La "Carrera profesional" como ejemplo de la ineptitud de un Gobierno de "izquierdas"

Ahora resulta que el PP ha de actuar de oposición ante el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT

 

 

El Gobierno regional promete legalizar la carrera profesional a partir de septiembre

El presidente del Principado se compromete a trabajar «para restituir el pago» a los funcionarios
Los sindicatos reclaman plazos concretos

 

Lne, M. P. / P. G.

Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado, se comprometió ayer a llevar al Parlamento tras el verano la ley que permita legalizar los pagos por la carrera profesional de los funcionarios. La aprobación de esta ley es el requisito que establece una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), recurrida en el Supremo por el sindicato ANPE, para volver a poner en marcha una carrera profesional a la que se habían acogido 14.000 de los 19.000 funcionarios del Gobierno regional afectados -los de Sanidad tienen una carrera profesional diferente que no está afectada por la sentencia del TSJA-. El Gobierno regional destinó 52,5 millones de euros a la carrera profesional hasta su anulación por los jueces.

Se trata, según el Gobierno regional, de articular una fórmula que dote de soporte legal al pago de los complementos para los funcionarios afectados. Incluidos, precisaron en el Principado, los de educación, cuya situación retributiva depende del Estatuto del Funcionariado Docente, que debe tramitar el Ministerio de Educación y para el que no tiene aún plazos ni calendario. El Gobierno regional, según las mismas fuentes, buscará una fórmula para poder retomar los pagos «a todos los trabajadores» cumpliendo la sentencia del TSJA que exige que la carrera profesional tenga «un soporte legal».

«Los tribunales han establecido cuál es la línea a seguir. Por tanto, la solución que se tiene que articular es la fijada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dado que la disposición a adoptar ha de tener rango de ley, ya estamos trabajando para procurar que los plazos sean lo más breves posibles. En el próximo período de sesiones someteremos a esta Junta General alguna iniciativa al respecto», explicaba ayer Areces en el último Pleno hasta septiembre.

Areces se comprometió a cumplir el acuerdo con los sindicatos UGT, CC OO y Cemsatse suscrito en diciembre de 2006 para articular la carrera profesional. «Trabajaremos para cumplir los acuerdos que firmamos con los sindicatos y para restituir el pago que acaba con una situación injusta de desigualdad entre empleados públicos, y para cumplir con lo establecido en las sentencias judiciales», apuntó Areces.

El Presidente acusó al PP de esta «injusticia»: «Fue un Gobierno del PP quien estableció por primera vez la figura de la carrera profesional con las leyes del ámbito sanitario de 2003. Pero era un modelo sólo para una minoría de funcionarios, para licenciados y diplomados sanitarios». Para acabar con estas diferencias se aprobó el pago a cuenta del primer tramo de la carrera profesional a los docentes y funcionarios que cumpliesen cinco años de antigüedad. «Se realizó sin reparos y sin observaciones de los órganos asesores del Gobierno, con un informe favorable de la Comisión de Secretarios Generales Técnicos», dijo Areces. El Presidente se defendió de las acusaciones sobre la coincidencia de la medida con las elecciones autonómicas. «¿Por qué se aprobó en mayo de 2007? Pues porque era preciso que se aprobara primero el Estatuto Básico del Empleado Público que reconocía por primera vez la figura de la carrera profesional. Y esto se hizo el 12 de abril», relataba. «Hemos ganado las elecciones en tres ocasiones consecutivas, con carrera o sin ella», dijo para recomendar al PP que «no intente explicar sus fracasos por esta vía tan simple».

Areces trató de resaltar las contradicciones del PP, esgrimiendo que en junio de 2008 los populares «votaron una proposición no de ley que exigía de forma inmediata el pago del segundo nivel de la carrera a cuenta». El PP respondió presentando la resolución utilizada por Areces, que se completa con una petición que instaba a la Cámara a presentar un proyecto de ley para dar cobertura legal a la carrera profesional. El dirigente socialista señaló que otras instituciones del Principado, como la Junta, la Procuraduría o la Sindicatura, siguieron el mismo modelo para pagar este complemento a sus trabajadores. «Y ustedes -dijo al PP- avalaron ese acuerdo».

