La política como negocio

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El negocio de la política está en las inversiones intensivas de capital, tanto si son útiles como si no, y no en una economía sostenible creadora de empleo

 

Las definiciones no son fáciles y, con frecuencia, dejan más en la sombra que lo que ilustran. Por ello mejor será que nos centremos en qué consiste la política y qué frutos da poniendo en el punto de mira lo que genera y en qué se ocupan los políticos. Así sabremos qué podemos esperar de la misma y de los que la ofician.

 

En la política se establecen prioridades, se distribuyen recursos y se dictan leyes que definen la ética y la moral de lo que está bien o mal, de lo que está permitido o es punible. Y más aún, cual es la utilización de diferentes raseros, tanto para las dádivas como para las sanciones, según de quien se trate. En resumen, los que hacen la política, los políticos, arbitran, barajan las cartas y reparten el juego. Son una nueva clase social nacida de la compra de los votos, sí de la compra, mediante campañas millonarias financiadas en la sombra y en el interior de unos partidos que para más detalle no pasan del bipartidismo, es decir, de ser un duopolio cuyas reglas en poco o en nada difieren de monopolio.

 

Los recursos disponibles y las prioridades de cómo se distribuyen, son cosa de una política concreta que está diseñada por los políticos que obedecen, por encima de todo, a su partido, nunca a quienes los han votado.

 

Llegada la crisis, los poderes públicos en manos de los políticos se apresuraron a dar más a quien más tenía y a los que precisamente la provocaron. El Gobierno ni se sonroja cuando distribuye millones a la banca y otorga concesiones a las empresas, mientras, a cuatro millones de parados se les trata como lo que son -para el partido del Gobierno- como a un número más dentro del barullo de cifras y ratios de la economía del negocio.


Los recursos son limitados pero las prioridades ya están fijadas: sólo cuenta el negocio sin importar si genera o no puestos de trabajo o si las inversiones, intensivas en capital, tienen alguna utilidad social o si van a servir para procurar una economía social sostenible y beneficiosa para los ciudadanos.

 

El cuento es que la crisis es global, como si viniera de las antípodas, y no de la propia cuidad o comunidad autonómica, la responsabilidad está aquí, es próxima y no tan lejana como los políticos responsables pretenden presentarla. La burbuja inmobiliaria y las inversiones descabelladas son cosa de la política de cada ayuntamiento y de cada comunidad que se erigen en árbitro y en adivinos de lo que los ciudadanos necesitan y quieren, ya que atienden más a lo que es la inversión negocio que a las necesidades sociales. El nivel de especulación fue de tal calibre que, en los últimos años, el 70% de los recursos privados se destinaron al ladrillo y el importe de las recalificaciones fue el equivalente a un tercio de la masa salarial bruta del país.

 

Sirva de ejemplo Gijón (como cualquier otra ciudad o autonomía) Un ayuntamiento de la "izquierda plural" del PSOE-IU, dedicado al ladrillo y a las recalificaciones de suelo, enfrentado a la zona rural y dando la espalda a tres mil Recursos a los que no ha hecho ni caso pero que, ahora, por otra vía, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), ha dado como nulo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que pretendía construir más pisos inasequibles y que, además, arrasarían el entorno rural para sumarse a los 20.000 pisos vacíos existentes, improductivos, tantos como parados. Un costoso metrotrén que está en barbecho y del que nadie sabe cual es el coste del viajero-km. Una ampliación del Puerto de El Musel cercana a los mil millones de euros, el doble de lo presupuestado, cuando el Puerto actual está medio vacío y con los tráficos disminuyendo. Pretenden, también, pasar de un ferrocarril con la Meseta que tiene un trazado del siglo XIX y de otro paralelo a la cornisa cantábrica, que data de principios del siglo XX, ambos con más de cien años, a un AVE de muy difícil realización y de coste astronómico, mientras las actuales comunicaciones ferroviarias siguen estancadas en una velocidad media de 60 km/hora, como mucho, y con unos servicios propios de hace décadas.

 

Sólo las grandes empresas con escaso valor añadido y empleo, consumidoras de recursos civiles y medioambientales, son las favorecidas por la política. En cambio, la planificación y la coordinación de los recursos existentes son relegados, cuando no obstaculizados, por el poder -político- que reniega de su tarea fundamental como es la coordinación y apoyo a colectivos que van desde la pequeña empresa hasta las tareas agrícolas y ganaderas, aunque sólo fuera para frenar el abandono de pueblos y aldeas y recuperar las zonas rurales. Pero el negocio de la política está en las inversiones intensivas de capital, tanto si son útiles como si no, y no en una economía sostenible creadora de empleo.

 

No se trata de ninguna añoranza ya que ni siquiera tenemos soberanía alimentaria. Como muestra baste decir que Asturias importa dos tercios de la carne que consume y la mitad de las manzanas para sidra, considerada como el producto estrella regional.

 


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