Un plan urbanístico acompañado por el escándalo

Hacienda se entera cuatro años después del plan especulativos organizado por el ayuntamiento de Gijón de 254.000 metros cuadrados, posiblemente cuando todo ha prescrito.
Sólo las movilizaciones de los vecinos de Cabueñes destaparon la corrupción, no las autoridades que debieran ser las responsables
 
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Un plan urbanístico marcado por el escándalo

Hacienda inspecciona la compraventa de suelo en Cabueñes a raíz del «caso Blanco»

La Agencia Tributaria ya ha detectado anomalías fiscales en varias operaciones

 Lne, M. SUÁREZ


El Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, se ha puesto a revisar las operaciones de compraventa de suelo derivadas del plan urbanístico de Cabueñes. Esta inspección coincide en el tiempo con el llamado «caso Blanco», que salía a la luz pública el pasado mes de marzo y ahora lo están investigando los tribunales gijoneses. El organismo fiscalizador del Estado ha resuelto que algunas de las transacciones que se llevaron a cabo en la parroquia son motivo de sanción.

El de Cabueñes es uno de los nuevos desarrollos residenciales que surgieron con la última adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Abarca una superficie de 254.000 metros cuadrados, que pasaron de ser rústicos a tener la calificación de edificables, lo que llamó la atención de grandes promotoras como Reyal Urbis o Lomas-Barajas. Los primeros acuerdos se formalizaron, mediante opciones de compra, antes de que se aprobase definitivamente la transformación urbanística de ese suelo.



El ex arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón Ovidio Blanco tenía en la zona una parcela de 2.491 metros cuadrados, que vendió a Reyal Urbis en enero de 2006 por 617.420 euros. Previamente, en julio de 2005, había recibido un adelanto de 90.150 euros, que otorgaba a esta entidad inmobiliaria derechos de compra sobre la finca. El trato estaba supeditado a la aprobación del PGOU y, por tanto, de la recalificación urbanística de Cabueñes; una fórmula que se utilizó en otros muchos casos.

Al supervisar el movimiento de propiedades que hubo en la parroquia de Cabueñes, Hacienda se ha dado cuenta ahora de que la tributación de algunas de estas opciones de compra fue incorrecta. El fisco ha respondido a las infracciones detectadas imponiendo multas millonarias. «Es un efecto colateral del "caso Blanco"», interpretan fuentes relacionadas con las inspecciones de la Agencia Tributaria, que echa leña a un plan urbanístico tocado por la crisis inmobiliaria y por la investigación judicial que pesa sobre el que fuera jefe de los servicios técnicos del Ayuntamiento.


Blanco ha tenido que prestar declaración en el Juzgado de instrucción número 5 de Gijón para explicar las operaciones de compraventa que realizó en Cabueñes entre marzo de 1992 y enero de 2006. La fiscalía interpreta que hay indicios de tres posibles delitos: cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El juez Juan Laborda instruye diligencias previas para comprobar si esas sospechas son fundadas y hay razones suficientes para abrir un juicio oral. Será determinante el testimonio de Horacio Costales de Arriba, socio de Hoyant, S. L., la empresa que negoció con el ex arquitecto municipal todas las operaciones que ahora están siendo investigadas judicialmente. El día que estaba citado a declarar alegó una crisis de ansiedad.



El plan parcial de Cabueñes generará 655 nuevas viviendas entre el Hospital y la antigua carretera de Villaviciosa. En un principio, los edificios iban a tener hasta cinco plantas, pero el Ayuntamiento ha decidido rebajarlos a tres. Esta rectificación no ha convencido, sin embargo, a la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, que ve en el plan urbanístico de la parroquia irregularidades que justificarían su suspensión. Pero el gobierno local ha decidido continuar con la tramitación del proyecto, que afecta a la zona de Cabueñes que puede verse arriba.

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La revisión tributaria se produce cuatro años después de que las grandes inmobiliarias empezasen a posicionarse en la parroquia

Los propietarios amonestados por el fisco tienen que pagar multas millonarias

 

Lne, M. S.


Los detalles de la actuación que el ex arquitecto jefe municipal tuvo en el plan de Cabueñes se dieron a conocer el 16 de marzo. Entonces se supo que Ovidio Blanco había comprado a Hoyant, S. L. una parcela en la zona de La Pontica en 1992; que se la había revendido en 1998; y que se la había vuelto a comprar en 2004, estando ya en excedencia como funcionario municipal.



El último eslabón de esta cadena de operaciones se puso en enero de 2006, cuando Ovidio Blanco le vende su finca a Urbis, obteniendo 617.420 euros por un terreno que le había costado inicialmente 7.513 euros. Hoyant, que tenía en la zona unos 20.000 metros cuadrados de suelo y también negoció con esta inmobiliaria una opción de compra en julio de 2005, ganó 5,5 millones de euros en la operación.



Hacienda revisa las transacciones vinculadas al plan de Cabueñes cuando ya han transcurrido más de cuatro años desde que Lomas-Barajas o Reyal Urbis se posicionaran en la parroquia gijonesa. La actuación residencial recobró actualidad en marzo de 2009, a raíz de las denuncias de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, que aportó documentación oficial y copias de escrituras para poner en evidencia a Ovidio Blanco. Todos esos papeles acabaron en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha trasladado el asunto a los tribunales de la ciudad.



En el ámbito del plan urbanístico de Cabueñes no sólo tienen intereses Lomas-Barajas y Reyal Urbis. También son titulares de suelo Promociones Moro, el Ayuntamiento de Gijón o Cajastur. El equipo de gobierno municipal siempre ha defendido este proyecto como «necesario» para reordenar el espacio en el que conviven la Universidad Laboral, el Hospital de Cabueñes y el Parque Científico Tecnológico.

 

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