El Gobierno regional se enfrenta al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a la oponión pública y al sentido común

Los partidos gobernantes PSOE-IU son los responsables del tinglado montado que enfrenta al poder público -los funcionarios lo son- con los ciudadanos que sufragan con sus impuestos estas veleidades, mientras los ciudadanos y, especialmente 70,000 parados, cerca del 20%, contemplan la escena. 

 

 

El Principado da marcha atrás y anuncia ahora que mantendrá el plus a 14.000 funcionarios

El Gobierno pagará el complemento según la fórmula anulada por el Tribunal Superior de Justicia al considerar que el fallo no es firme - Migoya rechaza aprobar el abono al resto de trabajadores, unos cinco mil, «pues no es oportuno ir contra la sentencia»

 

Lne, Marcos PALICIO / J. A. ARDURA


El Principado seguirá pagando el plus de la carrera profesional -hasta 216 euros por persona- a catorce mil funcionarios, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anuló el complemento. El Gobierno del Principado da marcha atrás -su portavoz Ana Rosa Migoya había anunciado tras la sentencia que la Administración dejaría de pagar el complemento debido a la «debilidad jurídica» del acuerdo que lo desarrollaba- y asegura ahora que no tocará la carrera profesional.

La Administración seguirá así pagando los complementos retributivos sólo a los funcionarios que ya los estaban percibiendo, los 14.000 que firmaron la carrera, y mantendrá sin plus a los 5.000 que no se adhirieron al acuerdo. El Ejecutivo regional prolongará los pagos pese a que la sentencia del TSJA anuló el desarrollo de la carrera y, más concretamente, ese procedimiento de pagar sólo a quien firmara.

El Principado, que se comprometió a acatar el fallo del TSJA, incluso al día siguiente de conocer el recurso al Supremo presentado contra él por el sindicato ANPE, decide ahora mantener los pagos. El Gobierno, que se había posicionado, a través de su portavoz Ana Rosa Migoya, incluso contra los recursos, porque podrían acabar forzando una devolución del dinero, mantiene el pago al entender que la sentencia no es firme, puesto que los recursos de casación interpuestos -por UGT y CC OO, además de por ANPE- aplazan la resolución definitiva del proceso. Según fuentes jurídicas, sin embargo, el Principado no está obligado a seguir pagando, toda vez que la mera presentación de los recursos no anula la validez de la sentencia. De esta forma, el Ejecutivo era libre para elegir.

La rectificación llega tras una reunión entre el Gobierno regional y los sindicatos representados en la mesa de negociación general: UGT, CC OO, CEMSATSE y USIPA, que se mostraron «satisfechos».

Con esta decisión, el Principado aleja el problema. Ataja la crítica de los funcionarios al seguir pagando y gana alrededor de cinco años, la media que tarda el Supremo en resolver, para legalizar la carrera. Ayer se comprometió de nuevo a agilizar los trámites legislativos sin dar los plazos concretos que pedían los sindicatos mayoritarios.

El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, afirmó, según un comunicado hecho público ayer, que la Junta General recibirá una propuesta para legalizar la carrera profesional «en el próximo período de sesiones» -tras el verano- y admitió, eso sí, las situaciones distintas en que se encuentran los funcionarios docentes y el resto de funcionarios. «El marco definitivo para recoger a todo el conjunto de empleados públicos del Principado», aseguró el Presidente, «se va a poder hacer a través de una ley de Función Pública del Principado y de un estatuto básico docente, cuyo desarrollo exige que previamente lo aborde el Gobierno de España». A la tramitación de esta ley, que está paralizada, le queda, según el Ministerio, al menos un año.

Portavoces de sindicatos sectoriales, CSIF y ANPE entre ellos, llamaron la atención sobre el cambio de postura del Principado. El presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez, tiene una explicación. «No van a acatar la sentencia», apunta, «porque tras la presentación de nuestro recurso se asesoraron en una consultoría de Madrid muy renombrada y les dijeron que el recurso estaba bien planteado y que debían seguir pagando».

Mientras tanto, la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, descartó ayer ampliar los pagos a cuenta de la carrera profesional a los 5.000 profesores que no se incorporaron a ella dentro del plazo preceptivo, bien porque no lo juzgaron oportuno o porque no cumplían las condiciones fijadas por el Principado. Migoya justificó esa negativa en el interés del Gobierno regional de acatar la sentencia del TSJA. «No parece oportuno abrir en este momento decisiones que van en dirección contraria al fallo».

La reunión de ayer -en la imagen- escenificó el «cambio de escenario» que habían anunciado los sindicatos mayoritarios respecto al ámbito de negociación. Este mes se convocarán las mesas sectoriales a las que UGT y CC OO se oponían hasta ahora en contra de la postura de los sindicatos minoritarios. Éstos ponen reparos al modo en el que se ha acordado su constitución. SAE, Sindicato de Auxiliares de Enfermería, detecta un detalle en la «letra pequeña» según el cual «los acuerdos de las mesas sectoriales, donde UGT y CC OO no tienen mayoría, deberán ser ratificados por la mesa general y quedarán, por tanto, subordinados a su aprobación en ésta, donde sí la tienen».

