Presumible negociación sobre la "Carrera profesional"

Todo indica que tanto el Gobierno asturiano como CCOO y UGT preparan una salida "negociada" sacada de la chistera; ni unos ni otros son de fiar, según parece

 

 

 

Los sindicatos y la carrera profesional

 

Juan Francisco Cañete Romero (Noreña)

Lne, cartas de los lectores

 

Con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre la carrera profesional de los empleados públicos por la que se anula el procedimiento de solicitud de incorporación a la carrera y desarrollo profesional de los empleados públicos que prestan sus servicios en la Administración del Principado de Asturias y sus organismos se ha abierto todo un cúmulo de opiniones, argumentaciones, posicionamientos, contradicciones, ataques mutuos, responsabilizando unos a los recurrentes, otros a los recurridos: Gobierno regional y estructuras regionales de CC OO y UGT, sus cúpulas negociadoras y firmantes de la concertación paz social en Asturias.

 

Lo que, en mi opinión, está detrás del recurso contra la resolución de fecha 18 de mayo de 2007 que dispone lo que ahora se anula es la lucha por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, y dejar sin efecto la carrera profesional, que suponía la dependencia del evaluado al evaluador, evaluador que a su vez es nombrado en la mayoría de los casos a dedo (nombramientos políticos) y esta «evaluación del desempeño» viene a extender el clientelismo y la sumisión incluso a aquellos puestos que, por su bajo perfil de responsabilidad y retribución (puestos base), estaban ajenos a la vorágine del servilismo decimonónico. Enmascaradas de modernidad, se pretendió extender las relaciones de complicidad, lealtad absoluta de las élites funcionariales a la clase política dirigente a todo el conjunto de la Administración, para poner de forma definitiva la cosa pública al servicio de la ideología del partido gobernante. Más que un servicio a la ciudadanía, un servil instrumento de los gobiernos de turno.

 

Naturalmente la mejor manera de sacar adelante un determinado proyecto que tiene como objetivo final la más sutil sumisión, que nada tiene que ver con la subordinación conforme a derecho, que entregar unos dineros para que individual, que no colectivamente, se asuma la resolución acordada, a costa de la pérdida de los derechos colectivos, de la primacía de la capacidad o el mérito. Y a quienes deciden el plus salarial, los que evalúan, no son los representantes políticos, son otros nombrados a dedo por los mismos, a los que nadie evalúa su capacidad o su falta de capacidad.

 

En la Administración pública, como en otros sectores, es necesaria la existencia de capacidad negociadora para regular las condiciones de trabajo. Imprescindible la negociación colectiva para impedir la individualización de las relaciones laborales, que es lo que ha sucedido con la implantación de la carrera profesional.

 

El Gobierno asturiano al actuar así introduce modelos de gestión mercantil y de control empresarial privado en la Administración, dejando en un plano inferior los intereses generales de la ciudadanía.

 

El plus salarial relaciona retribuciones con arbitrariedad del evaluador, y acentúa las diferencias retributivas entre los empleados públicos.

 

La potenciación de lo público frente a la privatización debe guiar a los gobiernos, y entre los agentes sociales, fundamentalmente los sindicatos, deben oponerse a cualquier riesgo de externalización.

 

Y en vez de decir que «hay que escorrerlos a gorrazos», se supone que lo dirigen a los sindicatos recurrentes, se dediquen a defender criterios colectivos, racionales, hagan prevalecer la dignidad de los y las trabajadoras, luchen por mejoras salariales en el sector, lo que es justo y legítimo, pero no a cambio de sometimientos injustificables.

 

Mi mayor respeto a los trabajadores de la subministración pública, a los de la sanidad y a los de la enseñanza, y, dentro de estos, a la Federación de Enseñanza de CC OO, que han demostrado una actitud valiente y honesta en la lucha por la dignidad en este proceso abierto de la carrera profesional frente a la cúpula regional de su sindicato.

 

Y finalmente decirle a las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo anulado, que nadie dice que hay que escorrerlos por aceptar reformas laborales que más bien favorecen a los grandes empresarios, y que sería necesario que firmasen con el Gobierno regional la intervención real en las empresas que cierran pese a tener beneficios, como el caso de Vesuvius, o en las que recortan sus plantillas, o a los que despiden improcedentemente a sus trabajadores, o a los que incumplen la legislación laboral a diario, a los que pasan del cumplimiento de la normativa en materia de salud laboral y contra la siniestralidad.

 

En definitiva, es necesario un acuerdo para que de verdad nuestros representantes políticos y sindicales hagan efectivo el derecho a un puesto de trabajo, o, en su caso, a la más amplia protección social.

