El Gobierno, CCOO y UGT mantienen su posición frente a la sentencia del TSJA y continúan con la discriminación en el pago de la "Carrera profesional"

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 IU pretende enfrentarse  a la situación pero olvida que forma parte del Gobierno al que simula enfrentarse

 

 

 

«El Gobierno regional ha caído en una actitud de insumisión jurídica»

«Prolonga una situación ilegal, totalmente discriminatoria e injusta»

 

foto, luisma murias

Miguel Ángel González Coordinador de administración autonómica de CSI

Lne, M. P

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La Corriente Sindical de Izquierda (CSI) tiene su propia imagen sobre los últimos movimientos del Principado en el terreno de la carrera profesional y se rebela contra lo que estima que es la prolongación de una situación ilegal. Miguel Ángel González, coordinador de administración autonómica del sindicato que planteó el recurso que ha desembocado en la reciente sentencia del TSJA, entiende que el mantenimiento de los pagos según el formato anterior a esa resolución supone caer en «una insumisión jurídica».


-El Principado sostiene que sigue el camino marcado en la sentencia. ¿Va bien?


-No la acatan, esta decisión es una huida hacia delante y la reproducción de una situación que los tribunales acaban de declarar ilegal. Se paga a los mismos en las mismas circunstancias, el Principado ha caído en una actitud de insumisión jurídica. ¿Dónde quedó aquel «a partir de ahora lo haremos todo por el libro» que proclamaba la consejera Migoya? ¿Pero es que una Administración pública puede comportarse de otra manera que no sea «por el libro»?


-¿En qué situación les dejan los recursos interpuestos ante el Supremo?

-La Administración, a través de sus sindicatos títere, presenta unos recursos para alargar la situación y mantener los pagos. El del jueves es un pacto anunciado. Tras amagar con dejar de pagar, sabíamos que iban a reunirse para permitir a sus sindicatos amigos quedar como los salvadores, pero lo que hacen es prolongar una situación ilegal y además totalmente discriminatoria e injusta. Este acuerdo mantiene la vergonzosa discriminación que fraguaron la Administración y los sindicatos afines para favorecer la campaña electoral del PSOE. Siguen marginando a los que no nos adherimos a la carrera porque entendimos que era ilegal obligarnos, como ha asegurado el TSJA, pero también al personal interino y al fijo con menos de cinco años de antigüedad.


-¿Qué proponen?

-Que el dinero que está previsto pagar este año y el próximo se reparta sin dejar fuera a nadie.


-¿Les sirve la promesa de trabajar para dar cobertura legal a los pagos?

-Dicen que van a preparar algún tipo de normativa, pero no sabemos cuál va a ser. Tenemos la impresión de que lo único que buscan es una fórmula para seguir hacia delante en la misma situación. Ni siquiera sabemos si van a convocar las mesas sectoriales para este asunto.


-Al menos aceptan que se reúnan.


-Las habíamos pedido para democratizar y airear lo que se negocia en nuestra empresa, pero estas mesas nacen ya con un gran lastre, porque todos sus acuerdos estarán supeditados a que reciban el visto bueno de los sindicatos amigos en la mesa general. Esperamos que al menos los temas que se debatan en ellas sean realmente importantes, tanto como éste de la carrera profesional.

 

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Noventa empleados sin plus lo piden ante el juez tras el pleito ganado por cinco compañeros

El caso será juzgado por el tribunal que en enero consideró que todos los funcionarios tienen derecho al cobro

 

Una asamblea de empleados no adheridos a la carrera profesional. jesús farpón
 
Lne, Marcos PALICIO

El enredo jurídico a cuenta de la carrera profesional de los funcionarios del Principado cubrirá un nuevo episodio el próximo martes en un escenario conocido, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo. Allí comparecerán más de noventa de los aproximadamente 5.000 empleados públicos que no perciben los complementos asociados a la carrera y que han escogido la vía judicial para reclamar su equiparación salarial con los 14.000 que sí están cobrando. Aun antes de que se celebre el juicio, los demandantes apuntan «fundadas» esperanzas de que se les reconozca su derecho al cobro de los incentivos, toda vez que el tribunal que resolverá su recurso ya falló el pasado enero a favor de cinco funcionarios que no se habían negado a firmar el documento de incorporación a la carrera.


Entre los noventa que irán a juicio el martes hay trabajadores que están en esta misma situación, pero también interinos excluidos de ella y profesionales que no cumplen otros requisitos de acceso impuestos por el Principado, como la antigüedad de al menos cinco años en el mismo puesto. Sus reclamaciones han sido presentadas de forma unitaria por el sindicato CSI, el mismo que presentó en su día el recurso contra la carrera que ha desembocado en la sentencia anulatoria del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).


