Denuncia contra los responsables de la Ampliación del Puerto de El Musel

Contra los representantes de la UTE Dique Torres (Dragados, Drace, FCC, Alvargonzález Contratas y Sato) , el Dtor. Puerto de Gijón Díaz Rato, el Pte. Autoridad Portuaria Rexach y el Consejo de Administración del Puerto

 

Denuncia íntegra:

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE GIJÓN QUE POR TURNO LE CORRESPONDA

Raimundo Abando Tartiere, con DNI 10.573.090-L, como Presidente de la Asociación Ciudadanos por Asturias, con CIF G-74357674 y domicilio a efectos de notificaciones en Carreño Miranda 11. 4º. 33401, de Avilés, según se acredita oportunamente con la copia de los Estatutos De la Asociación y Certificación emitida por la Secretaria General de la misma relativa al Acuerdo adoptado para la presentación de este escrito, como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que por medio del presente escrito y de conformidad con lo previsto en los artículos 259, 265 y 266  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presenta DENUNCIA, contra los representantes de las empresas Dragados, Drace, FCC, Alvargonzález Contratas y Sato que conformaban la UTE DIQUE TORRES, el Director General del Puerto de Gijón D. José Luís Díaz Rato, el Presidente de la Autoridad Portuaria D. Fernando Menéndez Rexach y del propio Consejo de Administración del Puerto de Gijón, aquellos que conociendo los hechos hubiesen dado su conformidad o no hubiesen votado en contra, por las presuntas irregularidades cometidas en relación con las obras llevadas a cabo para la AMPLIACIÓN DEL PUERTO DEL MUSEL, ya que de las mismas puede deducirse claramente la existencia de infracciones penales y todo ello sobre la base de los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- En el año 2005 la Unión Temporal de Empresas “UTE DIQUE TORRE”, formada por las empresas DRAGADOS-DRACE-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS-ALVARGONZALEZ CONTRATAS y SATO resulta adjudicataria de las obras de Ampliación del Puerto del Musel, por importe de 579.241.599,00 €, IVA incluido y un plazo de ejecución de 46 meses, a contar desde el 10 de Febrero de 2005. Es decir, la obra debería estar finalizada, por el precio estipulado, a 10 de Diciembre de 2008.
Para financiar parte de dicha obra, la Unión Europea estableció una ayuda del Fondo de Cohesión por un importe máximo de 247.500.000 euros, lo que supone un porcentaje de ayuda del 55% sobre el coste total subvencionable de 450.000.000€. A fin de obra, la Unión Europea había anticipado 198.000.000 euros, quedando pendientes, por lo tanto, 49.500.000 euros.

Por irregularidades en la contratación, en la ejecución y en el control de las obras y tras un informe emitido por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Comisión Europea ha declarado no subvencionables las obras realizadas, reteniendo el saldo pendiente de entregar y exigiendo la devolución de las cantidades anticipadas.
Básicamente el fondo de nuestra denuncia es la corrección de precios en la cantera de Aboño con posterioridad a la adjudicación de las obras, lo que llevo a la Comisión Europea a no aprobar, con el tiempo, el Proyecto de Modificación, aprobado por la Autoridad Portuaria del Puerto de Gijón.

A ello podría sumarse el descontrol en el numero y pesaje de los camiones portadores del material adquirido y el uso de “estériles” procedentes de la Mina de La Camocha, no contemplados en Proyecto, circunstancias éstas que por ser desconocidas por esta parte mantenemos al margen de la presente denuncia sin perjuicio de una posterior ampliación de la misma.

Se aporta como DOCUMENTO 1, noticia aparecida en La Nueva España de 29 de Octubre del presente año, que recoge en síntesis lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO.- Por diversas incidencias habidas a lo largo de la ejecución,  el 1 de Febrero de 2010, casi 14 meses de haber vencido el plazo para “fin de obra”, el Consejo de Administración del Puerto de Gijón contando con el preceptivo Informe Técnico de Puertos del Estado y el Informe favorable de la Inspección General del Ministerio de Fomento, autoriza la modificación del contrato inicial aumentando el importe de ejecución en 250.924.350,32 €, IVA incluido, pasando a ser de 830.165.949,32 €, IVA incluido y el plazo de ejecución en 22 meses. Tal modificación supone un 43% del importe de ejecución, superando con creces el máximo del 20% permitido por la Ley de contratos del Sector Público.

Es importante destacar que la naturaleza del modificado no responde a prestaciones adicionales a aquéllas objeto del contrato, sino a una modificación en las condiciones planteadas en el proyecto por una falta de previsión del contratista. No existen obras o servicios adicionales pues el objeto es exactamente idéntico a aquel que originariamente se licitó, produciéndose únicamente una modificación del precio de algunas unidades de obra.