 

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El Principado valora cesiones a los sindicatos minoritarios para rescatar el pago del plus

La Administración sopesará recuperar las mesas sectoriales que reclaman las centrales que forzaron la suspensión del complemento salarial en los juzgados

 

Lne, Marcos PALICIO / J. A. ARDURA

 

 

La sentencia que anula el desarrollo de la carrera profesional de los funcionarios autonómicos ha modificado el escenario de la negociación sindical en Asturias. Lo ha hecho hasta tal punto que los sindicatos mayoritarios ya no se cierran a la apertura de las mesas sectoriales de las que hace unos meses renegaban ante las demandas de los minoritarios. Desde UGT, que en abril votó en contra de esos ámbitos específicos para la discusión en cada sector de la función pública, se afirma ahora: «No estamos cerrados a que se convoquen y que este aspecto podría ser valorado hoy» en la reunión que mantendrán el Principado y los sindicatos representados en la mesa general de negociación -UGT, Comisiones Obreras y los sectoriales CEMSATSE y USIPA-. De esta forma, el Principado sopesará ceder a las peticiones de las centrales minoritarias que forzaron la suspensión de la carrera profesional en los juzgados. El objetivo: recuperar la carrera profesional con el máximo consenso.

El encuentro de hoy ha sido solicitado de forma «urgente» por las fuerzas sindicales mayoritarias para analizar la nueva situación tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). La mesa general puede decidir la apertura de las sectoriales, en las que se debatirán los asuntos propios de cada ámbito: educación, sanidad, administración y servicios o justicia.


Luis Ángel Ardura, secretario de acción sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, afirma que, en todo caso, «el escenario es completamente diferente» y en él pueden caber también los sindicatos minoritarios, incluidos los que presentaron el recurso que ha desembocado en la sentencia que cuestiona el desarrollo de la carrera profesional llevado a cabo por el Principado.

CC OO, por su parte, articulará su postura en una reunión previa al encuentro que se celebrará este mediodía y en el que los sindicatos mayoritarios exigirán al Principado celeridad en la tramitación de las leyes que deben dar sustento normativo a la carrera profesional, tal como establece la sentencia del TSJA. «Pediremos que todo eso se agilice», apunta Ardura, y que la norma «entre como anteproyecto de ley en la primera sesión plenaria de la Junta General, tras el verano». El dirigente sindical insiste en que la sentencia no anula el acuerdo que dio origen a la carrera -suscrito en la mesa general por el Principado, UGT y CC OO, entre otros-, sino el desarrollo que de él hizo después el Gobierno regional: «Nosotros no tenemos la culpa de que no haya desarrollo normativo», asegura.


Mientras tanto, los sindicatos minoritarios, que llegaron a manifestarse para demandar la convocatoria de las mesas sectoriales, se mantienen a la expectativa y recelan del Principado. La presidenta de la junta del personal docente, Beatriz Quirós (SUATEA), sospecha que el Gobierno regional «se sacará de la manga alguna ocurrencia». Quirós reprocha al Ejecutivo asturiano que persista en su actitud de no convocar al resto de sindicatos. «El Gobierno regional debe convocar ya la mesa sectorial, como ha hecho el Ministerio de Educación». La dirigente del SUATEA, que apoyó el recurso contra la carrera profesional presentado por CSI, sostiene que cualquier medida que adopte el Principado «debe dar cobertura a todo el profesorado», afirma en referencia a los docentes que no firmaron su adhesión a la carrera profesional y a los interinos, que no entran en ella. Desde CSIF, su presidente autonómico, Lucas Álvarez, afirma lo que «siempre hemos pensado: que entre la administración y los grandes sindicatos van a acordar una solución para presentarse otra vez como salvadores de la patria. Deben mover ficha».

 

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Los docentes piden una mejora ajena al desarrollo de su estatuto

 Lne, J. A. A. / M. P.


La reunión de la mesa sectorial nacional de educación y la intención del Ministerio de tener listo en un año el estatuto docente «no cambia para nada la situación de Asturias. La solución aún está por llegar». El sindicato CSIF aclara que la ley de Función Pública de Asturias no es competente para desarrollar la carrera profesional de los docentes, que depende exclusivamente del estatuto que se debe tramitar en Madrid, pero que «hay otros remedios» para eliminar el desfase salarial que mantienen los profesores asturianos respecto a los del resto del país.

«Para mejorar las retribuciones no es necesaria la carrera profesional», afirma Lucas Álvarez, presidente autonómico de CSIF en el Principado, que se apoya en los ejemplos del resto de España. Lo que se hizo allí y se debe afrontar en Asturias, dice, es una modificación de la ley de Función Pública para actualizar las retribuciones de los docentes «mejorándoles el complemento específico, el único para el que tiene competencias la comunidad autónoma».

El sindicato acepta que «el estatuto traerá la solución», pero a la vez asegura que «lo que está sucediendo en Asturias es algo distinto; la carrera profesional llegará cuando tenga que llegar, pero las cantidades percibidas por un segmento de los docentes y no cobradas por otro son otra cosa. La consejera Migoya vuelve a lavarse las manos y no ha hecho ni un solo gesto para presentar su dimisión por una nefasta gestión que abarca a casi un tercio de los empleados públicos asturianos», concluye CSIF en un comunicado.

 

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