 

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Los denunciantes ven «una huida hacia delante que profundiza en una actuación ilegal»

SUATEA afirma que el Gobierno «sólo alarga el problema» y reclama «una solución dentro de la legalidad»

 Lne, M. PALICIO

 

Foto, fernando geijo

 Una «huida hacia delante para ganar tiempo» que «no es solución», «sólo alarga el problema» y profundiza en «una actuación ilegal de la Administración». José Antonio Alonso, del sindicato educativo SUATEA, valora así la decisión del Principado de mantener el pago a cuenta de la carrera profesional para los funcionarios que se adhirieron a ella. La organización sindical, una de las que apoyaron el recurso presentado por CSI contra la carrera, considera que la opción escogida por el Gobierno regional «les permite seguir discriminando a 5.000 docentes que no cobran y que tendrían derecho a ello, avalados por la justicia». Alonso se refiere a los funcionarios que se negaron a «firmar en blanco» su adhesión a la carrera y completa el argumento proclamando que «no vamos a admitir una salida ilegal».

A su juicio, la única admisible sería «una solución dentro de la legalidad», consistente en incluir los pagos a cuenta de la carrera profesional «dentro de uno de los conceptos retributivos que la sentencia del TSJA declara legales, es decir, el sueldo base, el complemento específico... Así se ha hecho en Cantabria, Castilla y León, Murcia o Castilla-La Mancha, comunidades con gobiernos del PSOE y del PP», afirma.

Detrás de todas estas decisiones, asegura el portavoz de SUATEA, «no está Ana Rosa Migoya, sino otros como Luis Iturrioz, viejo compañero de Areces, o el director general de Función Pública, Daniel Álvarez, es decir, el sector socioliberal del PSOE».

«La salida es incluir los pagos en uno de los conceptos que el TSJA considera legales»
SUATEA

 

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El problema pendiente de 5.000 «discriminados»

Lne, M. P.

El cambio de orientación del Principado no se escapa a la valoración de los sindicatos sectoriales que apoyaron el recurso contra la carrera. Para Juan Gavira, del denunciante CSI, el Gobierno «se lo ha pensado mejor» y ha dado marcha atrás desde donde dijo que iba a dejar de pagar «para devolver la bofetada a los sindicatos díscolos». Pero deja sin resolver «el problema de fondo de más de 5.000 funcionarios perjudicados, discriminados, que no están cobrando el complemento». A Gavira le llama asimismo la atención que «normalmente el Principado espera a tener el testimonio de firmeza para acatar una sentencia y en este caso haya dicho al día siguiente que cumpliría esta resolución».

Desde el sindicato ANPE, el que presentó el primer recurso al Supremo contra la sentencia del TSJA, Gumersindo Rodríguez entiende que ha logrado su objetivo. «A la Administración», afirma, «no le quedaba más remedio que seguir pagando. El recurso de ANPE imposibilitaba de facto el acatamiento de la sentencia que había manifestado la Consejera para ahorrarse dinero, porque seguramente era ésta su verdadera intención». Rodríguez da la «bienvenida» a «la no paralización del pago a cuenta» y espera «una norma que dé cobertura a todos los empleados» y esquive «la tentación de dejar a los docentes fuera».

«El Principado dijo que dejaría de pagar, para devolver la bofetada a los sindicatos díscolos»
<Juan Gavira >  CSI

«Lo que quería Migoya cuando dijo que acataría la sentencia era ahorrar dinero» <Gumersindo Rodríguez > ANPE

 

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Los juristas, entre un «error» jurídico y una «decisión política razonable»

El Principado «no hace mucho caso de la sentencia del TSJA», afirman

Lne, M. P.


Expertos juristas observan la postura del Principado respecto a la carrera profesional de sus funcionarios como «un notable error» jurídico que puede llegar a ser una «solución razonable» desde el punto de vista político. Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo, la entiende como «decisión política que no hace mucho caso de lo que dice la sentencia del TSJA», pero que alcanza objetivos políticos al no molestar a los funcionarios.

«No les perjudica», afirma Bocanegra, y la solución es políticamente «razonable y sensata», si se tiene en cuenta además que «es completamente improbable que alguien pida la ejecución provisional de la sentencia, porque se le pediría una fianza altísima». El jurista repite que el Principado «no estaba obligado a seguir pagando; de hecho, no iba a hacerlo», y considera éste un pleito «atípico» en el que ni una parte -los sindicatos denunciantes- ni la otra -el Gobierno- es partidaria de la devolución del dinero cobrado. Estas circunstancias excepcionales dan al Ejecutivo, a su juicio, «más campo abierto, más libertad de acción».

Javier Junceda, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Internacional de Cataluña, considera que el Principado comete «un error notable» al seguir pagando los complementos asociados a la carrera profesional sin tener «esa norma que se necesita para sanear la situación previa». Junceda opina que la situación se mantiene «al albur de que cualquier persona pueda pedir ante el Tribunal de Cuentas que se reingrese el dinero desembolsado al Tesoro Público asturiano» y considera «improbabilísima» la estimación de los recursos interpuestos por los sindicatos contra la sentencia del TSJA. «La resolución es impecable», argumenta.

Desde el Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies, Xabiel Villa mantiene la visión de una «chapuza» que mantiene «una situación impresentable». Se refiere a la discriminación del pago a unos funcionarios que deja fuera a otros y afirma que «nuestra posición sigue exigiendo que se pague a todo el mundo, al que lo pidió y al que no, porque el acuerdo de pago sigue vigente». Siguiendo esa misma línea argumental, el colectivo de funcionarios mantiene viva la recomendación de reclamación judicial del complemento para los trabajadores que no lo perciben. Desde un punto de vista jurídico, Vega entiende que la sentencia no es firme y que la presentación de los recursos de casación «suspende la eficacia de la sentencia».

 

 

 

 

 

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