La zona rural plantea reclamaciones conjuntas para la devolución del IBI

Ante la anulación del PGO
 
La zona rural plantea reclamaciones conjuntas para la devolución del IBI
Su abogado aconseja «ir a rebufo» de los promotores que piden el reintegro de tributos por recalificaciones judicialmente anuladas 
 

Los vecinos de la zona rural plantean ya la forma de reclamar conjuntamente la devolución del IBI de fincas rústicas de su propiedad cuyas recalificaciones urbanísticas han quedado sin efecto por las anulaciones judiciales de los dos últimos Planes Generales de Ordenación. El de 2005 y el de 2011. La cuestión salió a relucir en la asamblea de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural celebrada anoche en Leorio en la que se analizó, ante el abogado de Les Caseríes, Antonio García, las consecuencias de la nueva sentencia anulatoria del TSJA a raíz de la estimación del recurso interpuesto contra el 'Plan Sanjurjo' por el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural.

El expresidente de la asociación de vecinos de San Félix de Porceyo, Olegario Álvarez, fue el encargado de preguntar sobre el problema que acarrea, a efectos fiscales, la sobrevaloración de los terrenos en zona rural que cambiaron de calificación urbanística con los dos planeamientos del municipio invalidados por los tribunales. «Es un auténtico robo lo que nos cobran de contribución por parcelas y praos donde ahora no podemos edificar», criticó.

El letrado de la federación rural aconsejó a este respecto «ir a rebufo» de los promotores inmobiliarios que ya han anunciado su intención de reclamar, vía contencioso, para que sus fincas vuelvan a tributar como rústicas y se revisen sus recibos de la contribución de ejercicios comprendidos entre la anulación del Plan Teixidor de 2005 y la aprobación del recientemente declarado nulo por el TSJA. «Habría que esperar a la suerte que tienen esos promotores porque es un pleito muy complicado contra la Agencia Tributaria que se tendría que dirimir en la Audiencia Nacional», defendió.

Según argumentó Antonio García, las reclamaciones para la devolución del IBI tienen pocas posibilidades de prosperar si se hacen con recursos particulares. Por ese motivo recomendó crear una colectivo de personas afectadas por esta situación, ya que a su juicio la única vía para afrontar este asunto con unas mínimas garantías es «atacar de forma conjunta la ponencia de valores» aprobada con motivo de la última revisión de los valores catastrales de la ciudad.

Manos libres

El abogado de Les Caseríes ofreció una interpretación del fallo coincidente con la de la abogada del Colectivo de Vega. Según García, el fallo judicial anula el PGO de 2011 por no ser conforme a Derecho y «llegados a este punto deja las manos libres al actual equipo de gobierno municipal para asumir el modelo territorial hasta ahora vigente o apostar por otro distinto». También compartió con las asociaciones de la zona rural sus reservas acerca de que el Supremo admita a trámite el recurso que en casación presentará el Ayuntamiento. El letrado además pidió para el proceso de revisión urbanística integral que parece que se abre a partir de ahora «permeabilidad y coherencia para aportar y reconducir esta situación, con un Plan General que al fin se ajuste a la realidad socioeconómica, porque otros diez años de lucha no hay cuerpo que los resista». Su reflexión encontró eco entre el público. Una dirigente vecinal se congratuló en voz alta de que «el tiempo nos ha dado la razón a tres marchas verdes».

A la reunión asistieron, además de representantes vecinales de toda la zona rural, la directiva vecinal de El Muselín, que ve como un signo prometedor para su propio recurso, todavía pendiente de resolución, que la reciente sentencia del TSJA aludiera a la ausencia de los estudios geológicos que justificaban la desaparición del barrio para anular el PGO hasta ahora vigente por una infracción del principio de participación ciudadana.

Foto. Asamblea de Les Caseríes, en Leorio, en la que su abogado Antonio García resolvió ayer dudas sobre la sentencia anulatoria. Jorge Peteiro.

http://www.elcomercio.es/v/20130307/gijon/zona-rural-plantea-reclamaciones-20130307.html

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La zona rural propone «atacar» los valores catrastrales de los terrenos recalificados

La Federación «Les Caseríes» cree que hay que redactar un nuevo PGO para no quedar «obsoletos en sentido normativo»

Miriam SUÁREZ «El tiempo le ha dado la razón a las marchas verdes». El tiempo y los tribunales. La Federación «Les Caseríes», que agrupa a las asociaciones de vecinos de la zona rural, volvía ayer a darle un repaso al urbanismo gijonés. A raíz de la sentencia que anula el Plan General de Ordenación (PGO) por segunda vez en tres años y medio, propiciada en esta ocasión por la parroquia de Vega, «tenemos que ser permeables al proceso que ahora se abra, para que esto se reconduzca».


Desde la Federación rural «aportaremos todo lo que podamos» para que la revisión urbanística prometida por el equipo de gobierno «sea realista». Los vecinos, que consideran el PGO de 2005 y el de 2011 «un gran fiasco», entienden que hay que redactar un nuevo planeamiento. En primer lugar, por cuestiones legales: «Con la anulación, retrocedemos al Plan Rañada de 1999, que está obsoleto en sentido normativo. Existe la obligación de cambiarlo».


Dicha obligación emana de la ley regional que eliminó los denominados suelos genéricos y a la que el anterior equipo de gobierno se tuvo que adaptar elaborando un nuevo PGO. «Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, porque lo que se hizo en Gijón fue una temeridad. El Plan General que propusieron en 2005 era irrealizables y no hicieron enmienda en 2011».


Las consecuencias las pagaron los vecinos de muy distintas formas. Algunos, en el recibo de la contribución. De ahí que los portavoces de las parroquias planteasen la posibilidad de reclamar la revisión del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que durante estos años se ha venido gravando a los suelos recalificados con el Plan de Ordenación. Incluso hubo quien propuso la creación de un colectivo de afectados, para poder presionar con más fuerza a la Administración.


En opinión de Antonio García, abogado de la Federación «Les Caseríes», «hay base para reclamar el IBI, porque se cobró en función de una recalificación que nunca existió» al haber sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El letrado, experto en temas urbanísticos y autor del contencioso que dio lugar a la primera sentencia desfavorable contra el PGO, considera que «habría que atacar la ponencia de valores ante Hacienda, mejor conjuntamente que mediante escritos individuales».


Según García, esta reclamación «debería suponer una revisión catastral de oficio». Algo que en lo que incide el contencioso presentado ya por un grupo de promotores de la ciudad, que también solicitan que sus fincas tributen como rústicas y no como edificables. «Esto repercute en los presupuestos», advirtió el abogado de la zona rural, que cuestiona los recursos previstos por el Ayuntamiento y remarca que «cualquier actuación no comprendida en el Plan de Rañada hay que tramitarla de nuevo, y eso afecta a cientos de actuaciones, no sólo a los grandes urbanizables».

http://www.lne.es/gijon/2013/03/07/la-zona-rural-propone-atacar-los-valores-catrastrales-de-los-terrenos-recalificados/1378617.html 

 

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