Foro emprende la vía judicial contra la nulidad del plan al pedir aclaración del fallo al TSJA

Urbanismo ultima, al tiempo, el recurso ante el Supremo y una revisión integral del PGO que incluirá ya Castiello, Granda, Cabueñes y Sotiello

 

El gobierno municipal de Carmen Moriyón ya tiene en marcha su hoja de ruta para dar respuesta, en el corto plazo, a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia del Principado de Asturias que anula el Plan General de Ordenación (PGO) aprobado por PSOE e IU en el Pleno del 13 de mayo de 2011. Se trata de la segunda vez en tres años que una sentencia tumba la máxima norma del urbanismo local, que ahora mismo se rige por el plan diseñado por Ramón Fernández Rañada en 1999. El primer paso de esa hoja de ruta se dio ayer mismo con la petición de una aclaración de la sentencia al propio TSJA, algo que habían pedido grupos políticos y colectivos profesionales ante las dudas sobre la interpretación correcta del fallo. «Cualquier cosa que ayude a entender una sentencia de consecuencias muy graves es positiva», explicaba la edil de Urbanismo, la forista Lucía García Serrana, quien adelantaba que, pese a que la petición de aclaración de sentencia retarda los plazos, ya está preparado también el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Esos son los dos pasos que el Ayuntamiento ha decidido dar en los tribunales. A nivel interno el primer movimiento está centrado en concretar las posibilidades -legales, formales y económicas- de que la empresa contratada hace unos meses (Urbyplan) para una revisión puntual del PGO puede asumir ahora la revisión total del documento afectado por la sentencia anulatorio. Todo depende de la posibilidad de aplicar la ley de Contratos del Sector Público, que sólo permite una ampliación del 10% del coste del contrato que en este caso fue de unos 190.000 euros (IVA incluido). De lo contrario habría que iniciar un proceso nuevo de adjudicación y asumir las consecuencias de una petición de indemnización por anular el anterior. De todas maneras, y aunque Urbyplan pudiera ocuparse de la revisión íntegra del Plan Urbano gijonés lo que agilizaría su tramitación, éste no estaría listo hasta el verano de 2015. Justo al final del actual mandato municipal.

Esta nueva revisión le serviría a Foro para modificar la situación actual de varios ámbitos de actuación. «El equipo de gobierno pretende abordar ahora cuestiones que no teníamos pensado abordar cuando entendíamos en el Plan era legal y estaba vigente. La situación ha cambiado sensiblemente y entendemos que hay cuestiones que volver a estudiar y plantear, en especial en las operaciones residenciales de Granda, Cabueñes y Castiello o en algunos industriales como Sotiello», explicaba ayer la concejala de Urbanismo.

¿Y qué pasa con el urbanismo gijonés durante estos meses de revisión y espera de nueva sentencia? García Serrano explicaba ayer que «pueden continuar todos aquellos expedientes o licencias que fueran conformes con el planeamiento de 1999 o que siendo conformes con el vigente abordaran cuestiones permitidas en ese planeamiento. Para los demás casos lo que plantea es una paralización. Una suspensión de la tramitación de expedientes». O por lo menos así se entiende desde el gobierno local que, como recordó García Serrano, está dispuesto a modificar esa hoja de ruta si la solicitada aclaración de sentencia abre otro camino por el que transitar.

García Serrano aprovechó su comparecencia pública -a la que se sumará otra en el Pleno ordinario del próximo día 15- para mostrarse favorable a un consenso político en materia de urbanismo «aunque sin imposiciones» -en referencia al PSOE-, y para definir las muchas limitaciones a la petición de indemnizaciones por la pérdida de derechos edificatorios que pueda acarrear la nulidad de este plan. «Lógicamente se pueden reclamar ante el Ayuntamiento las indemnizaciones a las que cada uno crea tener derecho; luego se decidirá si procede o cuándo procede. Hay que ir caso por caso pero los derechos hay que patrimonializarlos. No por el hecho de que se hubiera pagado por el suelo una cantidad determinada pensando que era edificable y transcurrido un tiempo dejó de serlo hay derecho a una indemnización», sentenció la edil, que habla más bien de «pagar los honorarios que costó hacer el plan parcial, o la redacción del proyecto de urbanización. Nada más».

A la hora de resarcir a promotores y constructores con operaciones en marcha, la responsable del Urbanismo gijonés también habló de plazos a vigilar y realidades socioeconómicas a tener en cuenta. «No hay que perder de vista que desde la concejalía tenemos muy clara la situación de parálisis o crisis de los urbanizables de Castiello, Granda y Cabueñes. Todos sabemos cómo están a día de hoy y no es por una cuestión de voluntad sino de efectividad económica, ya que los bancos no les dan respaldo». Castiello es la operación más adelantada aunque con problemas para ejecutar la expropiación de los terrenos mientras Granda y Cabueñes están aún en fase de aprobación inicial.

Lne.es

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