«Si el Ayuntamiento arriesga y pierde, las consecuencias las pagaríamos los gijoneses»

«El gobierno local debería revisar el PGOU de manera inmediata y no enrocarse» 

 

ANTONIO GARCÍA Abogado que interpuso la denuncia contra el PGOU

Lne

Antonio García es el responsable del mayor bofetón judicial que ha recibido el urbanismo gijonés en la reciente historia democrática. Su demanda para defender los intereses de la familia López-Menéndez ha conseguido poner en entredicho el PGOU del gobierno de Fernández Felgueroso, a falta de saber cómo terminarán las otras seis denuncias que ha interpuesto contra el actual planeamiento. 



-Un patrimonio de 40.000 metros cuadrados ha anulado todo un PGOU. Suena milagroso. 

-La demanda es de unos particulares, pero que no se interesaban sólo por su finca, sino también por criterios generales del PGOU. Es decir, alegaban que el documento adolecía de un vicio fundamental, que es que se estaba tramitando de una manera incorrecta, como una modificación en vez de como una revisión. Esa y el resto de argumentaciones de la demanda son de carácter general. Son unos particulares, pero trataron cuestiones de fondo. 



-El Ayuntamiento ha anunciado un recurso ante el Supremo y que seguirá adelante con el plan. 

-Es lo que hacemos normalmente todos los abogados cuando perdemos un juicio. Supongo que ahora estudiarán bien la sentencia y las consecuencias de recurrirla. En ese plazo está el Ayuntamiento y no me voy a adelantar yo a lo que quieren hacer. Ahora bien, si el Ayuntamiento recurre la sentencia se meterá en una huida hacia adelante muy peligrosa. Por el momento, no puedo ni quiero adelantar nada que pueda dar ventaja a la otra parte. 



-¿Por qué no pide que se ejecute ya la sentencia? 

-Se puede pedir que se ejecute la sentencia ya y también se pueden hacer muchas otras cosas. Pero no me voy a anticipar a la respuesta formal del Ayuntamiento. De momento, hay que dejar que el Ayuntamiento reaccione y debemos ser cautos al respecto. Adelantar cualquier cosa es caer en meras especulaciones. 



-Si el Ayuntamiento no revisa el plan y el Supremo ratifica la sentencia, ¿qué panorama se presentaría? 

-Sabemos que hasta que la sentencia sea firme, el Ayuntamiento puede mirar hacia otro lado, como si nada hubiera pasado. Lo que ocurre aquí es que no estamos ante la anulación de un acto administrativo simple, sino ante una disposición de carácter general, de rango reglamentario que afecta a toda la población de Gijón y, concretamente, a un sector clave que mueve muchos intereses. Si finalmente el Ayuntamiento se la juega, arriesga y falla, las consecuencias serían desastrosas. Lo serían desde un punto de vista económico para todos los gijoneses, que somos los que pagaríamos. Por eso, deben pensar muy bien lo que van a hacer. Mi criterio es que el Ayuntamiento debería revisar el PGOU de forma inmediata y no enrocarse. Eso supondría menos dinero y más seguridad jurídica, que es lo que reclamamos todos. 



-La sentencia defiende que el plan debió tramitarse como una revisión y no como una modificación. ¿Qué diferencia ambos términos? 

-La tramitación por modificación es muy distinta a la que se hace por revisión. La revisión es un sistema más complejo y más garantista. Lo que viene a decir el Tribunal Superior es que faltan determinados documentos esenciales y una quiebra del procedimiento de información pública. La revisión es de obligado cumplimiento cuando estamos ante un cambio de modelo territorial. Lo que dice el magistrado es que la adaptación del PGOU supone un cambio del modelo territorial tradicional de la ciudad. Por eso estamos en un modelo de «urb in rule», es decir, de ciudad en el campo, lo que rompe con la estructura tradicional de la ciudad. 



-El juez también afirma que el Ayuntamiento no acompañó el documento de los necesarios informes medioambientales. 

-Tampoco hay que centrarse en esto, que también es importante, sino en que el Ayuntamiento hizo una revisión encubierta. Sólo con eso ya vale para no entrar a discutir nada más. La sentencia también dice claramente que el Ayuntamiento no debió admitir recursos de reposición ante la aprobación definitiva del plan. 



«La demanda es de unos particulares que no se interesaban sólo por su finca, sino también por criterios generales del plan» 

«La tramitación por modificación es muy distinta a la que se hace por revisión, con un sistema más complejo y garantista»

 

 
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