Cajas de ahorros: crítica a la versión oficial

 

Parece que se ha instalado como versión oficial que las cajas de ahorros quebraron porque había políticos que las gestionaban. En la literatura académica hay numerosos artículos defendiendo esta tesis y en el imaginario colectivo, el desengaño con la mayoría de las figuras políticas contemporáneas hace buen maridaje con esta versión oficial. A muchos votantes tanto de derechas como de izquierdas (o de arriba y de abajo) les costaría defender las actuaciones de los representantes de los partidos a los que votaron en los consejos de administración de entidades como Caja Madrid, la CAM o Caixa Galicia. Aun así en el tema de la “politización” es muy fácil caer en una lectura plana, muy peligrosa e interesada que identifica cualquier tipo de gestión llevada a cabo por personas que ostentan cargos políticos con latrocinio. Ante la quiebra del sistema financiero internacional a nadie se le ocurre decir que se debe a que no había políticos en entidades como el Citi, Northern Rock, Lloyds, Royald Bank of Scotland, Commerzbank, ING, Egon, Fortis, Société Générale, etc. Ante esta explicación cualquiera se reiría pero si se dice de las cajas, la misma explicación insustancial suena normal.

Este discurso descontextualizado y determinista que sistematiza el comportamiento y la quiebra de algunas cajas con que las mismas estaban gestionadas por políticos ignoran, en primer lugar, que en la misma época el sistema financiero de los principales países desarrollados (EEUU, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica…) ha quebrado sin que fueran sus cajas las culpables; y en segundo lugar que no todas las cajas han quebrado. No sólo eso, sino que algunas de las reconocidas como “más politizadas” (sea lo que sea lo que cada uno entienda por esta palabra ¿acaso el Santander, el BBVA, o la patronal no están politizados?) son las que han tenido mejores resultados como es el caso de La Caixa o BBK que no han participado de la sangría del rescate financiero y donde los vínculos políticos llevaron a la primera a tener en nómina nada más y nada menos que a una hija del anterior Jefe de Estado (aunque según dijo bajo juramento ante un juez no tenía muchos conocimientos de economía), condonar 7,1 millones de euros al PSC en 2004; la BBK también condonó una deuda de 21 millones al PSOE en 2006.

Los propios supervisores del Banco de España (BdE) denunciaron los problemas que se estaban acumulando en los balances de las cajas debido a la gran expansión y concentración crediticia en el sector inmobiliario hasta el punto de enviar una carta al Ministro de Economía (Pedro Solbes) hace ya 8 años, mucho antes de que  la crisis financiera estallara, donde denunciaban la pasividad del Gobernador del BdE (Jaime Caruana, actual director general del Banco de Pagos Internacionales) y exteriorizaban la necesidad moral de no sentirse cómplices de lo que se estaba gestando. Nadie del gobierno del PSOE hizo nada ya que debe ser que no era la troika quien hacía la petición. En esta situación, a pesar de la existencia de políticos en los consejos de administración, el BdE podía haber intervenido para limitar la excesiva concentración en el sector inmobiliario.

Por último hay que reiterar que las cajas han contado con participación de políticos desde el siglo XIX sin que las quiebras sistémicas se hayan sucedido y desde que se constituyen como tales no ha sido hasta hoy cuando se han tenido que rescatar;  y no sólo eso, en las anteriores crisis han tenido un comportamiento mucho mejor que los bancos, de hecho, debido a la regulación impuesta desde Bruselas (la Directiva 80/723/CEE), es en el momento de la crisis cuando los políticos contaban con menor proporción de poder directo ya que desde 2002 la representación de los partidos no podía superar el 50% en los órganos de gobierno.

Entre la mucha desinformación que corre se dice que las cajas tendían a financiar más a las administraciones públicas, cuando los datos lo desmienten. Desde el año 2000 hasta 2009 los bancos han financiado alrededor del 60% del crédito a las administraciones públicas, llegando en ocasiones a rozar el 65%, mientras que las cajas se han mantenido alrededor del 30-35% del crédito total a las AAPP.

