmarcado de las posturas marcadas desde la dirección regional del sindicato.

 

Diez dirigentes de CC OO de educación dimiten por discrepancias con la dirección

Lne, M. P.


La sentencia que anula el desarrollo de la carrera profesional del Principado ha puesto a unos sindicatos frente a otros y ha hecho incluso surgir las discrepancias en el seno de algunas fuerzas sindicales. Es el caso de la Federación de enseñanza de Comisiones Obreras de Asturias, donde ayer anunciaron su dimisión diez de los 21 miembros de la comisión ejecutiva. El motivo son las dificultades que para su labor y reivindicaciones suponen las discrepancias con la cúpula del sindicato. La sección educativa se ha desmarcado de las posiciones de la Unión Regional de CC OO, firmante con el Principado y UGT, entre otras fuerzas sindicales, del acuerdo que dio origen a la carrera profesional, en este aspecto y otros, como la reivindicación de las mesas sectoriales de negociación que la Federación de enseñanza reclama sin acuerdo con la dirección del sindicato. En esas discrepancias se fundamenta la dimisión que materializarán el lunes, según han anunciado, el secretario general de la facción de educación, José Ángel Piquero, y otros diez componentes de la ejecutiva.

No es sino un síntoma más de los frentes que ha abierto el conflicto sobre la política laboral del Gobierno del Principado con sus funcionarios. Las posiciones de CC OO y UGT han sido cuestionadas por algunos sindicatos sectoriales, sobre todo del ámbito de la educación, y esta Federación de enseñanza de CC OO que acaba de materializar su ruptura con la dirección regional de su sindicato. Los hasta ayer dirigentes de la Federación educativa de la central sindical lamentan en un comunicado, «con tristeza e impotencia, no haber sido capaces de encontrar cauces ni voluntad de encuentro por parte de la dirección regional».

 

 

Los riesgos de no seguir pagando

El recurso de la sentencia ante el Supremo sólo deja una certeza: la solución se aplazará al menos un año

Lne, M. P.


La decisión del sindicato educativo ANPE de llevar hasta el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula el desarrollo de la carrera profesional abre un abanico de incertidumbres y una única certeza: la resolución del conflicto se aplazará por lo menos un año. Ese es el plazo estimado para que el alto tribunal decida si admite a trámite el recurso. En caso afirmativo, la sentencia, según fuentes jurídicas, se demoraría al menos otros dos años.

La presentación del recurso, apuntan las mismas fuentes, no obliga al Principado a mantener el pago del complemento «a cuenta de la carrera profesional» que viene efectuando desde enero de 2007. Puede dejar de pagar, tal y como ha anunciado, para acatar la sentencia del TSJA, o seguir haciéndolo. Cualquiera de estas dos decisiones tendrá sus implicaciones, técnicas y políticas, cuando dentro de unos años se conozca el fallo del Supremo.

l Si paga y el alto tribunal desestima el recurso, la devolución de el dinero abonado sólo sería efectiva si una de las partes, el Principado o los sindicatos denunciantes, pidiese la ejecución de la sentencia.

l Si no paga y el Supremo avala las tesis de los recurrentes, el Principado podría verse obligado a abonar todas las cantidades pendientes y algo más, los atrasos y los intereses. El desembolso total por este concepto ha ascendido, desde el 1 de enero de 2007, a 52,5 millones de euros (21 millones al año). Hasta ahora, el Gobierno regional ha manifestado siempre que su postura contraria a recurrir la sentencia del TSJA se ha basado en la necesidad de evitar esta posible obligación de devolver el dinero.

Queda pendiente de resolver, mientras tanto, la diferente situación que tienen los 14.000 trabajadores que firmaron y cobraron el complemento de la carrera con respecto a los aproximadamente 5.000 que decidieron no adherirse. Ayer, el sindicato CSIF se ofreció para apoyar las reclamaciones judiciales que, a título individual, decidan emprender todos los trabajadores para exigir el abono de los complementos salariales a cuenta de la carrera profesional.

Y se dirigen a todos los funcionarios, tanto a los que se adhirieron a la carrera como a los que no firmaron, y les instan a reclamar teniendo en cuenta que «el recurso de ANPE al Tribunal Supremo no paraliza la ejecución de la sentencia» y que esta no anula el acuerdo de pago, sino el desarrollo posterior que el Principado hizo de la carrera exigiendo la suscripción de un documento de incorporación.

Juan Gavira, secretario de acción sindical de CSIF en Asturias, aprecia «muchas posibilidades de ganar» los recursos que se presenten para reclamar el pago, toda vez que entiende que la sentencia elimina las diferencias entre firmantes y no firmantes de la carrera. Lucas Álvarez, presidente de la unión autonómica del sindicato, considera asimismo que «no hay razones para que se paralice el pago y mucho menos para que se devuelva el dinero».

 

 

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