El presupuesto adicional por dicho proyecto modificado, tal como indicábamos,  ascendió a 216 M€ (IVA excluido), de los cuales los sobrecostes derivados de los materiales de cantera  (pedraplenes, escolleras y áridos para hormigones) supusieron 185,08 M€ (IVA excluido), lo que representó un 85,56% del incremento total sobre lo previsto para esta partida.

TERCERO.- Como decíamos, una vez iniciados los trabajos de ejecución del contrato, surgen una serie de circunstancias no previstas por el contratista que dan lugar a una modificación contractual del mismo, generándose unos sobrecostes que obligaron a tramitar el consiguiente Proyecto Modificado.

Las circunstancias más relevantes están relacionadas con el cambio de procedencia de los materiales pétreos, dado que el contratista una vez iniciadas las obras no fue capaz de conseguir de las canteras de obra próximas al puerto (que estaban incluidas en su oferta) ni el volumen ni los rendimientos necesarios para ejecutar los trabajos en el plazo estipulado.

Es necesario destacar, llegados a este punto, que a tenor de las prescripciones Técnicas del contrato, era responsabilidad del contratista, en cualquier caso, la elección de las canteras para la obtención de los materiales necesarios para la ejecución de las obras, así como  la obtención de los permisos necesarios.

No obstante lo anterior y dado que la cantera de Aboño ha sido tradicionalmente el origen de los materiales para las obras del Puerto de Gijón debido a su proximidad, volumen explotable y calidad del material; el propio Pliego de Prescripciones Técnicas incluía (Cláusula 5.7) un acuerdo de intenciones entre la Autoridad Portuaria de Gijón e Hidroeléctrica del Cantábrico (en lo sucesivo, HC), por el cual ésta última -propietaria de una parte importante de la cantera- cedería su explotación a la empresa adjudicataria de las obras, con el objeto de garantizar la igualdad de condiciones entre todos los licitadores.

Sin embargo, la construcción por parte de HC de una planta de desulfurización frente a la zona a explotar, una vez comenzadas las obras de ampliación provocó, además de un retraso de dos años en su apertura, una modificación importante en las condiciones de explotación, lo que supuso una reducción del volumen del material a extraer, así como un nuevo plan de laboreo, la adopción de nuevas medidas de seguridad para compatibilizar la operativa de ambas instalaciones, restricciones horarias y la consiguiente influencia de todo ello en los flujos de tráfico para el transporte.

Además, en lo que respecta a la Cantera de “Nuevo Perecil” igualmente ofertada por el Contratista, no se pudo poner en explotación ya que el Ayuntamiento de Carreño, una vez adjudicadas las obras, dicta resolución suspendiendo el otorgamiento de nuevas licencias para actividades extractivas en varias zonas del municipio, entre las que se encontraba dicho yacimiento. Este hecho que dio lugar a diversas controversias jurídicas fue resuelto a favor del Ayuntamiento de Carreño, según sentencia de la Sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, complementada por la dictada en Medidas cautelares  por el Tribunal Supremo y que aportamos con la presente denuncia como DOCUMENTOS 2 y 3.

CUARTO.- En todo caso va a ser precisamente la inclusión de esa Cláusula 5.7, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), como luego explicaremos, la que fundamente que la Unión Europea proponga una primera corrección financiera de 18.365.161,06 € sobre la ayuda concedida por considerar que dicha cláusula es contraria a los principios de transparencia y de igualdad de trato en materia de contratación, todo ello a tenor del art. 4º, apartado 2 de la Directiva 93/38/CCE

QUINTO.- Ante las circunstancias aludidas en el numeral anterior y debido a que los ritmos de suministro de material pétreo a la obra estaban siendo ostensiblemente inferiores a lo previsto, el contratista tuvo que incrementar dichos aportes para lo que recurrió al uso de canteras comerciales ubicadas en la zona central de Asturias y en León, y poder así garantizar unos ritmos de aprovisionamiento acordes con las necesidades de la obra. Este hecho supuso un diferencial de coste respecto al contrato inicial debido tanto a la mayor distancia de transporte, acarreo como a la propia adquisición del material pétreo.