Mientras, UGT y CC OO llevarán el jueves a la reunión de la mesa general de negociación la exigencia del calendario concreto que no ha facilitado el Gobierno para dar un marco legal a la carrera. «Nos urgen plazos cortos», afirma Manuel Nieto, de CC OO, que propone un modelo: añadir una disposición transitoria a la ley actual de función pública «agilizaría más la situación» que la tramitación de una nueva norma.

Luis Ángel Ardura, de UGT, adelanta que «no nos vale que nos digan que lo van a arreglar, pero que no saben cuándo». Apunta que Extremadura ya lo resolvió modificando la ley existente y confirma que «muy probablemente» UGT llevará al Supremo la sentencia del TSJA.

El Gobierno pidió ayer al PP que no trate de darle «lecciones» en la buena aplicación de las leyes con motivo de la polémica de la carrera profesional. Durante su intervención, Areces desempolvó una carta que el popular Ramón García Cañal, cuando era consejero en el Gobierno de Sergio Marqués, envió a los funcionarios del Principado prometiéndoles un aumento de 30.000 pesetas (180 euros) en 1997 para evitar la congelación salarial de los funcionarios impuesta por el Gobierno de Aznar. En la imagen, Ana Rosa Migoya entrega a Cañal una copia de la misiva. 

 

 

 

El PP dice que Areces «pagó» la campaña con los 52 millones de la carrera profesional

Los populares afirman que el Gobierno socialista aprobó la mejora salarial a 14.000 funcionarios «porque iba muy mal en las encuestas»

 

Lne, Pablo GONZÁLEZ

El minuto de oro del último Pleno de la Junta del Principado antes del parón veraniego fue para la pregunta al presidente que Ovidio Sánchez, como portavoz del PP, dirigió al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, sobre en qué tiempo y forma se aclarará el horizonte de la carrera profesional. Aunque al final la cuestión se convirtió en un cruce de acusaciones sobre el uso o no de la carrera profesional como elemento electoralista. «Pagó la campaña con fondos públicos», fue una de las acusaciones de Ovidio Sánchez al Presidente. Otra, que «se cree que está por encima de la ley».

Y es que para el presidente de los populares asturianos la decisión tomada por el Gobierno de Areces en mayo de 2007 de poner en marcha el pago de un complemento salarial, y de forma retroactiva al 1 de enero, no fue más que un acto electoral. «Lo aprobaron una semana antes de las elecciones porque iban muy mal en las encuestas», acusó el político conservador a Areces.

«Usted (en referencia a Areces) utilizó un ardid para dar millones de dinero público. Les dijo a los funcionarios que le votasen porque les iba a subir el sueldo», aseveró Sánchez en referencia a los 52,5 millones de euros que el Principado ha pagado en los dos años y medio que lleva en marcha el incentivo y cuya ausencia de base legal ha sido puesta de manifiesto por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Esta sentencia ha sido recurrida por el sindicato de educación Anpe ante el Tribunal Supremo.

La polémica que ha suscitado la sentencia, y la posibilidad, una de varias, de que el Principado tenga que recuperar lo pagado, también es tenida en cuenta por el Partido Popular. «Se pagó la campaña con fondos públicos pensando que iba conseguir calmar a 14.000 funcionarios. Pero ahora es todo lo contrario», analizaba Sánchez ante las distintas posiciones que el fallo judicial ha provocado entre los empleados públicos afectados y las centrales sindicales.

Para Sánchez el principal culpable de la situación no es otro que Areces. «Esta Cámara ya le indicó que debía buscarse la fórmula legal para hacerlo y no hizo caso. Usted se cree que está por encima de la ley. Ve lícito pagarse su campaña con fondos de todos los asturianos», dijo Sánchez. El líder del partido conservador asturiano zanjó su intervención asegurando que en el Principado de Asturias se necesita «una Administración bien gestionada, que esté regida por los principios de igualdad y mérito, no una Administración dominada por el clientelismo político y la arbitrariedad».

 

 

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