Aquella resolución de enero, que firma el magistrado José Ramón Chaves y que fue recurrida por el Principado, reconoce a los funcionarios demandantes «el derecho a percibir el complemento de productividad por incentivos al rendimiento en las mismas condiciones que quienes hubieren presentado solicitud formal al procedimiento de incorporación a la carrera y desarrollo profesional». El juez considera, pues, que la carrera profesional se ha venido aplicando formalmente como un complemento de productividad al que, como tal, todos los trabajadores tienen derecho.


Este fallo, anterior a la sentencia del TSJA que cuestiona el desarrollo de la carrera profesional, anticipaba ya que la resolución adoptada por el Principado el 18 de mayo de 2007 no era ajustada a derecho porque obligaba a los funcionarios a solicitar la incorporación a la carrera profesional para poder cobrar los complementos.


En concreto, la sentencia afirma que «puede entenderse en términos de eficacia burocrática la técnica seguida por la Administración para efectuar el pago, pero lo que es inaceptable jurídicamente es que tal proceder perpetre ostensibles discriminaciones entre funcionarios de la misma condición dentro de la misma Administración».

 

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«El Principado obvia los peligros que él mismo anunciaba», afirma SUATEA

Lne

El sindicato SUATEA, que apoyó el recurso presentado contra la carrera profesional, afirmó ayer que el Gobierno del Principado, «amparado en los recursos presentados por alguna organización sindical, obvia los peligros que él mismo anunciaba». La organización sindical se refiere a la advertencia que hizo el Principado para justificar su negativa a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), aduciendo que eso podría desembocar en la obligación de que los trabajadores devolviesen el dinero.

SUATEA considera que con su decisión de seguir pagando los pluses tal y como lo estaba haciendo, sólo a los funcionarios incorporados a la carrera, el Principado «emprende una temeraria huida hacia delante» que sólo pretende «ganar tiempo para intentar maniobrar a corto plazo, retrasando un problema que el propio Gobierno admitía que sería mucho más grave si recurría en casación ante el Tribunal Supremo y perdía». El sindicato sigue defendiendo el pago de un plus a todo el profesorado a través de un concepto retributivo legal, considera que los recursos al Supremo no tienen ninguna posibilidad de prosperar y advierte de que, «lejos de sentirse aliviados, quienes perciben el plus deben recordar que la justicia es lenta, pero acaba llegando, y probablemente en sentido contrario a sus intereses».

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El TSJA guarda silencio y se remite al texto de la sentencia

Lne

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) prefirió ayer guardar silencio ante la decisión del Principado de mantener los pagos a cuenta de la carrera profesional solo para los 14.000 funcionarios que firmaron su adhesión a ella. Fuentes del TSJA se remiten a lo dispuesto en la resolución, que definió «anulable» el procedimiento que desarrolla la carrera exigiendo como requisito, entre otros, esta suscripción de un documento de adhesión.



La resolución, contra la que han anunciado recursos los sindicatos ANPE, UGT y CC OO, estima el recurso interpuesto por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) al considerar que «no existe un desarrollo legal de la carrera» por la ausencia de una norma jurídica que le dé sustento. La presentación de los recursos ha dado pie al Principado a mantener los pagos conforme al procedimiento que venía utilizando y que se cuestiona en la sentencia. El Gobierno aduce que esta no es firme hasta que falle el Supremo.
 

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IU aconseja al Gobierno que tome medidas «con base legal» para evitar «otro ridículo»

Jesús Iglesias censura la «absoluta inactividad» de sus socios en el proceso para regularizar los pagos a los funcionarios - El PP critica los «bandazos» del Ejecutivo y «su incapacidad para asumir las consecuencias de sus actos irresponsables»

 

Ramón García Cañal. 

Lne , Marcos PALICIO

Izquierda Unida, socio del PSOE en el Gobierno del Principado, aconsejó ayer al Ejecutivo que «sea muy cuidadoso con todas las medidas que ponga en marcha» en relación con la carrera profesional de los funcionarios. Ante la decisión del Principado de seguir pagando el plus a los funcionarios según el mismo procedimiento que cuestiona en su sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el coordinador general de la coalición en Asturias, Jesús Iglesias, expuso su deseo de que la salida al conflicto «agote la negociación con los sindicatos y garantice que la fórmula que se ponga en marcha tenga base legal suficiente». A juicio de Iglesias, «no cabe correr riesgos de que la comunidad autónoma vuelva a hacer el ridículo como con la sentencia del TSJA», adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, que anuló el desarrollo de la carrera hecho por el Principado y contra la que tres sindicatos han anunciado recursos al Supremo.