Por lo tanto, durante esos dos primeros años las obras tuvieron que llevarse a cabo incorporando material pétreo de canteras comerciales no previstas en el proyecto, ubicadas en la zona central de Asturias y en la vecina provincia de León.
La incorporación de estos nuevos materiales supuso, además del obvio incremento por una distancia de transporte superior, un sobrecoste en el valor de los materiales al adquirirse a precio de mercado en vez del que se obtendría en una cantera propia, donde la programación y los planes de voladura se ajustan a las necesidades de la obra.
Para cubrir esos sobrecostes, y este es el eje de nuestra denuncia, en el año 2006, la adjudicataria acuerda con el Director del Puerto de Gijón nuevos precios para las obras de extracción y acarreo ejecutadas; un primero el 20 de Abril de 2006, con carácter retroactivo y para el material extraído de las que en ese Acuerdo se vinieron a denominar (fuera de proyecto) “canteras comerciales” y otro el 30 de Octubre del mismo año, que se aplicaría a la Cantera de Aboño a partir de 2007, modificando las condiciones de licitación contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP).

La Modificación del Proyecto, redactado y aprobado por el Consejo de la Autoridad Portuaria, con mucha posterioridad a las ejecuciones realizadas, validan la modificaciones de precios acordadas en 2006, al poco de empezarse la obra, entre la dirección de Obra ejercida por el director General del Puerto de Gijón y el representante de la UTE DIQUE TORRES, si bien son rechazadas por la Comisión Europea.

SEXTO.- Según lo dispuesto en Proyecto de Modificación, las obras deberían estar terminadas el 10 de Octubre de 2010. Efectivamente, aunque con ligero retraso, el 13 de Diciembre de  2010, se formaliza el acta de reconocimiento de las obras señalándose expresamente que las mismas se han realizado conforme al proyecto redactado y la modificación aprobada, por un montante final de 830.165.949,32€, IVA incluido, o lo que es lo mismo, de 715.660.266,65€ mas el correspondiente 16% de IVA, lo que desglosamos para una mejor comprensión de las cifras que aparecen en los documentos que se aportan.

Sobre el Proyecto Modificado, el Estado español solicito a la Unión Europea la ampliación del periodo subvencionable y la Comisión, tras el análisis de la documentación remitida consideró:
•    “Que la modificación del contrato inicial no parece compatible con las reglas comunitarias de contratación pública y por tanto, no es posible dar curso, en estos momentos a su solicitud de modificación”
•    “La documentación presentada en la propuesta de modificación ha permitido un examen más amplio del contrato inicial, el cual suscita algunas cuestiones en relación con el principio de igualdad de trato entre licitadores (…)”
Se aporta con la presente denuncia, como DOCUMENTO 4, Declaración al término del Proyecto, elaborada por la IGAE el 29 de marzo de 2012 en donde figuran los extremos aludidos

SÉPTIMO.- El 7 de Febrero de 2011 se firma el acta de recepción definitiva, en la que la Dirección facultativa afirma que las obras se han realizado conforme al Proyecto referenciado. Aún con todo, la UTE DIQUE TORRES, no está de acuerdo con determinadas interpretaciones de algunos conceptos del contrato dadas por la Dirección Facultativa y que sustentarían posteriormente la liquidación provisional en la que se rechaza el pago de determinadas unidades de ejecución, por lo que la adjudicataria presenta las correspondientes Alegaciones el 18 de Febrero de 2011 e inicia acciones  administrativas y judiciales para que, entre otros trabajos, se le abonen las partidas ejecutadas conforme a los precios pactados con la Dirección General del Puerto el 20 de Abril de 2006 y el 30 de Octubre del mismo año.

