El Gobierno nombra 350 jefes de negociado pese a que el juez anuló el proceso

 

 

 

El Gobierno de Asturias no cumple ni con sus propias leyes. Aunque cuando se dice que "hecha la ley hecha la trampa", ni siquiera esto les vale.

El PSOE-IU, con la comparsa opositora del PP, ha convertido a Asturias en una región sin ley.

El feudo de Asturias ya está en manos de la nueva oligarquía política de la izquierda plural en la que son cómplices por igual el PSOE e IU.

¿Democracia, participación ciudadana, etc?

 

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Nuevo varapalo judicial a la política de personal del Principado 

Los tribunales tumban la convocatoria por segunda vez en un plazo de dos años

La sentencia, que aún no es firme, puede afectar a otros dos concursos de promoción

 

Ana Rosa Migoya.
Ana Rosa Migoya. 

 

 

Lne, J. A. ARDURA
El Principado recibió el viernes un nuevo varapalo a su política de personal. El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo anuló un concurso de 350 plazas para las jefaturas de negociado, aunque la sentencia no es firme. Es la segunda vez en dos años que los tribunales tumban este mismo concurso. Pese a la contundencia de ese fallo, que llega a calificar de «disparate» que se dé la misma puntuación a un funcionario con un año de experiencia que a otro que lleva veinte años, la Consejería de Administraciones Públicas ha seguido adelante con este concurso e hizo oficial la adjudicación de esos puestos en el «Boletín oficial del Principado» (BOPA) de ayer.



Esta sentencia podría afectar a otros dos concursos convocados por el Principado con idénticos requisitos, por lo que el número de funcionarios afectados directa o indirectamente supera los 3.000, según fuentes sindicales. El pleito que acaba de perder el Principado fue promovido por la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA).



El juez anuló la valoración de los méritos establecida por la Consejería de Administraciones Públicas para baremar el concurso de jefaturas de negociado. En concreto, USIPA expresó su disconformidad con el hecho de que se diera el máximo de 5 puntos a un funcionario que llevara un año en régimen de comisión de servicios, es decir, nombrado de forma discrecional sin que hubiera posibilidad de competencia con otros funcionarios.



El titular del Juzgado número 5 de lo contencioso-administrativo fue claro al aceptar la reclamación sindical y declarar «no ajustado a derecho» el requisito establecido por el Principado. «No se ajusta al principio de proporcionalidad ni equidad el valorar a efectos de adjudicación de destinos como funcionarios la experiencia adquirida en un año de igual modo que la experiencia adquirida en treinta años de servicios; o como resulta evidente el disparate, en la hipótesis de un funcionario que ocupa un puesto en comisión de servicios tan sólo durante un año y que tendrá valorada su experiencia en la misma medida que otro que lo ocupa en comisión de servicios durante otro año y, además, veinte años con destino definitivo». El Principado, pese a esa sentencia, comunicada el pasado viernes -que aún no es firme, pues puede ser recurrida-, decidió seguir adelante y hacer oficial la adjudicación de los 350 puestos de jefe de negociado, que supondrán importantes mejoras salariales para los seleccionados. En el caso de que el recurso también sea desfavorable al Principado, habría que repetir el concurso cuando se resuelva el pleito y anular las plazas ahora concedidas. Esta sentencia, además, podrá acarrear consecuencias a otros dos concursos, de 148 y 332 plazas, respectivamente.



Se da la circunstancia de que el coordinador de USIPA sindicato promotor de este pleito, José Luis González, es uno de los funcionarios que ha mejorado su puesto y que podría perder esa mejora si se anula y repite el concurso. «Por honestidad, no podemos aceptar este tipo de situaciones», concluyó.

 

 
Reveses judiciales

 

La anulación de la carrera profesional, el más importante, pero no el único

 

El Tribunal Superior de Justicia anuló el pasado mes de junio el procedimiento de la carrera profesional porque no estaba sustentado en una ley, sino en una resolución.

El Principado ha perdido, además, otros pleitos relacionados con diferentes procesos de selección de personal.

 

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