La zona rural de Gijón da por «muertos» los Planes Parciales a raíz del varapalo de Llanes

«Ni hay seguridad jurídica ni es legal desarrollar los planes parciales de un PGO anulado. Ya se lo dijimos al Ayuntamiento en su día y se lo repetimos ahora», recalcó el abogado de la Federación vecinal «Les Caseríes»

 

La situación:

-El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló el Plan General de Ordenación de Gijón el pasado verano. En cuestión de seis meses, emitió una treintena de sentencias desfavorables.

-El Ayuntamiento de Gijón recurrió esas sentencias ante el Supremo y, al mismo tiempo, inició la revisión de su PGO. El documento de partida se sometió a información pública en enero de este año. Recibió más de 1.700 sugerencias y alegaciones.

-El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón insiste en que, mientras no se pronuncie el Supremo, el PGO anulado se mantiene vigente y siguen en marcha sus planes parciales. La última sentencia de Llanes, cuyo Plan General también está invalidado, pone en cuestión esta postura.

 

Los vecinos están convencidos de que el Tribunal Superior tumbará los proyectos residenciales en marcha igual que ha hecho con La Talá

 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anula el plan parcial de La Talá, uno de los mejores ejemplos del modelo urbanístico de Llanes, ha tenido repercusión directa sobre la zona rural gijonesa. Colectivos como la Plataforma Ciudadana de Cabueñes ya se han reunido, incluso, para tratar de sacarle jugo a un fallo judicial que «nos reafirma en nuestro propio contencioso».

El Plan General de Ordenación (PGO) de Gijón y Llanes han corrido la misma suerte: fueron invalidados por el alto tribunal asturiano varias veces; las sentencias, en ambos casos, se recurrieron ante el Supremo, y, a falta de un pronunciamiento definitivo, los dos ayuntamientos aseguraron que el PGO anulado se mantenía vigente. La última sentencia desmonta esa teoría. En ella se reprueba al Ayuntamiento llanisco por continuar con la tramitación de proyectos, como el de La Talá, que se derivan de un Plan General suspendido judicialmente.

 

Terrenos donde está previsto desarrollar el plan parcial de Cabueñes

 

«No puede prescindirse sin más de la nulidad declarada», sentencia la Sala de lo Contencioso. Los vecinos de Cabueñes, que luchan contra un plan parcial de 600 viviendas que afecta a la parroquia, llevaban ayer a su terreno la advertencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. «Gijón lleva el mismo camino que Llanes. El Ayuntamiento debería recapacitar», avisan.

Toda la zona rural, y no sólo Cabueñes, siente como propio el triunfo obtenido por la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes con La Talá. Desde que se hizo pública la primera sentencia anulatoria del PGO gijonés, se le ha exigido al Ayuntamiento que paralice el desarrollo urbanístico de la ciudad. El equipo de gobierno optó por revisar su Plan General de Ordenación para no incurrir en ningún tipo de inseguridad jurídica, pero insistiendo siempre en que las actuaciones parciales ya aprobadas «siguen adelante».

«Ni hay seguridad jurídica ni es legal desarrollar los planes parciales de un PGO anulado. Ya se lo dijimos al Ayuntamiento en su día y se lo repetimos ahora», recalcó el abogado de la Federación vecinal «Les Caseríes». Los portavoces de la zona rural consideran que la sentencia de La Talá sienta un precedente jurídico que les beneficia en sus reivindicaciones urbanísticas. Algunas parroquias, de hecho, no descartan «meterle el diente» al nuevo PGO que prepara el Ayuntamiento, amparándose en los criterios de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

«No hay que olvidar que en la alternativa 0 se incluyen planes parciales del PGO anulado», señalan. «Aunque se resisten a enterrarlo, el "plan Teixidor" está muerto», apostillan, por su parte, representantes de la Plataforma Ciudadana de Cabueñes. La revisión del planeamiento urbanístico gijonés parte de un documento de prioridades en el que se plantean tres posibles alternativas de expansión urbana. La opción 0 supone dejar el concejo tal cual está. Sin embargo, precisan los vecinos, «el Ayuntamiento incorpora a esa opción nuevos planes como el de Castiello de Bernueces».

