Mientras Felgueroso y Morales debaten sobre su grado de responsabilidad en la anulación del PGOU, conviene leer la sentencia, para entender lo que el Plan nos hurtó y lo que nos propina

 

Presenciamos un ameno duelo de munícipes valientes. El ex concejal de Urbanismo, Jesús Morales, ha sacado pecho acerca de su responsabilidad sobre el PGOU recién anulado por los tribunales, pero la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso ha sacado más al afirmar que la competencia suprema es la suya. Tanto ejercicio de asunción de incumbencias y responsabilidades nos abruma, pero suponemos que nada de ello desembocará en algo concreto. Meras palabras animosas para trasladar la crisis urbanística de Gijón hacia un vacío: nadie va a ser cesado o a dimitir, ni siquiera de modo póstumo, como sería el caso del antedicho edil.

Mientras estas declaraciones magníficas son pronunciadas, y a la espera de que el Ayuntamiento de Felgueroso exprese claramente cómo afrontará el suceso, lo más recomendable es leer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).



A la vez que justifican la anulación del PGOU con argumentos que a los profanos nos parecen de gran contundencia, ofrecen dichos papeles una interesantísima explicación de lo que el Plan General acarrea en el concejo, y más en el supuesto comprobado de que ha sido un documento de tramitación errónea.



Sabemos que la misión de la sentencia no es la de explicar el urbanismo que se ha implantado en Gijón, pero sus consideraciones relatan a pecho descubierto lo que se aproxima. Dicho de otro modo, el fallo del TSJA censura la mala tramitación del PGOU -las formas-, pero para razonar por qué dichas formas fueron inadecuadas ha de ponernos ante los ojos el peso del fondo, esto es, lo que nos propina: la fortísima incursión urbanizadora sobre el entorno natural del concejo. Dice la sentencia que nos hallamos ante «el comienzo de un nuevo y distinto modo de entender y conformar el espacio urbano más allá de los límites y las formas convencionales de la construcción de la ciudad tradicional, incorporando al efecto nuevos y extensos terrenos». Ello conduce «a un nuevo modelo territorial, a una ordenación distinta de la tradicional».

Dicho en plata, el PGOU de 2005 cambiará el concejo de Gijón de un modo profundo, circunstancia que hubiera obligado a que el documento aprobado hiciera explícito dicho dato. No lo hizo de manera suficiente y ha sido anulado.



Y no lo hizo tampoco en el aspecto más delicado, el medioambiental. El TSJA cita una sentencia del Tribunal Supremo que viene al caso: «Incluso antes de la aprobación inicial, tan pronto como se encuentren claras las líneas generales del avance o proyecto del Plan, el mismo debe someterse a dicha evaluación ambiental, pues sólo así la Administración planificadora -en la aprobación inicial- y los ciudadanos en general -en la información pública- pueden tener la suficiente ilustración sobre las consecuencias de las transformaciones anunciadas en el medio ambiente».



Esto, tomado en perspectiva cruda, significa que el PGOU hurtó a los gijoneses el conocimiento de lo que se les avecinaba. Hemos tenido que esperar a que nos lo dijeran los tribunales a pecho descubierto.

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