El TSJA falla contra el Principado: Anulado el nombramiento «a dedo» de más de 200 cargos

Dos sentencias tumban la designación de funcionarios a puestos de responsabilidad sin un concurso de méritos

 

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 Jesús María Chamorro, presidente de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJA.

 

 El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado el procedimiento utilizado por el Principado para nombrar a dedo a más de doscientos altos funcionarios. Dos sentencias cuestionan el uso del sistema de libre designación en lugar del concurso de méritos que la ley establece como «modo normal» para la provisión de puestos de trabajo en la Administración. En la segunda de esas sentencias, fechada el pasado 22 de junio, la Sala de lo contencioso-administrativo deja sin efecto un acuerdo del Consejo de Gobierno del 28 de noviembre de 2007 por el que se reestructuran las consejerías y se aprueban modificaciones en la relación de puestos de trabajo del Principado. El procedimiento de elección a dedo elegido aquí para designar coordinadores, analistas y asesores técnicos no se considera ajustado a derecho. La libre designación, establece la sentencia, está prevista en la ley como un método «excepcional» cuyo uso por parte del Gobierno regional en estos casos no está «explicado, razonado o justificado» en la naturaleza de los puestos cubiertos o las de las funciones que realizan esos empleados públicos.



Este fallo es el segundo en poco más de tres meses contrario al uso de este sistema de nombramientos utilizado por el Principado y resuelve un recurso interpuesto por tres componentes de la asociación Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies. El Gobierno regional recurrió en casación ante el Tribunal Supremo la primera sentencia, que el 30 de abril anuló por los mismos motivos el acuerdo de nombramiento de 161 jefes de servicio y de área, por lo que podría seguir el mismo procedimiento con ésta. En este caso, los recurrentes cuestionaban 43 designaciones, aquéllas a las que ellos podían concurrir, y la resolución declara nulo todo el acuerdo con el que se cubre más de un centenar de puestos de todas las escalas de la Administración. El fallo no supone que los beneficiados pierdan sus puestos, sino la obligación de convocar para cubrirlos un concurso de méritos.



La ley, según lo establecido en la sentencia, define la libre designación como un procedimiento con el que sólo podrán cubrirse «puestos determinados en atención a la naturaleza de sus funciones», un grupo en el que caben únicamente «los puestos directivos y de confianza que la ley relaciona». A esas circunstancias no se acogen los designados en los acuerdos del Consejo de Gobierno ahora anulados. A juicio del tribunal, el Principado no aclara «qué funciones de dirección o de especial responsabilidad merecen que sea necesario este sistema excepcional de provisión». La sentencia entiende que dentro de la Administración asturiana las funciones de dirección competen a las direcciones generales y secretarías generales técnicas, «cuyos titulares son los que se nombran libremente por decreto por esa especial responsabilidad» y su carácter de «puestos de trabajo de confianza».

 

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Un método «discrecional» frente a «una valoración objetiva»

 

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La elección de la libre designación frente al concurso de méritos como método de designación de altos funcionarios frente a otros retrata a la Administración que lo emplea. Eso opinan los componentes del Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies que interpusieron los recursos recién resueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.


Según el presidente de la asociación, Xabiel Villa, la libre designación «es un procedimiento totalmente discrecional de nombramiento y destitución en el que la Administración elige a quien estime oportuno para cubrir la plaza y lo destituye cuando pierde su confianza en él». Esto, a su juicio, «condiciona la imparcialidad del funcionario» frente al designado por concurso de méritos, un sistema «que requiere una valoración objetiva del currículum de los candidatos ajustada a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».


A juicio de Villa, «la utilización masiva de la libre designación es propia de una administración clientelista, con control político férreo de los funcionarios, mientras que el concurso es el procedimiento normal en una administración profesional, objetiva e imparcial».


«Sin justificación suficiente»


Ante el recurso contra el empleo del sistema de libre designación para cubrir 43 puestos de coordinadores, analistas y asesores del Principado, la sentencia del 22 de junio establece que «no se ha exteriorizado una justificación suficiente para que sea asumible la tesis de que el puesto de trabajo implique la especial responsabilidad determinante para que sea cubierto mediante libre designación».


¿Cuándo se acepta la elección «a dedo»?


Sobre la libre designación, dice la sentencia, «establece la ley una doble previsión: la primera es que podrán cubrirse por este sistema determinados puestos en atención a la naturaleza de sus funciones; la segunda consiste en que sólo podrán cubrirse así puestos de subdirector general, delegados y directores regionales provinciales, secretarias de altos cargos y aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad».

 

 

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