¿Pero qué ha fallado entonces? Si hay que hablar de politización hay dos actores fundamentales en el puzle: el BdE y la justicia española. El primero decide en 2005 no tomar medidas para pinchar la burbuja inmobiliaria cuando los inspectores dan la voz de alarma. Pero es que además, después del estallido de a crisis, la lista de fusiones pasará a ser un ejemplo de manual de economía de lo que no hay que hacer. Primero decidieron fusionar las cajas,con el único criterio de que las fusiones se realizaran entre comunidades autónomas (CCAA) del mismo color político,de este modo se dificulta seguir el rastro de operaciones que han dado pérdidas desproporcionadas para el tamaño de estas entidades. Una vez efectuadas las fusiones las nuevas entidades nacen con grandes necesidades de capital y se procede a recapitalizarlas, haciendo todo lo posible por crear dificultades a la tarea de identificar con claridad el origendel agujero (el grueso de las ayudas se dan en el año 2012 cuando sólo existen 15 entidades de las 45 que había en 2009); respecto a la justicia es reseñable su fuerte “politización” a favor de los responsables de la debacle ya que su trabajo ha consistido en limpiar cualquier rastrode los delitos cometidos, resolviendo que investigar los correos de la cuenta de trabajo de los presidentes de las cajas vulneran su derecho a la intimidad, aunque existan pruebas claras de cómo gestionaban el cortijo, con ejemplos que van desde los cuantiosos préstamos irregulares concedidos a familiares y empresas vinculadas al ex presidente de la CEOE, Díaz Ferrán,a lasinversiones ruinosas de Su Casita en Méjico, Banco de Florida en EEUU (operaciones investigadas después del estallido de la crisis por delitos societarios, administración desleal, falsedad documental o apropiación indebida) o las financiaciones a sociedades de promoción inmobiliaria participadas, situadas en las antípodas de las buenas prácticas bancarias. Aquí podemos ver las fusiones de las entidades que se han comido más de 2/3 de las ayudas directas al sistema financiero:

Matriz Entidades absorbidas Número de cajas con mismo partido en la CCAA Importe de la ayuda en millones de €
BFA (2010) (7) Cajas de Madrid, Ávila, Segovia, Insular de Canarias , La Rioja,  Bancaja y Laietana 6 (PP) – 1 (CiU) 22.424  (2010 y 2012)
Catalunya Caixa (2010) (3) C. Catalunya, Tarragona y Manresa 3 (CiU) 12.052 (entre 2010, 2011 y 2012)
Novacaixagalicia (2010) (2) Caixanova y C. Galicia 2 (PP) 9.052 (entre 2010, 2011 y 2012)
TOTAL AYUDAS A 3 ENTIDADES 43.528

A nadie se le escapa que en las cajas la representación era proporcional, es decir que un alto porcentaje de quienes componían las asambleas generales no eran necesariamente del partido gobernante en las CCAA. La historia de estas entidades es tan desgarradora y las leyes dejan tras de sí datos tan ilustrativos como los que se derivan de la “Ley de Transparencia” (el nombre lo podían haber elegido los hermanos Marx) aprobada por el PSOE en 2003 donde, entre otras cuestiones, a las cajas de ahorros se les requiere crear una Comisión de Inversiones que:

 “[…] remitirá anualmente al consejo de administración un informe en el que, al menos, deberá incluirse un resumen de dichas inversiones, así como sobre su viabilidad financiera y sobre la adecuación de las mismas a los objetivos fundacionales de la entidad.”

El resumen de 2004 a 2009 es el siguiente: Entre todas las cajas que han recibido ayudas, estas comisiones evaluaron 786 operaciones en 6 años emitiendo 524 informes entre los que no figura ninguno negativo y eso que ahí constan operaciones como la compra de Bank of Florida o Su Casita por Caja Madrid. Ante esta situación a uno solo le queda decir que entreguen los títulos en las universidades correspondientes y pidan perdón.

A pesar de todo lo dicho, culpar a todo el sistema de gobierno de las cajas en abstracto bajo la tesis de la politización es la mejor forma de repartir las culpas y escurrir el bulto sin esclarecer una parte importante de lo que fue la mala gestión de estas entidades durante la formación de la burbuja, que podría haberse dado en bancos privados, como de hecho sucedió en muchos otros países como los citados anteriormente. Esta mala gestión ha sido acompañada de una deficiente regulación financiera que no ha encontrado contrapeso en la práctica supervisora, debido, en España, a una decisión política tomada por los gobernadores del BdE (tanto Caruana, como luego MAFO) de no pinchar la burbuja inmobiliaria. (En este otro artículo se realiza un análisis en profundidad de los problemas del sistema financiero español)

Es necesario por lo tanto pensar sobre estos aspectos en conjunto: la política en la cúpula del BdE, los aspectos técnicos de la regulación (echar toda la culpa a los modelos de medición del riesgo es muy cómodo porque con los modelos de medición de riesgos ocurre como con los políticos en España, que también es imposible meterlos en la cárcel), y un asunto muy importante sobre el que quizás desde la izquierda deberíamos reflexionar más (sobre todo a la luz del deseo de nacionalización de algunas nuevas formaciones políticas): el control en la organización política, en la gestión de lo público, en cómo detectar y sancionar la corrupción en las actividades gestionadas por políticos o con criterios políticos (recordar que en los consejos de las cajas había gente de todo el espectro, sindicatos incluidos).

 


Juan Rafael Ruiz y Patricia Stupariu
Investigadores adjuntos del ICEI ymiembros del colectivo EconoNuestra

Público.es

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