«Cabe interpretar», sigue el coordinador de IU, «que el hecho de que la sentencia no sea firme sea la percha de la que se cuelga esa decisión de seguir pagando, pero en ningún caso es deseable que esta situación se prolongue en el tiempo», asegura. Iglesias insta al Gobierno a no repetir «la absoluta inactividad» que mantuvo en este terreno «durante la larga tramitación del recurso» que desembocó en la resolución del TSJA.

Una vez que once magistrados, «sin ningún voto particular, han llegado a la conclusión de que el desarrollo de la carrera no tenía base legal», apuntan en IU, «los sabios asesores jurídicos del Principado deberían buscar refugio político en Tanzania, por lo menos. A la vista de la demanda, alguien tenía que haber visto un riesgo claro de que se tumbara el acuerdo y haber aprovechado el tiempo para dar los pasos necesarios para legalizarlo».

Para el Partido Popular, es «el Gobierno el único responsable del caos al que se ha llevado a los empleados públicos con la carrera profesional» y los «bandazos» que ha dado tras conocer la sentencia «muestran su incapacidad para asumir las consecuencias de sus actos irresponsables». El diputado Ramón García Cañal advierte además de los riesgos que lleva asociada la decisión del Principado de mantener «el pago indebido de decenas de millones de euros» que suponen los complementos retributivos de la carrera para los funcionarios que se adhirieron a ella. «Si el Supremo ratifica la sentencia del TSJA», interpreta Cañal, «los funcionarios pueden verse obligados a devolver las cantidades que cobren a partir de ahora, pero si va más allá y declara nulo el acuerdo, también podrían tener que devolver lo cobrado desde 2007».

Por eso califican de «irresponsable» el movimiento del Gobierno. Para el dirigente popular, las soluciones están en la petición que ha efectuado su grupo para que se cumpla la resolución que la Junta General del Principado adoptó ya en junio de 2008 y que instaba al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley que diera cobertura normativa a la carrera profesional, el mismo que ahora ha reclamado el TSJA y que sigue pendiente. Las solicitudes del parlamentario popular se completan una vez más con la petición de depuración de responsabilidades en el gabinete de Areces, toda vez que, para él, «lo más lógico, como consecuencia del error gravísimo que se ha cometido, debería ser la destitución de la consejera Migoya, a pesar de que somos conscientes de que el máximo responsable es el Presidente».

El PP incluye entre los «bandazos» del Gobierno el apoyo que presta ahora a las mesas sectoriales de negociación con los sindicatos de la función pública. El diputado Emilio Rodríguez censura la «hipocresía» de UGT y CC OO, que se oponían a esa discusión por ámbitos hasta el pasado jueves.

 

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Migoya: «No existe un cambio de posición, lo que hay ahora es una realidad nueva»

La Consejera considera «válido y vigente este incentivo económico», al que promete «dar cobertura legal»

 

 Ana Rosa Migoya.
 
Lne, Mariola MENÉNDEZ



La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, quiso aclarar ayer en Nava la postura del Gobierno regional respecto al pago de los pluses de la carrera profesional a sus funcionarios. El Ejecutivo ha decidido seguir abonándolos a los trabajadores que se adhirieron a la carrera después de asegurar que acataría la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que cuestiona la legalidad del modelo de retribuciones establecido por el Principado. Para Migoya, «no existe un cambio de posición, lo que hay ahora es una realidad nueva, que consiste en que se han presentado recursos de casación ante el Tribunal Supremo. Y mientras no sean firmes, las sentencias no son ejecutables». Migoya hace esta afirmación pese a que tras conocerse el primer recurso, el de ANPE, siguió sosteniendo que acataría la sentencia.

Al valorar los pasos que dará el Principado en este terreno a partir de ahora, la portavoz del Ejecutivo apuntó que «la prioridad del Gobierno y de las organizaciones sindicales es trabajar en un marco jurídico estable para dar cobertura legal a este incentivo económico que consideramos válido y vigente». Migoya remarcó que «la tarea más inmediata y prioritaria es trabajar en la iniciativa legislativa que presentaremos en el Parlamento asturiano en el próximo período de sesiones». Con respecto a las valoraciones que de su última decisión han hecho los afectados, la Consejera se queda con las positivas: «Me congratula que la mayoría esté de acuerdo».

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