El ajuste afectará a las nóminas de 250.000 asturianos, el 75% de las pensiones no serán actualizadas y se suprime el cheque-bebé a 7.000 asturianas

[La banca va bien y los partidos PSOE, PP e IU también; todos ellos se mantienen sus puesto]

 

Empleados públicos: El recorte se aplicará desde junio y será proporcional a los ingresos -Pensiones: Sólo eludirán la congelación las prestaciones más bajas del sistema -«Cheque-bebé»: La supresión de los 2.500 euros afectará a unas 7.000 asturianas al año

 
Recortar el salario de los empleados públicos y congelar las pensiones, dos de las políticas medulares del ajuste anunciado ayer por el presidente Zapatero en el Congreso, tendrán un impacto singular en Asturias, región donde son más elevadas que en otras tanto la importancia relativa de la Administración en el empleo como la relevancia de los ingresos de los jubilados para la renta familiar. Según da a entender la información que adelantó Zapatero, la pérdida de ingresos afectará, de forma directa o inducida, a las nóminas de más de 250.000 asturianos, el 25% de la población, y en torno al 38% de todos los que trabajan o cobran pensiones. La relación de afectados principales incluye una media anual de 7.000 familias ahora beneficiarias del «cheque-bebé».

l La plantilla pública. Asturias tenía en 2009 unos 61.000 empleados públicos. Están repartidos del siguiente modo: 36.000 en la Administración autonómica, 11.000 en los ayuntamientos, otros 11.000 en la administración general del Estado y 3.000 en la Universidad. A expensas de lo que determine con más detalle el Consejo de Ministros que mañana aprobará el ajuste, el recorte salarial afectará a todos esos colectivos, presumiblemente, a partir de la nómina de junio. Aunque cada Administración tiene cierto grado de autonomía en materia de retribuciones, es la norma del Estado la que marca siempre la subida general de los salarios. O el descenso, como ahora.

«Las retribuciones se fijan en una ley básica, que son los Presupuestos Generales del Estado, y nosotros, todos los años, como no puede ser de otro modo, cumplimos religiosamente», señaló ayer Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno asturiano, para ratificar que el ajuste de salarios alcanzará a los 36.000 empleados públicos que dependen de la autonomía, la plantilla más numerosa de la región.

El presidente Zapatero habló en de una reducción «media» del 5% en el salario de los funcionarios y resto de empleados públicos. El recorte será gradual y proporcional a los ingresos. Esto es, se aplicará un recorte mayor a los trabajadores que tienen los sueldos más altos. Será del 15%, anunció Zapatero, para los altos cargos de su Ejecutivo.

Asturias, como explicó este diario en informaciones precedentes, es una de las comunidades donde es mayor el peso de la Administración en el empleo de los ciudadanos. Las 61.000 personas que trabajan para el también llamado sector público suponen casi el 17% de todos los trabajadores, según datos recientes de la Seguridad Social. Es la sexta proporción más alta de todo el país, por detrás de las que registran Ceuta y Melilla, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias y Castilla y León.

Del alcance económico del ajuste da cuenta también que los costes de personal del Principado -incluida la administración general y los principales servicios públicos- supone cerca de 1.700 millones de euros al año, cantidad que incluye los salarios, aunque también las cotizaciones sociales.

Con el ajuste anunciado ayer, el jefe del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se convertirá en el primer presidente de la democracia que baja los salarios públicos. Hay, no obstante, dos precedentes de congelación de los sueldos: la decidida por el Ejecutivo del también socialista Felipe González en 1994, cuando España intentaba salir de la anterior recesión, y la que en 1997 acordó el Gobierno de José María Aznar, con Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas. En esta última ocasión, la medida se justificó para equilibrar las cuentas del Estado y converger con la UE camino de la creación del euro.

 

Tres de cada cuatro pensiones no serán actualizadas durante 2011

Los pensionistas.

La revalorización de las pensiones está garantizada por ley en España desde hace veinticinco años. La decisión de congelar la mayoría de las prestaciones en 2011 es, por lo tanto, un hecho sin precedentes cercanos. En ese año, la mayoría de los pensionistas no serán compensados por las subida del índice de precios al consumo (IPC). Salvo que la inflación resulte negativa, quienes cobran esas pensiones verán mermado su poder adquisitivo. En 2010, el Gobierno ya optó por una subida del 1%, menor que la de otros años, salvo para los pensionistas que cobran las prestaciones más modestas del sistema español de Seguridad Social.

El nuevo ajuste protege también a los jubilados con menos ingresos. Así, quedarán excluidos de la congelación de las pensiones quienes perciben las llamadas pensiones contributivas mínimas (unas 60.000 en Asturias) y los beneficiarios de las pensiones no contributivas (unos 10.000 asturianos). Según datos de la Agencia Tributaria, en Asturias hay unos 260.000 pensionistas. Por tanto, serán unos 190.000 (tres de cada cuatro) los que resulten afectados por la congelación de ingresos. El conjunto de la nómina de las pensiones inyecta cada año en Asturias más de 3.500 millones de euros, cantidad equivalente al 16% del producto interior bruto (PIB). En ninguna otra región se da una proporción tan elevada.

l El «cheque-bebé». El Gobierno ha tomado el camino de suprimir a partir de 2011 la ayuda de 2.500 euros por nacimiento o adopción, el llamado «cheque-bebé». Esta ayuda, en vigor desde el otoño de 2007, beneficia cada año a una media de 400.000 hogares en España y a unos 7.000 en Asturias. Durante el primer año de vigencia, la aportación estatal repartió casi 15 millones de euros en la región, donde la Administración autonómica añadió, al igual que otras comunidades, el reparto de una ayuda regional de 500 euros.

El Principado optó durante el pasado año, primero, por limitar la ayuda regional, de modo que sólo accedieran a los 500 euros las familias con rentas inferiores a 45.000 euros. Esa nueva regulación duró apenas unos meses y el Gobierno asturiano terminó por suprimir su aportación por completo. Es el camino que ahora seguirá a escala nacional el Ejecutivo de Zapatero para ahorrar unos 1.500 millones de euros en 2011.

 

El retiro
La jubilación parcial se retrasa

La fórmula del contrato relevo, común en la industria asturiana, pospone las salidas hasta los 61 años

M. M.

Las jubilaciones parciales mediante contrato relevo se retrasan a los 61 años, frente a los 60 en los que está en la actualidad. La medida afecta de manera importante a la industria asturiana, donde muchas empresas, incluida la multinacional siderúrgica Arcelor-Mittal, utilizan esta fórmula para rejuvenecer sus plantillas.

La aplicación de la jubilación parcial mediante contrato relevo a los 60 años, que daba paso automáticamente a la prejubilación, fue una fórmula de la que se abusó y que se utilizó mal, incumpliendo incluso los requisitos en el caso de algunas empresas. En la mayoría de las ocasiones el incumplimiento radicaba en que la persona a la que se contrataba se le daba una categoría inferior a la que tenía el trabajador al que sustituía, lo que suponía una merma en los ingresos de la Seguridad Social.

La situación llevó a negociar variaciones y, en 2006, el Gobierno y los sindicatos pactaron que la jubilación por contrato relevo sería a los 61 años, y no a los 60, aunque se estableció un período de carencia para que las empresas pudieran cumplir con los compromisos adquiridos.

Zapatero anunció la eliminación del régimen transitorio, es decir, de ese período de transición. Si el Consejo de Ministros lo aprueba el viernes, será de aplicación inmediata.

Lne.es

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