Las oficinas del Principado en el edificio Calatrava no están debidamente aisladas contra el fuego


Así lo acaba de reconocer la Dirección General de Patrimonio en una reunión mantenida con los representantes sindicales de los trabajadores el 24 de octubre, en la que se dio cuenta de un informe del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales que verificó que parte del forjado de las Consejerías no estaba debidamente aislado frente al fuego. Según la información que ha difundido por la intranet del Principado el sindicato CCOO ( ver aquí), ante esta situación, la Dirección General de Patrimonio requirió a sus técnicos la elaboración de informes a fin de corregir los defectos detectados y desde principios de septiembre se estarían llevando a cabo las obras en los fines de semana y festivos a fin de no interferir en el servicio de las Consejerías.

Recordamos que el pasado 23 de abril el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies puso en conocimiento de la Fiscalía Delegada para la Siniestralidad Laboral  (ver escrito aquí), las declaraciones de un responsable de la empresa Ipezsa, D. Aquilino Zapico, ante la Comisión de Investigación que se  desarrolló en el Ayuntamiento de Oviedo sobre la llamada “Operación de Los Palacios”, en las que afirmaba  que uno de los fallos más graves del edificio Calatrava estaba en las consejerías, en las alas que el Principado, a través de Sedes, compró a Jovellanos XXI. «No están aisladas contra el fuego, ni técnica ni acústicamente, denunció Zapico. «Si se produjera una chispa no sé qué podría ocurrir», advirtió sobre un asunto que «sabe Patrimonio». Además, «el forjado inferior del nivel uno está en contacto con el aire»”.

En dicho escrito, esta asociación consideraba que estos hechos debían ser investigados por la Fiscalía a los efectos de determinar su veracidad, dado que, de  ser ciertas las declaraciones efectuadas por el Sr. Zapico, podíamos encontrarnos ante el delito contra los derechos de los trabajadores tipificado en el artículo 316 del Código Penal :“Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.

A los pocos días de formulada la denuncia,  la Fiscalía de Asturias notificó al Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (ver notificación aquí) la apertura de diligencias de investigación con el nº 125/2014. Desde entonces, transcurridos ya seis meses, esta asociación no ha tenido comunicación posterior alguna sobre el resultado de dichas diligencias, por lo que suponemos que continúa en curso la investigación iniciada por la Fiscalía a principios del mes de mayo.

Conocemos, ahora, a través de la información difundida por el sindicato CCOO, que eran ciertas las afirmaciones que alertaban de la existencia de graves defectos de seguridad por falta del debido aislamiento contra el fuego, en  un edificio en el que se encuentran trabajando más de 400 empleados públicos y en el que se atiende diariamente a un gran número de ciudadanos y ciudadanas que gestionan sus trámites en las oficinas ubicadas en esas dependencias (Consejerías de Presidencia, Cultura, Sanidad y Economía)

Lo alarmante del reconocimiento de las deficiencias que acaba de realizar la Dirección General de Patrimonio es la omisión total y absoluta de las medidas imprescindibles para proteger la integridad física de los trabajadores y de los usuarios del edificio ante el riesgo de un incendio, que pasan necesariamente por la clausura temporal del mismo hasta tanto se concluyan las obras de aislamiento del forjado de las oficinas del Calatrava y se corrijan todas las deficiencias de seguridad que padece el edificio. 

Por lo expuesto, desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies llamamos a las organizaciones sindicales y al conjunto de los trabajadores afectados a exigir al Gobierno del Principado de Asturias que deje de jugar con fuego y ordene el cese inmediato de la actividad en las oficinas públicas del Calatrava. 
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