La Plataforma de Cabueñes ya ha pedido públicamente al Ayuntamiento de Gijón que retorne al punto de partida al considerar que «el proceso nace viciado». El procedimiento de revisión se inició el pasado mes de enero. Durante un período de cuarenta días, la concejalía de Urbanismo sometió el documento de prioridades a información pública. Además de la alternativa 0 se propusieron otras dos posibilidades de crecimiento residencial: uno generaría 17.200 viviendas y el otro 24.200.

Prácticamente todas las parroquias del concejo se opusieron al documento, que recibió más de 1.700 sugerencias y alegaciones. Los vecinos de la zona rural no sólo dudan de los datos oficiales que justifican los desarrollos urbanísticos propuestos por el Ayuntamiento. También critican el hecho de que esos desarrollos «estén calcados del PGO que anuló el Tribunal Superior de Justicia de Asturias». Y, en este sentido, le lanzan un aviso al equipo de gobierno: «Que lea la sentencia de La Talá detenidamente, porque previene de las consecuencias de conceder licencias de obra en estas circunstancias».

 

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Una sentencia que da vía a invalidar la revisión del PGO, según los expertos

Destacados juristas califican de «impecable, valiente y dura» la resolución judicialsobre el plan parcial llanisco


«Una sentencia impecable». Ha sido la frase más repetida por varios expertos en urbanismo consultados ayer por este periódico. Todos destacaron que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha acertado al declarar nulo el plan de La Talá, porque es un instrumento de desarrollo de un plan general, el de 2002, también declarado nulo. Han coincidido asimismo al señalar que la doctrina que justifica la sentencia y sus consecuencias son aplicables a todos los planes urbanísticos, como el de Gijón, también declarado nulo y en revisión. Finalmente, destacaron como «lo más importante» del fallo el hecho de que los jueces señalen que a partir de ahora podrán ser declaradas nulas todas las actuaciones urbanísticas basadas en el actual plan general de Llanes.

El abogado Gerardo de la Iglesia calificó la sentencia sobre La Talá de «fantástica», además de «fuerte, dura y valiente». Aseguró que «va al grano y zanja el debate». Destacó la diferencia entre declarar «nulo» o «anulable» un plan urbanístico. En las sentencias sobre Llanes el TSJA ha declarado nulo de pleno derecho el plan general; o sea, «es nulo desde su raíz, desde que nació», independientemente de que no se haya resuelto el recurso de casación. Así que, por el «principio de jerarquía urbanística», todo lo que derive de esa norma, incluidos los planes parciales y las licencias, «carece de cobertura jurídica» y será también declarado nulo, dado que lo contrario «quebraría la seguridad jurídica y la unidad de doctrina».

El abogado Javier Junceda tildó de «acertado» que el TSJA haya anulado el plan de la Talá, en especial, por las irregularidades observadas en el trámite de información pública y las obligaciones formales y materiales incumplidas. «Estas infracciones fueron ya adecuadamente advertidas por la sala en sus (anteriores) fallos sobre el PGOU de Llanes, que juzgo impecables», destacó Junceda, quien también comparte con la sentencia «que las mismas obligaciones que se predican del plan general son aplicables también a un plan parcial».

«Es impecable la decisión de declarar la nulidad del plan de La Talá por ser nulo el PGOU al que se adapta», señaló Javier Calzadilla, abogado de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes . «Técnicamente es difícil de rebatir (la sentencia), dado que el Supremo permite que los tribunales superiores utilicen los mismos argumentos para anular el plan general y los instrumentos de desarrollo de éste, aunque no haya sido resuelta la casación», añadió. En cuanto a los efectos prácticos de la sentencia, Calzadilla destacó que al ser declarado nulo el plan quedan en el aire las licencias, incluso las ya concedidas, expuestas a ser impugnadas por cualquier ciudadano».

Lne.es

 

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