OCTAVO.- Para una mejor comprensión y detalle de lo expuesto, se ofrece un Resumen de los Hechos y Cifras más significativos:
•    La Ley 27 de 1992 de Puertos del Estado y Marina Mercante fue modificada por la Ley 62 de 1997, como consecuencia de los Pactos del Majestic entre Convergencia  I Unió y el Partido Popular. De tal manera que los Presidentes de los Puertos son nombrados por cada Comunidad Autónoma.
•    Entre el 2000 y el 2004 era Ministro de Fomento el Sr. Álvarez-Cascos y Presidente de Puertos del Estado el Sr. Llorca (el mismo que en la actualidad).
•    Entre el 2004 y el 2008 era Ministra la Sra. Magdalena Álvarez, Secretario de Estado de Transporte el Sr. Palao y Presidente de Puertos del Estado el Sr. Navas.
•    En el año 2000 la Autoridad Portuaria de Gijón comienza los estudios de la ampliación del Musel siendo Presidente el Sr. Pesquera (nombrado por el Señor Álvarez Areces), y Director General el Sr. Díaz Rato.
•    En el año 2002 se remite a Puertos del Estado un Anteproyecto de la ampliación.
•    En Febrero  del año 2004, el Consejo aprueba el Proyecto de ampliación con la variante denominada “Este”, siendo Presidente del Puerto el Sr. Palao (nombrado por el Señor Álvarez Areces), y Director General el Sr. Díaz Rato. De Ministro seguía el Sr. Álvarez Cascos y Presidente de Puertos del Estado el Sr. Llorca.
•    En Julio del año 2004, el Consejo de la A.P. de Gijón aprueba definitivamente la parte Técnico/Económica, siendo Presidente el Sr. Menéndez Rexach (nombrado por el Señor  Álvarez Areces), y Director General el Sr. Díaz Rato. El Gobierno había cambiado y era Ministra Magdalena Álvarez y Presidente de Puertos del Estado el Sr. Navas.
•    En Julio del año 2004, el Presidente de la A.P. de Gijón firma un Acuerdo de Intenciones con el Consejero-Delegado de Hidroeléctrica del Cantábrico, Sr. Coronado, para que el futuro adjudicatario de la obra pueda explotar la cantera de Aboño.
•    En Julio del año 2004, se anuncia en el B.O.E. la resolución de la A.P. de Gijón del Concurso para la ampliación del Puerto.
•    Construcción: Un dique de abrigo de 3.834 metros y un muelle de 1.250 metros con un calado entre 23 y 27 metros. Con un total de 140 Hectáreas de terreno.
•    Presupuesto: 579.241.559 euros, I.V.A. incluido
•    Ejecución: 48 meses
•    Ofertas: Tenían que presentarse antes del 5 de Octubre del 2004.
•    Financiación: Se recibirían 247.500.000 euros del Fondo de Cohesión de la Unión Europea.  El resto sería financiado por el Puerto de Gijón.
•    Licitadores:
        UTE Dragados, Drace, FCC, Alvargonzález Contratas y Sato.
        UTE Ferrovial, Necso, Ceyd, Coprosa y Jan De Nul.
        UTE Sacyr, Somague, y Sanchez y Lago.
        UTE Hispánica, Comsa, Sando, Duro Felguera y Rubio      

•    Ofertas:
    Dragados…, 579.241.559 euros
        Ferrovial…., 579.241.559 euros3
        Sacyr……..., 517.871.582 euros
        Hispánica..., 506.372.970 euros
•    Adjudicación: El Consejo adjudica la obra a la UTE de Dragados el 4 Enero 2005.             
•    Firma del Contrato: Se realiza el 4 de Febrero del 2005.
•    Comienzo obra marítima: Mayo del 2005.
•    Acta de precios nuevos para canteras comerciales: 20 de Abril de 2006
•    Acta de precios nuevos para la cantera de obra, sita en Aboño: 30 de Octubre de 2006
•    Proyecto Modificado: Se redacta en Octubre del 2007. Se reciben los permisos de Puertos del Estado y del Ministerio de Fomento en Noviembre y Diciembre del 2007
•    Se firma el contrato del modificado el 1 de Febrero del 2010. Mediante este modificado se  amplía el plazo de terminación de la obra en 22  meses y se autoriza un sobrecoste de 250.000.000 de euros incluido el I.V.A.  
•    En Diciembre del 2007 Los Verdes piden a La Unión Europea que, por no estar de acuerdo en cómo se llevó la ampliación, no abone a Puertos los 49,5 millones de euros que faltaban sobre el total de la subvención concedida (247,5 millones de euros).
•    En Octubre del 2008 Andecha Astur presenta una denuncia ante la OLAF (Oficina Europea para la lucha contra el fraude), por entender que se intentó engañar a la Unión Europea para que asumiera los sobrecostes de la ampliación.
•    Finalización de la obra: El 11 de Diciembre del 2010
•    Importe total de la Ampliación del Puerto, con sobrecoste: 826.437.189.76 euros incluido el I.V.A.
•    La UTE adjudicataria no está de acuerdo y presenta una demanda contra el Puerto de Gijón por importe de 349.710.746,46.     
•    El pasado mes, la OLAF (Oficina de Investigación del Fraude y la Corrupción en la Comunidad Europea), recomienda a la Comisión Europea la recuperación de los 198 millones pagados, por entender que hubo irregularidades en la adjudicación y en los registros contables de la obra. El informe es enviado al Fiscal General del estado Español. El Fiscal General lo envía a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción.   
Del mismo modo se aporta como DOCUMENTO 5, Reclamación Previa al ejercicio de acción judicial civil formulado por la UTE DIQUE TORRES y como DOCUMENTO 6, Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón de 17 de mayo de 2011 en relación con la reclamación Previa al ejercicio de acción judicial civil formulado por la UTE DIQUE TORRES

FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA

I.- El adjudicatario de las obras de Ampliación del Puerto de El Musel, la UTE DIQUE TORRES, formula su oferta económica apoyándose en unos preacuerdos con la cementera Tudela Veguín que le permitirían la extracción de materiales de las canteras “Perecil” y “Nuevo Perecil”, y en el Acuerdo de intenciones suscrito entre Hidroeléctrica, como propietaria mayoritaria de la cantera de Aboño y la autoridad Portuaria de Gijón, que le permitiría el uso de dicha cantera de Aboño. Dichas canteras constituyen lo que en el Proyecto se denominan “canteras de obra”. En cualquier caso la cláusula 3.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas, decía que: “el contratista podrá utilizar las canteras que estime oportuno” y “es responsabilidad del contratista la elección y explotación de las canteras”.

Sin embargo Hidroeléctrica del Cantábrico estaba construyendo una planta de desulfuración frente a la cantera, lo que dificultaba los volúmenes disponibles y los flujos de tráfico de camiones y la cantera de “Nuevo Perecil” no contaba con las licencias municipales del Ayuntamiento de Carreño que permitiesen su explotación por lo que cuando comienzan las obras, Mayo 2005, el adjudicatario, UTE DIQUE TORRES, se ve obligado a traer áridos de la zona centro de Asturias y de León, con un coste mucho mayor.

Hasta ahí, el único problema existente no era otro que una falta de previsión de la empresa adjudicataria de la que podrían devenir las correspondientes responsabilidades.

Ahora bien, resulta muy curioso el Acuerdo de Intenciones firmado por el Presidente del Puerto, Sr. Menéndez Rexach, y el Consejero Delegado de Hidroeléctrica del Cantábrico, Sr. Coronado, porque como consecuencia de este Pacto se introdujo la Cláusula 5.7 en el Contrato, por la cual, los adjudicatarios iban a poder disponer de la Cantera de Aboño. Tal parecía que la Autoridad Portuaria de Gijón quisiera facilitar el desarrollo de las obras a las diferentes empresas que pretendían la adjudicación; eso sí salvaguardando necesidades de la propia Compañía Hidroeléctrica.

Y es cuanto menos curioso, ya que la eléctrica no era la única dueña de la cantera, también lo era SATO. Y este tema no es baladí. Esta empresa, perteneciente al Grupo Villar Mir, era uno de los ofertantes junto a Dragados, FCC y Alvargonzález Contratas. Talmente parecía que uno de los interesados podía tener una ventaja y así parece que pudo ser, pues en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de fecha 29 de Marzo del 2012, que ya hemos aportamos como DOCUMENTO 4, se hace notar que, como consecuencia de la cláusula 5.7, contraria a los principios de transparencia e igualdad de trato del Artículo 4 Directiva 93/38 de la CEE, puede haber una corrección financiera por parte de la Comisión Europea de 18,3 millones de euros .

Desconocemos por qué el Abogado del Estado, Consejero del Puerto, permitió esa cláusula 5.7 en el contrato; como desconocemos si SATO sabía de esas circunstancias y todo se debía a un plan urdido que justificase la extracción de otras canteras muy lejanas y que permitiese, en connivencia con el Director del Puerto de Gijón, la fijación de nuevos precios muchísimo mas elevados.


II.- Tal parece ser, pues ante la petición del contratista, El Director de Obra, Sr. Díaz Rato, Director General del Puerto de Gijón, firma el 20 de Abril del 2006 un “Acta de precios nuevos” donde aprueba 20 precios nuevos para diferentes canteras que están a 60 y 150 kilómetros de distancia del puerto. Según esta Acta, los precios del todo-uno pasan de 7,30 euros metro cúbico a 26,34 y los precios de escollera pasan de 8,25 euros metro cúbico a 29,30. Y aquí hay que hacer varias puntualizaciones:

A- El Director de Obra no puede alterar, en este caso aumentar,  unos precios sin tramitar un Expediente de Modificación del Contrato y sin que lo apruebe el Órgano de Contratación, es decir, el Consejo de Administración.

B- No contento con ello, en la propia Acta se decía que los precios eran RETROACTIVOS y se aplicarían a partir de Mayo del 2005.

C- Siendo, en nuestra creencia, el Acta ilegal, desconocemos si tal circunstancia fue avalada por el Presidente del Puerto, Sr. Menéndez Rexach y el Consejo de Administración del Puerto de Gijón. Si lo fueron tanto el Presidente como El Consejo estarían cometiendo una ilegalidad. Si no lo fueron, la actuación de Díaz Rato sería mucho más grave; pues a la ilegalidad habría que unir la ocultación y gestión desleal.

