El conflicto por la "Carrera profesional": Extremadura lo arregló en dos párrafos

Paga a todos sus funcionarios tras modificar la ley de Función Pública

 

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Dos párrafos. Con eso se arregló en Extremadura la carrera profesional de los funcionarios que en Asturias ha encallado en los tribunales por la ausencia de una cobertura legal para el procedimiento de desarrollo que articuló el Gobierno del Principado. Desde que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) declaró «anulable» el modelo de carrera del Ejecutivo regional, los sindicatos asturianos han invocado con insistencia el ejemplo del arreglo extremeño. Allí, la ley de Presupuestos para 2009 introdujo dos párrafos en la ley de Función Pública de 1990 para dar forma, así, a una carrera profesional que no plantea exigencia de solicitud de adhesión alguna, como la asturiana, y sólo establece un requisito de acceso, una antigüedad de cinco años en el puesto.



Para todos los funcionarios extremeños que estén en esa situación, el pago es automático e irreversible. Según lo dispuesto en esa norma, se les pagan los complementos del primer nivel de la carrera sin condicionarlos a una evaluación posterior que podría obligar a devolver el dinero, como ocurrió en el Principado. Aquí, el punto más polémico de la resolución en la que el Principado desarrolla la carrera, la que anula la sentencia del TSJA, establece que el personal solicitante que «no superase la evaluación correspondiente deberá reintegrar las cantidades percibidas hasta la fecha por ese concepto». Es aquí donde los sindicatos que denunciaron y los funcionarios que decidieron no adherirse a la carrera detectaron que la Administración les exigía firmar «un cheque en blanco». Desde el Conceyu por otra Función Pública n'Asturies, explican que en Extremadura, «a diferencia de lo que sucedió en Asturias, no hubo un "cheque en blanco", un pago sin conocer las futuras condiciones de evaluación que podían obligar a devolver el dinero, sino un abono automático por cumplir sin más el criterio objetivo de los cinco años de antigüedad». Por un lado, continúa el colectivo de funcionarios, «allí sí hay una ley; por otro, no se somete a chantaje al empleado público».



Las dos regiones arrancan desde el mismo punto de partida. Desde el Estatuto del Empleado Público que exige que, antes de implantar la carrera profesional, cada comunidad autónoma apruebe por ley el sistema de evaluación que regulará la promoción dentro de la carrera. A pesar de que ese método evaluador está todavía por desarrollar y mientras llega, Asturias condiciona los pagos a «una evaluación futura que aún no existe», destacan desde el Conceyu, mientras que Extremadura abona los pluses del primer nivel sin condiciones ni exigencias de adhesión. En el Principado, 14.000 empleados firmaron su incorporación y 5.000 decidieron no hacerlo.

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