Los vecinos que lograron la anulación del Plan General lo dan ya por «caducado»

María González-Portal, en Fomento.
La anulación del PGO no sólo ha disparado las alarmas en la patronal de la construcción, las entidades financieras también se encuentran en estado de alerta
 

«Si consideran válido el modelo territorial que se expuso en 2010, adelante, que ya hablarán los ciudadanos», advierte la abogada del Colectivo de Vega

La sentencia que anula el Plan General de Ordenación (PGO) «está cerrada». Así lo ve María González-Portal, la abogada que ha representado al Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural en su contencioso contra el documento que regula cómo y cuánto debe crecer la ciudad. Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias les ha dado la razón, «hay que escoger entre rescatar el trámite de información pública o elaborar un plan nuevo. Y eso no nos corresponde a nosotros. Otros cobran por tomar este tipo de decisiones».


El Ayuntamiento ha solicitado una aclaración al alto tribunal asturiano para conocer el alcance de su sentencia. Según la respuesta de la Sala, que se hizo pública el viernes, «el vicio invalidante radical del Plan estriba en un vicio del trámite de información pública, por ello se indica la necesidad de retrotraer el expediente de información pública». Ésa sería, en principio, la exigencia que daría cumplimiento al fallo de anulación. A partir de ahí, «no corresponde a esta Sala indicar a la Administración la amplitud que, dentro de su potestad, debe darles a los trámites sucesivos».


En este abanico abierto, y partiendo de que «la sentencia es meridiana con la nulidad radical», María González-Portal se pregunta: «¿Acaso es válido el modelo territorial que se sometió a información pública en agosto de 2010? Si consideran que sí, pues, hala, adelante. Pero entonces ya hablarán los colectivos ciudadanos». El que ella representa se ha pronunciado alto y claro en el recurso que los tribunales estimaron el pasado 28 de febrero.


Los magistrados aceptaron el primer motivo de anulación expuesto por González-Portal en nombre del Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural. La Sala ya no entró en los siguientes argumentos, al considerar que se había producido «indefensión ciudadana» en el proceso de información pública por omitir los informes geológicos relativos al desmantelamiento de Mina La Camocha y al plan especial del barrio de El Muselín, que el PGO transforma en zona verde.


Pero los vecinos también cuestionan la filosofía de un Plan General que recalifica suelo para unas 21.000 viviendas. Se aprobó en mayo de 2011, pocos días antes de las elecciones municipales, y reproduce las grandes operaciones residenciales del PGO de 2003, en pleno «boom» del mercado inmobiliario. Dicho planeamiento también fue anulado por los tribunales.


«Lo más oportuno es tramitar el PGO de acuerdo a la realidad socioeconómica del momento. Se trata de un instrumento clave para definir las pautas integrales de desarrollo de un municipio», sostiene la abogada del Colectivo de Vega. «Está claro que el PGO anulado por dos veces consecutivas responde a un modelo hoy caduco. Si no, que analicen las licencias y los desarrollos reales que el municipio ha consolidado. Sólo con leer la Memoria del Documento de Prioridades la conclusión es clara», apostilla.


Tampoco muestra dudas sobre el recurso que el Ayuntamiento prevé interponer en casación ante el Tribunal Supremo. González-Portal lo da por perdido. «Aquí lo que se infringe es la normativa autonómica, no la estatal, y eso limita el acceso al recurso de casación», explica. La única duda que muestra la abogada vecinal tiene que ver con las costas del procedimiento, porque «uno de los fundamentos de derecho es contradictorio con el fallo». A falta de aclaración, defiende que «el vencimiento en juicio sitúa al vencido en la obligación de sufragar las costas. En definitiva, quien pierde paga».

 

El Banco Sabadell pone en alerta a sus directivos del área inmobiliaria tras el fallo judicial

La anulación del PGO no sólo ha disparado las alarmas en la patronal de la construcción. Las entidades financieras también se encuentran en estado de alerta. Prueba de ello es que el Sabadell, vinculado al Banco Herrero, envió a la plana mayor de su área inmobiliaria -para la zona norte- al último encuentro convocado por el sector para hablar del Plan General.


La mayoría de los promotores que compraron suelo en las zonas recalificadas por el PGO lo hizo gracias a créditos millonarios. Buena parte de esa financiación, contratada fundamentalmente con el Herrero y Cajastur, vence a lo largo de este año. El valor de los terrenos, que resulta fundamental para la negociación de esa deuda, podría verse alterado si el gobierno municipal hace una revisión integral del plan.

 

Foto. María González-Portal, en Fomento.

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