III.-   El 30 de Octubre del 2006, el Director de Obra, Sr. Díaz Rato, vuelve a firmar un nuevo “Acta de Precios Nuevos” En este caso también para establecer precios más altos para todo el material que procedía de la cantera de Aboño. Los precios del todo-uno pasan de 7,30 euros metro cúbico a 17,23 y los precios de escollera pasan de 8,25 euros metro cúbico a 18,22.

Y aquí podemos hacer las mismas puntualizaciones que en el apartado  anterior, con la única excepción que en este caso no existe la retroactividad ya que el material no se empieza a extraer hasta Marzo del 2007.

Además, no se entiende que se fijen nuevos precios para extraer material de una cantera que ya figuraba en la oferta, salvo que hay una circunstancia llamativa, ya que al aumentar estos precios se está beneficiando especialmente a la empresa SATO, una de las empresas que forma parte de la UTE DIQUE TORRES y que es junto a Hidroeléctrica una de las propietarias de la cantera de Aboño.

IV.- Lo que no cabe duda es que a partir del 15 de Octubre del 2007 en que se redacta el Modificado del Proyecto, tanto el Presidente de la Autoridad Portuaria como el consejo de Administración no solo toman conocimiento de las variaciones de precios efectuadas, si no que las validan justificando la variación a “causas imprevisibles” (¿?) En este momento, el Director de Obra ya dice que el incremento será de 216,3 millones de euros.
Surgen en este punto varias cuestiones sobre las que mostramos nuestra extrañeza y que consideramos deben aclararse:
1.    ¿Por qué se redacta el modificado 2 años más tarde?
2.    ¿Por qué durante todo el 2005 y 2006 se niega el sobrecoste?
3.    ¿Por qué y cómo se empiezan a pagar los sobreprecios sin abrir Expediente del modificado y sin autorizarlo el Consejo de Administración?
4.    ¿Cómo se abre un Expediente de Modificación del Proyecto sin que haya nuevas unidades de obra, siendo solo aumento de precios?
5.    ¿Cómo se puede tramitar el modificado si el aumento de la obra superaba el 20%?
Pero hay más. Respecto a los Modificados, el Informe complementario unido a la declaración al Término del Proyecto emitida por la Intervención General del Estado (IGAE) de 29 de marzo de 2012, que aportamos como DOCUMENTO 4, refleja que “el acta de precios nuevos suscrita por la empresa adjudicataria y la autoridad Portuaria en 20 de Abril de 2006 se ha realizado sin  haber sido aún debidamente instrumentalizado el necesario expediente de aumento de gasto, entendiendo que dicho importe debería haber sido descertificado en su momento, como así aportó evidencia la autoridad Portuaria de Gijón. No obstante lo anterior el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprueba en el año 2007 un modificado, en el que entre otras circunstancias se incluyen los incrementos de precios citados”.

Es más, sigue diciendo: “El 26 de marzo de 2008, el Mº de Economía y Hacienda de España, envió a la Comisión Europea una solicitud de modificación basada en el aumento de coste del Proyecto y en la necesidad de una prolongación del periodo de subvencionalidad, reflejando que pese a que la Comisión no había aprobado dicha solicitud la Autoridad Portuaria de Gijón está aplicando los nuevos precios lo que al entender del informante, aunque  dichos gastos no hayan sido certificados como gastos subvencionables, podría ser una falta en lo referido a la debida transparencia en el procedimeinto de contratación pública.”

V.- A lo expuesto anteriormente hay que sumar nuestras dudas sobre la adjudicación.
No se da al más barato de los cuatro licitadores, en este caso a la UTE liderada por Constructora Hispánica, que ofertó 73 millones menos que la liderada por Dragados. Ni se la considera. Pero tampoco se da al anterior, la UTE liderada por Sacyr, que ofertó 62 millones menos.

Planteamos esta cuestión porque, con independencia de otros temas, el principal motivo por el que se desecha la de Sacyr es el tema de las canteras. La UTE de Sacyr ofertaba que sacaría menos piedra de la cantera de Aboño que la oferta de Dragados (4 millones de toneladas contra 11), y que utilizaría las canteras de Gabianes y Ferroñes. Quiere esto decir que si se hubiera elegido la de Sacyr se hubieran ahorrado no solo los 62 millones de euros de menor oferta sino, probablemente también, la casi totalidad de los 146 millones que luego se pagan a la UTE de Dragados por el fallo de la Cantera de Aboño.
Tal parece, como decíamos, que ello formaba parte de un plan deliberado para beneficiar a determinadas personas o empresas, que creemos que ese Juzgado debe ponderar

VI.- El 30 de Septiembre del 2009 se aprueba el Modificado por parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón. Dos años más tarde del inicio del Expediente y cuatro años más tarde de que se comenzara a pagar indebidamente los nuevos precios al contratista. Desconocemos las razones de tal conducta aunque, según parece, trataban de convencer a la Unión Europea para ampliar los 247,5 millones que en principio estaban aprobados. Lo cual era totalmente imposible después de las denuncias realizadas por Los Verdes y por Andecha Astur, que ponen de manifiesto, por uno u otro motivo, las irregularidades del Proyecto.

