El Gobierno del Principado cae en el Juzgado

Educadoras afectadas por la anulación de oposiciones.  jesús farpón.

 

El diseño de la función pública hecho por el Gobierno suma derrotas, como la carrera profesional, las oposicione, etc.

 

 

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El Principado se ha abonado a hacer bueno el refrán «más vale un mal acuerdo que un buen juicio». Y es que en los últimos meses la política de personal seguida por el Gobierno regional se ha visto golpeada en reiteradas ocasiones por sentencias desfavorables ante reclamaciones de los trabajadores. La carrera profesional o los problemas que centenares de empleados públicos han tenido con las oposiciones son algunos ejemplos.


El último de estos casos reseñabais se encuentra en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula el procedimiento seguido por el Principado en la designación de más de doscientos altos funcionarios de la Administración. Así, y en unos meses, la oficialización de varios de los pilares de la Administración ha puesto de manifiesto que la política de personal del Principado está coja.


Todavía colea el enredo jurídico político en el que se ha convertido la carrera profesional, un sistema de incentivos económicos a los funcionarios. El sistema ha sido cuestionado por el TSJA con una sentencia que anula la resolución del Gobierno que establecía las condiciones del pago a cuenta de la carrera. Dado que aún no existe una ley que articule la figura de la carrera profesional, el Principado optó por pagarla a través del concepto de productividad. La medida, aprobada en plena carrera electoral a la Junta del Principado (mayo de 2007), fue recorrida por varios sindicatos. Y el TSJA la anuló.


En un primer momento el Principado anunció que dejaría de pagar este complemento a 14.000 funcionarios que se habían adscrito voluntariamente a él. Pero días atrás otros sindicatos recurrieron la decisión al Tribunal Supremo al tiempo que el Principado daba marcha atrás en su decisión de dejar de pagar el complemento salarial. La rectificación del Gobierno de Vicente Álvarez Areces se produjo tras una reunión con los sindicatos representados en la mesa de negociación general: UGT, CC OO, CESASTE y SPA. El Principado conseguía así alejar un problema, dado el amplio margen de tiempo que le ofrecen los largos años que tardan en dictarse las resoluciones del Supremo. El Ejecutivo ya anunció que en cuanto se inicie el período de sesiones, el próximo mes de septiembre, empezará los trámites legislativos para respaldar la carrera profesional.


Esto deja sin el plus salarial a unos 5.000 funcionarios que no se adhirieron a la carrera. Esta situación, considerada una desigualdad en el trato por muchos trabajadores, ha empujado a unos noventa empleados públicos a seguir los pasos de otros compañeros y acudir en solitario ha reclamar el pago de la carrera a pesar de no haberse adherido a ella. Su esperanza se centra en que a comienzos de año cinco funcionarios en su misma posición lograron que los tribunales les dieran la razón. Esta situación no afecta a los funcionarios destinados en entes públicos como la Sindicatura de Cuentas, la Procuradora General del Principado o a la misma Junta General del Principado, que sí cobran la carrera profesional.


Paralelamente, el Principado se enfrenta con los problemas que generan los recursos de las oposiciones que realice el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada. Éste es uno de los frentes de la polémica por la política laboral que el Principado no es capaz de cerrar. Así, sigue en el aire el puesto de trabajo de 112 empleados públicos. De nuevo una sentencia judicial atacó los intereses del Principado anulando la oposición aprobada por estos 112 funcionarios alegando varios errores en la prueba de selección.


La reclamación de un aspirante a uno de los 112 puestos por los errores en el examen y en la formación del tribunal de la oposición llevó al juez a ordenar la repetición de la prueba. Tal es la repercusión de este caso que la Junta General aprobó a finales del mes pasado, con los votos de los tres grupos parlamentarios (PSOE, IU y PP), una moción de apoyo a los afectados. Además, el Parlamento instó al Principado a buscar una salida legal a este problema. En un caso similar se encuentran cuatro educadoras. Otro caso de tantos.



La carrera profesional
Una sentencia del TSJA anulaba el pago de este complemento salarial a unos 14.000 empleados públicos, que supone 21 millones de euros al año.


El plus para todos

El juez también validó otra reclamación que exigía el pago de la carrera al ser sólo un plus de productividad.


Los altos funcionarios
Varias sentencias del TSJA ponen en duda la fórmula de elección de más de 200 altos funcionarios del Principado.


Las oposiciones
Son una de las principales fuentes de problemas para el Principado. El último recurso mantiene en vilo a 112 opositores que sacaron la plaza.

 

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