Preocupados por los efectos económicos ante la anulación del Plan Urbanístico de Gijón

La situación:

-Los expedientes de los proyectos que estaban en proceso de tramitación quedan paralizados.
-Los constructores presentarán esta semana un recurso aclaratorio ante el Tribunal Superior de Justicia. Además, defienden vía contencioso que se les devuelva el IBI de los suelos afectados por la anulación.
-Foro estudia la posibilidad de un recurso, aunque aún no ha decidido las acciones a seguir.

 

Empresarios, arquitectos y sindicatos mostraron ayer su preocupación por las consecuencias económicas y para el empleo que tiene la anulación del planeamiento urbanístico. Algunos de ellos, junto a las asociaciones rurales y profesionales hicieron un llamamiento al Ayuntamiento para que se abra al diálogo con los vecinos.

El notario Ángel Aznárez considera que «ha de cumplirse con escrupulosidad la legislación urbanística. Lo que no cabe es hacer un urbanismo con unos, constructores o esos llamados gestores del suelo, llegar a acuerdos con ellos y considerar al resto de la ciudadanía mudos, cuando la legislación urbanística impone un urbanismo participativo y ciudadano. Y esto es algo esencial, de fondo. Ni arbitrariedad despótica en el urbanismo, ni en la concesión de terrazas en la vía pública».

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural «Les Caseríes», Soledad Lafuente, recalcó que «en su momento los vecinos no fuimos escuchados, nos obligaron a ir a los tribunales y las consecuencias son éstas». Recordó que ésta es otra sentencia que anula el planeamiento urbanístico de Gijón y «esperamos que sea la definitiva, que escuchen las alegaciones y no nos den motivos para volver a los tribunales, porque ya está bien». Para Soledad Lafuente, lo fundamental en este momento es que el Ayuntamiento escuche a los vecinos y que «haga un plan conforme a la realidad actual».

Para el vicepresidente de CAC-Asprocon, Jesús Muñiz Rimada, en cambio, lo fundamental es garantizar que los constructores puedan edificar en las praderías que adquirieron en Cabueñes, Castiello, Granda y Jove. Para Rimada, la sentencia es una «noticia muy mala; la situación ya era complicada y con esto pasa a ser pésima». El representante de los constructores indicó que los servicios jurídicos de la patronal asturiana de la construcción están estudiando qué medidas tomar para minimizar el daño a sus asociados. En concreto, se refirió a «intentar que se defiendan los derechos adquiridos por todos los propietarios que han comprado esos terrenos, que al final es lo que importa».

El decano del Colegio de Arquitectos de Asturias, Alfonso Toribio, opinó que «algo habrá que hacer ante esta serie de anulaciones del planeamiento gijonés por defectos de forma. Los jueces hacen lo que tienen que hacer, pero ¿tiene sentido que constantemente se estén causando tremendos perjuicios a los ciudadanos por pequeños defectos de forma, que se podrían subsanar? Me parece que es algo desproporcionado. Si tiene buena intención, ¿por qué no pide el que demanda que se subsane en vez de que se anule el plan?». En opinión del decano, en este caso, «el daño es infinitamente mayor que el bien que se causa» y se preguntó si no hay otra forma de relación entre vecinos y Ayuntamiento que a base de demandas, tras lo que pidió «diálogo» a ambas partes.

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, resaltó que la anulación del PGO es «tremendamente negativa para la ciudad, independientemente de lo acertada o no que sea la sentencia. Deseo que este tema se reconduzca lo antes posible, porque la ciudad no puede quedar paralizada».

En cuanto a los sindicatos, el secretario general de la UGT de Gijón, Fernando Díaz Arnáiz, mostró su preocupación por los efectos de la sentencia en la construcción, «uno de los sectores más castigados por la crisis y en el que la anulación del plan, si no se arregla, tendrá repercusiones negativas sobre el empleo». El líder de UGT hizo un llamamiento al gobierno local para «que tenga altura de miras y haga todo lo posible para recuperar el plan, más allá de luchas partidistas». El secretario de empleo de CC OO de Gijón, Roque Galcerán, indicó que desde el sindicato «pedimos que el Ayuntamiento solucione esto cuanto antes, para que no tenga la ciudad paralizada». También insistió en que el gobierno local tiene, tras la anulación del PGO, un motivo más para paralizar las obras de demolición de las instalaciones de Mina La Camocha.

 

«No cabe pactar con los constructores y esperar que los demás sean mudos» Ángel Aznárez. Notario

«Es un argumento más para parar las demoliciones en Mina La Camocha». Dirigente de CC OO.

«Deseo que esto se reconduzca lo antes posible para que la ciudad no se paralice». Presidente de la Cámara.

«Los vecinos no fuimos escuchados y las consecuencias son éstas» Presidenta de Les Caseríes.

«Si no se arregla, esto tendrá consecuencias negativas sobre el empleo» Líder de UGT de Gijón.

Lne.es

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