También desconocemos que razón llevó a que en dicho Consejo participase el Sr. Álvarez Areces, a la sazón Presidente del Principado, no siendo consejero del Puerto de Gijón, como desconocemos que, existiendo servicios técnicos competentes en el Puerto de Gijón, asumiese la Dirección de Obra el propio Sr. Díaz Rato, Director General del Puerto de Gijón, en vez del Director de Infraestructuras u otro ingeniero por él nombrado.

VII.- Lo expuesto anteriormente nos lleva a formular la presente denuncia por entender que de modo fraudulento, a sabiendas de su ilegalidad y sin la cobertura legal necesaria, se alteraron los precios adjudicados en el contrato para beneficiar expresamente a la UTE DIQUE TORRES,    al tiempo que se intenta sorprende la buena voluntad de la Comisión Europea para que declarase subvencionables los sobrecostes habidos.

De tales hechos, cuando menos, serían responsables los representantes de las empresas Dragados, Drace, FCC, Alvargonzález Contratas y Sato que conformaban la UTE DIQUE TORRES, el Director General del Puerto de Gijón D. José Luís Díaz Rato, el Presidente de la Autoridad Portuaria D. Fernando Menéndez Rexach y del propio Consejo de Administración aquellos que conociendo los hechos hubiesen dado su conformidad o no hubiesen votado en contra de la aplicación de las nuevos precios.
La composición del consejo de Administración era la siguiente:
Presidente: Fernando Menéndez Rexach
Vicepresidente: Luís Arias de Velasco
Secretario y  Jefe de la Asesoría Jurídica: José Luís Baretino Coloma.
Vocales:  Ignacio Fernández Fidalgo
               Bernardo Blanco Simón
               Rolando Lago Cuervo
               Manuel Peláez López (Fallecido)
               Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos
               Paz Fernández Felgueroso
               Carlos Zapico Acebal
               José María Pérez López
               Manuel Ángel Riego González
               Romualdo Alvargonzález Figaredo
               Severino García Vigón
               Héctor Roces García
               Roque Galcerán Sáez
               Justo Rodríguez Braga
               Antonio Pino Cancelo
               Francisco González Buendía
               Julián Bonet Pérez
               Pedro Isidro Rodríguez
               Antonio Suárez Marcos
               Belén Fernández González
               Herminio Sastre Andrés
               Jesús Urrutia García
               Montserrat Bango Amat
               Francisco Villaverde Suárez
               Antonio Fernández Rodríguez
               Ana María García López
               José Luís Villaverde Amieva
               Enrique Álvarez González

Igualmente en los hechos podría haber participado el entonces Presidente del Principado D. Vicente Álvarez Areces quien, no siendo consejero, deberá justificar su asistencia al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria el día de la aprobación de la Modificación del Proyecto y todos aquellos que a resultas de las actuaciones judiciales hayan podido tener, por acción u omisión, implicación en los hechos denunciados.

Sorprende que al enterarse de los acuerdos irregulares a que llegó el Sr. Díaz Rato, que suponían un aumento de  250 millones de euros, nadie hubiese tomado medidas, ni se hubiesen puesto reparo por los servicios de Intervención, ni por los Servicios Jurídicos, ni menos aún por el propio Consejo de Administración o por el Presidente de la Autoridad Portuaria Sr. Menéndez Rexach. Quizás fueron sometidos a la presión política del Sr. Álvarez Areces, Presidente del Principado y presente en el Consejo, sin ser consejero, en que se aprobó el Modificado de Proyecto.

