La Sindicatura cuestiona la adjudicación de las obras de carreteras del Gobierno de Asturias

La auditoría encuentra que la mayoría de los proyectos viarios de la Consejería de Buendía de 2007 sufrieron «sobrecostes» y se adjudicaron «sin objetividad»


La Sindicatura de Cuentas hizo ayer público el informe de fiscalización sobre las fórmulas de contratación la Dirección General de Carreteras en el ejercicio 2007, dependiente de la Consejería de Infraestructuras, encabezada por Francisco González Buendía. En el informe se resalta que buena parte de las obras contratadas por el Principado «superaron el plazo previsto de ejecución», «presentaron sobrecostes por defectos en los proyectos», además de observar que «los criterios de adjudicación carecieron de objetividad». El órgano fiscalizador subraya que en determinados contratos se renunció a la posibilidad de negociar con las empresas que se presentaron al concurso de adjudicación, dejando escapar la posibilidad de conseguir un mejor precio. No obstante, la Sindicatura deja claro que «con carácter general la contratación se ajustó a los requisitos legales y reglamentarios».

Éstas son las principales conclusiones que se recogen en la nueva auditoría de la Sindicatura de Cuentas hecha pública ayer junto a otras dos: la referente a la gestión en 2006 del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), que dirige Víctor González Marroquín, y la fiscalización de las cuentas de los ayuntamientos en el mismo ejercicio. Es la primera vez que la Sindicatura hace públicos el mismo día tres informes. Habitualmente cuelga los informes en su página web de uno en uno, dejando pasar semanas entre cada informe. Esta alteración de la costumbre, que la Sindicatura achaca al número de auditorías que tiene pendientes de años anteriores, se produce un día después de que Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado, dejara entrever que mantiene opciones de presentarse a las próximas elecciones.

Según el informe sobre la gestión de las infraestructuras viarias, basado en la información que remitió la propia Consejería de Buendía, uno de los consejeros más cercanos al Presidente, la Dirección General de Carreteras adjudicó 93 contratos, que sumaron más de 75,2 millones de euros. Además, el informe de los síndicos sobre las fórmulas utilizadas por la Dirección General de Carreteras para adjudicar sus obras señala la «existencia de indicios de fraccionamiento de los contratos menores». En sus conclusiones la Sindicatura advierte de que en los contratos adjudicados siguiendo el sistema de negociado sin publicidad sólo se tiene como criterio el precio, pero no consta que Carreteras haya negociado con las empresas invitadas a presentar sus ofertas, tal como requiere la ley de contratos públicos.

Esto supone, según la Sindicatura, que Carreteras renunció «a una negociación con la que teóricamente podría haber logrado beneficios o ventajas económicas». En algunos casos se destaca que aunque el contrato recogía que el pago se efectuaría a la entrega del proyecto, «se facturaron y tramitaron pagos parciales». La Sindicatura concluye que las mejoras económicas logradas «son insignificantes», oscilando entre el 0,08% y el 2,73%. Este tipo de contratos supusieron un 7,68% del total, lo que se traduce en 5,6 millones de euros. Por el contrario, el informe destaca que las obras adjudicadas siguiendo el sistema de emergencia (cinco por valor de 422.000 euros) acreditaron su necesidad. También se valora positivamente cómo los contratos adjudicados en subasta supusieron un importante ahorro en el precio final. Además, la Sindicatura destaca que las alegaciones al informe presentadas por la Consejería de Infraestructuras «no se ajustan a lo establecido» por la ley al no estar firmadas por el consejero Buendía.

José María Pertierra, director general de Carreteras, manifestó ayer a través de una nota de prensa estar «satisfecho», porque, según la Sindicatura, la contratación del servicio que encabeza «se ajusta a los requisitos legales y reglamentarios», y señaló que las obras se otorgan siguiendo «rigurosamente» los procesos de adjudicación y licitación.

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El organismo, a favor de poder castigar a las entidades que no rindan cuentas

 P. G.

La Sindicatura de Cuentas insinúa en el informe definitivo sobre la fiscalización de las cuentas de los ayuntamientos asturianos en el ejercicio 2006 que deberían establecerse mecanismos para poder castigar a aquellos ayuntamientos que no rindan sus cuentas en tiempo y forma. Algo que está comenzando a aplicarse en otras comunidades.

Y es que de cara a la elaboración de este informe sólo cuatro consistorios de los 78 concejos asturianos presentaron sus cuentas dentro del plazo establecido: Gijón, Noreña, Villaviciosa y Yernes y Tameza. Fuera de plazo los hicieron 53 ayuntamientos. Hasta 21 ayuntamientos no lo hicieron. Once de ellos tienen entre 5.000 y 50.000 habitantes. Diez de ellos cuentan con menos de 5.000 habitantes.

Según la Sindicatura, respecto al informe del año 2005 sobre las entidades locales, siguen sin rendir cuentas a fecha de hoy hasta seis concejos. El órgano fiscalizador ha hecho públicos sus nombres: Amieva, Belmonte de Miranda, Caso, Ponga, Villanueva de Oscos y Grado.

Lne.es

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