Llangréu : UNA-Nalón exige la eliminación inmediata de los pivotes instalados por el Ayuntamiento

 

Maite Duarte portavoz de UNA-Nalón, considera que los pivotes tienen un claro carácter coercitivo.

 

Unidá Nacionalista Asturiana, ante las numerosas quejas por parte de los vecinos de Llangréu sobre los pivotes instalados a pie de portones debido al impago de las tasas de vado, exige a través de su portavoz Maite Duarte, su eliminación por ser una medida totalmente desproporcionada a la infracción que se pretende corregir.

Desde UNA-Nalón exigimos “la retirada inmediata de los pivotes instalados a pie de portones que dificultan gravemente o directamente inutilizan el uso de los locales” lo que Maite Duarte calificó como “una medida de tipo coercitivo de discutible encaje legal" Las normas administrativas son las que señalan las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de las normativas de tasas e impuestos municipales, como es en este caso por el impago de vados, y "en ningún caso se contempla esta limitación de uso del local que no pague el vado correspondiente” lo que supone que esta medida “tiene un claro carácter intimidador por parte de la Administración local”.

Maite Duarte señaló además que “no sólo es que no exista base legal alguna para este tipo de medidas, sino que es claramente desproporcionada a la sanción cometida, ya que lo lógico sería la eliminación del vado y la correspondiente sanción económica por el importe que se considere adecuado, pero no es admisible limitar el derecho de uso de un local o negocio, sin tener en cuenta el daño que eso pueda crear como la inutilización de vehículos, maquinaria, etc."A juicio de la UNA “esta intromisión en el derecho de propiedad, dista mucho del normal funcionamiento de una institución que debe basar su actuación en el principio de legalidad”.

Es evidente que la Administración Pública y por tanto también el Ayuntamiento de Llangréu, tiene que sancionar cuando se incumplan las normativas correspondientes, pero dentro de unos parámetros y utilizando el procedimiento establecido para cada caso, lo que implica inexcusablemente que "han de dársele una serie de garantías al administrado tan básicas como el derecho a formular alegaciones o a poder recurrir las sanciones".

Ante estas iniciativas insólitas, los derechos que todo administrado tiene en cualquier proceso sancionador no se han respetado en lo más mínimo, lo que convierte a esta actuación más en un castigo que en una sanción.

Maite Duarte considera que “estas medidas se explican por la necesidad de recaudar rápido por parte del Ayuntamiento, lo que convierte a los procedimientos sancionadores en un incordio para el Ayuntamiento de Llangréu, que prefiere intimidar a los vecinos antes que utilizar los mecanismos sancionadores previstos, y así acelerar el cobro de tasas” y concluyó que “ni siquiera una crisis económica y las dificultades financieras de las entidades públicas, puede hacer que se menosprecien los derechos de los vecinos”.

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