Anulación del PGO: El plan de 1998, al que ahora se retrocede, prevé 1,6 millones de m2 edificables menos y 578.361 m2 menos de suelo industrial

El llamado Plan Rañada fue sustituido en 2005 por otra normativa urbanística, que el alto tribunal asturiano también dejó sin efecto al considerar que se había vulnerado la legalidad mediambiental y el procedimiento de participación ciudadana. El Ayuntamiento salió del paso con un nuevo PGO, que entró en vigor en mayo de 2011 y el pasado 1 de marzo quedaba invalidado por decisión judicial, debido, una vez más, a deficiencias en el trámite de información pública.

Estas dos anulaciones sucesivas -la primera, ratificada además por el Tribunal Supremo- obligan a la ciudad a retroceder al PGO de hace quince años, a la espera de que el actual gobierno municipal enderece la situación jurídica del planeamiento gijonés. Si el Plan General de 1998 generaba en suelo urbano un aprovechamiento residencial de 455.406 metros cuadrados, el que ahora se anula amplía esta cifra a 1.291.753 metros.


La diferencia entre ambos es de 836.347 metros cuadrados, a los que hay que sumar los aprovechamientos derivados de las nuevas bolsas de suelo edificable previstas en la zona rural (842.571 metros), que también quedan en suspenso. Como los 5.937 metros que se ganaron en Nuevo Gijón con el PGO de 2011. La pérdida, en total, es de 1.684.855 metros cuadrados.


Lo mismo ocurre con el suelo de uso industrial. De un aprovechamiento de 160.262 metros cuadrados se pasa a los 35.456 previstos en el Plan de Rañada. Eso, en terreno urbano. En los nuevos ámbitos de suelo urbanizable, el PGO de 2007 y el de 2011 habían incorporado actuaciones con un aprovechamiento industrial superior a los 375.000 metros cuadrados. La diferencia, en este caso, es de 578.361 metros cuadrados.


El actual gobierno municipal, que ha pedido al Tribunal Superior de Justicia una aclaración sobre el alcance de su sentencia anulatoria, prepara ya un recurso de casación ante el Supremo. El equipo de Foro Asturias busca así un margen de maniobra para poder revisar en profundidad el urbanismo gijonés, que, según anunció la propia alcaldesa, Carmen Moriyón, ha quedado paralizado. El anterior gobierno de la ciudad también recurrió ante el Tribunal Supremo la anulación del PGO de 2007 y fracasó.

Lne.es

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