La radio y televisión pública ha costado a los asturianos 35 millones de euros en 2006

Presumible Prevaricación y Falsificación en documento público por irregularidades en la gestión y contabilidad

 

 

La Sindicatura de Cuentas presentó el informe de las cuentas de la TPA y RPA, televisión y radio públicas de Asturias (Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, EPCPA)

 

El Presidente Areces habla ahora de austeridad y de tiempos difíciles, pero se olvida de que son demasiados los agujeros, los sobrecostes y las adjudicaciones arbitrarias -ilegales y fraudulentas- sin concurso público previo, como en El Musel y ahora en la TPA y la RTA.

 

Un Ente Público (EPCPA) que, por otra parte más que para informar, está para cerrar al resto de las emisoras que no pueden manejar y despilfarrar tan elevado presupuesto y para monopolizar la información. Su contabilidad está sujeta -debiera estarlo- a las normas del Plan General de Contabilidad y a la asignación aprobada en los Presupuestos Generales de Asturias. Pero su gestión, tanto en el fondo como en la forma, gira entorno a un presumible fraude cometido por sus responsables y por la Administración que tan alegremente maneja los millones del dinero público.

 

Que 14 millones de euros en 2006 se consideren como "ingresos de explotación" cuando es una aportación extra del Gobierno para "compensar pérdidas" es algo más que una irregularidad; encaja en lo que podría ser una falsificación de documento público. Parece que no ha sido suficiente la millonaria asignación presupuestaria de 20.895.177 euros, que es la aprobada en los Presupuestos Generales.

 

El resultado es que la radio y televisión pública (RPA y TPA) han costado, en 2006, nada menos que 35 millones, que han de pagar los asturianos, precisamente a los que ahora se les pide austeridad. Con estas cuentas y con semejante Plan Contable, tan particular, se pueda deducir que en los años siguientes 2007 y 2008, y lo que llevamos de 2009, las cosas no hayan cambiado, sino es para peor.

 

El Informe consta de 71 páginas, no es fácil resumir su contenido, pero sí se puede destacar que la mayor parte de las contrataciones, que ascienden a 16,2 millones de euros, lo han sido a dedo, sin concurso publico alguno. Esta práctica podría estar considerada como un delito de prevaricación.

 

Cabe señalar, también, que la propia Sindicatura sólo examina las contrataciones correspondientes a 10,5 millones de euros, olvidando inspeccionar 5,7 millones. Esto no parece correcto dada la alarmante situación contable y los millones en juego.

 

La pasividad de la Sindicatura también debiera ser objeto de examen ya que demora el informe dos años a pesar de tanta adjudicación arbitraria e ilegal, cuando todo esto tendría que haber sido aclarado en el 2007. Por supuesto que la Sindicatura también debería sospechar que las cuentas de los años siguientes pueden correr la misma suerte.

 

Es grave que el -presumible- fraude y malversación de caudales públicos se haya producido de forma tan abultada, pero lo es más que las cuentas y la actuación de los responsables  de la "gestión" hayan podido seguir por el mismo camino en estos dos últimos años y en lo que llevamos de 2009. Todo ello mientras que la Sindicatura, el Gobierno y el Parlamento asturiano se lo toman con tanta calma. La inmunidad de la que gozan, no sólo en la vía judicial, sino también en la mediática, puede que explique la situación.

 

Aún cabe añadir otro gran fraude, también en lo político, cuando el Ente Público debiera gestionar una adecuada información, objetiva y veraz, resulta que se dedica a subcontratar el trabajo y, además, de forma arbitraria. Esta práctica encierra, de hecho, la privatización de la información al ponerla en manos de los "amigos" sin que ni siquiera medie un concurso público.

 

Con estas cuentas literalmente falsificadas cuando se considera que 14 millones de euros son "ingresos de explotación", cuando realmente son "aportaciones para pérdidas", cuando la mayor parte del los 16,2 millones de euros adjudicados a las empresas que llevan las tareas de la información no pasaron por ningún tipo de contratación pública, sino que fueron asignadas arbitrariamente a determinados grupos. La situación es de manifiesta irregularidad.

 

En resumen, este fraude ronda la prevaricación y la falsificación de documento público. Y están afectados y son responsables por igual, individual y colectivamente, tanto la dirección de la TPA y RPA como las autoridades políticas que han de gestionar los escasos recursos disponibles, es decir, el Gobierno y el Parlamento de Asturias,.

 

¿Quién es y a quién corresponde clarificar las cuentas millonarias y llevar a los tribunales a los responsables de tanto despilfarro y fraude económico y político? El tiempo pasa y las cuentas de 2006 aún está verdes cuando todavía quedan por auditar los dos años siguientes, 2007 y 2008, que según todos los indicios y la información disponible, aún son peores.

¿Quién es el responsable de que gran parte de la tarea informativa se haya privatizado asignándola y cediéndola a no se sabe quién y sin mediar ningún procedimiento legal?

 

Seguramente son demasiadas preguntas para un Gobierno y para una clase política que lleva tantos años liderando el modelo económico de que todo vale con tal de que haya negocio fácil y rápido, sin importar las consecuencias sociales que pueda tener.

 

Ni siquiera se abrirá una investigación ¿Quién la va a abrir, ellos mismos contra sí mismo? 

 

Ver los Informes de la Sindicatura de Cuentas de Asturias:

Informe Definitivo fiscalización del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias y sus sociedades gestoras (Televisión del Principado de Asturias, S.A.U. y Radio del Principado de Asturias, S.A.U.). Ejercicio 2006

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