Lo cierto y real es que contraviniéndose todas las normas sobre contratación pública, se variaron sustancialmente las condiciones de contratación hasta el punto de viciar de modo obsceno todo el procedimiento seguido, vulnerando los derechos de los demás licitadores en beneficio de la empresa adjudicataria y se intento engañar a la Comisión Europea para abonar los gastos ocasionados, con claro perjuicio, en todo caso, a los ciudadanos españoles que se ven abocados a soportar con sus impuestos los desmanes producidos.
Tales conductas podrían constituir ilícitos penales tipificados como:
•    Corrupción entre particulares, previsto y penado en el art. 286 bis
•    Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos, previsto y penado en los arts. 404 y ss
•    Omisión del deber de perseguir delitos, contemplado en los arts 407 y ss
•    Cohecho, del art 419
•    Tráfico de influencias, regulado en el 428
•    Fraudes y exacciones ilegales, del artículo 436
•    Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, previsto y penado en los arts 439 y ss

Por todo ello, es de interés del denunciante en la representación que ostenta, que se investiguen los hechos relatados y ejercer, en su caso, la acusación popular, una vez se inicien las procedentes diligencias.
En virtud de lo expuesto;
SUPLICO AL JUZGADO AL QUE TENEMOS EL HONOR DE DIRIGIRNOS; Que, teniendo por presentado este escrito y por realizadas las manifestaciones a que el mismo se contrae se sirva, admitiéndolo, tener por interpuesta la denuncia formulada, dándonos, en todo caso, traslado de las actuaciones abiertas con todo lo demás que resulte procedente en Derecho.

En Oviedo a 3 de Noviembre de 2014


OTROSÍ DIGO.- Que, por ser de justicia, interesa que se practiquen las siguientes diligencias iniciales:
1.    Se cite al denunciante para la toma de declaración y ratificación de la presente.
2.    Se expida atento oficio al Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón para que aporten informes relativos a los hechos denunciados y sobre todo aquello atinente al caso que desee manifestar.
3.    Se solicite a la Autoridad Portuaria de Gijón el expediente relativo a la AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE EL MUSEL que, al menos deberá contener:
1.    Proyecto de ampliación del Puerto del Musel    
2.    Pliego de condiciones Técnicas
3.    Contrato Suscrito con la UTE DIQUE TORRES
4.    Acta de precios nuevos de 20 de Abril de 2006
5.    Acta de precios nuevos de 30 de Octubre de 2006
6.    Proyecto de Modificación del contrato    
7.    Informe sobre acopio de Materiales
8.    Reclamaciones previas a la vía civil interpuestas por la UTE DIQUE TORRES
9.    Resoluciones emitidas en relación con las Reclamaciones planteadas.
10.    Informes de Auditorías o Intervenciones realizadas en el proceso de contratación y Reparos formulados en su caso
4.    Se tome declaración sobre su conocimiento de los hechos expuestos a las siguientes personas:
1.    D. Fernando Menéndez Rexach, Presidente que fue de la Autoridad Portuaria de Gijón
2.    D. José Luís Díaz Rato,
3.    Dª Rosa Aza, actual Presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón
4.    D. Emilio Menéndez Menéndez, anterior Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón
5.    Abogado del Estado y consejero del Puerto de Gijón en el momento que se incluyó la cláusula 5.7 en el PPTP
6.    Los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón siguientes:
1.    Luís Arias de Velasco
2.    José Luís Baretino Coloma.
3.    Ignacio Fernández Fidalgo
4.    Bernardo Blanco Simón
5.    Rolando Lago Cuervo
6.    Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos
7.    Paz Fernández Felgueroso
8.    Carlos Zapico Acebal
9.    José María Pérez López
10.    Manuel Ángel Riego González
11.    Romualdo Alvargonzález Figaredo
12.    Severino García Vigón
13.    Héctor Roces García
14.    Roque Galcerán Sáez
15.    Justo Rodríguez Braga
16.    Antonio Pino Cancelo
17.    Francisco González Buendía
18.    Julián Bonet Pérez
19.    Pedro Isidro Rodríguez
20.    Antonio Suárez Marcos
21.    Belén Fernández González
22.    Herminio Sastre Andrés
23.    Jesús Urrutia García
24.    Montserrat Bango Amat
25.    Francisco Villaverde Suárez
26.    Antonio Fernández Rodríguez
27.    Ana María García López
28.    José Luís Villaverde Amieva
29.    Enrique Álvarez González
7.    D. Vicente Álvarez Areces
8.    Representante legal de la empresa SATO.
9.    Representante legal de la empresa Dragados-Drace.
10.    Representante legal de la empresa FCC
11.    Representante legal de la empresa Alvargonzález Contratas
12.    Representante legal de la empresa HIDROELÉCTRICA
De todos los anteriores se debe instar su averiguación domiciliaria a efectos de las notificaciones pertinentes, salvo de Dª Rosa Aza que podrá ser citada en la propia autoridad Portuaria
En virtud de lo expuesto
SUPLICA NUEVAMENTE, se tengan por hechas y admitidas las anteriores manifestaciones,  por solicitadas las diligencias referidas y, en su virtud, se proceda a la práctica de las mismas.

http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/Denuncia-Asociaci%C3%B3n-Ciudadanos-por-Asturias/45884

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