La Junta General del Principado convierte la investigación de la ampliación de El Musel en una ópera bufa

La Junta General del Principado ha vuelto, una vez más, a hacer un teatrillo bufo con sus aparentes investigaciones parlamentarias al suspender hoy la anunciada comisión de investigación sobre las irregularidades y fraudes cometidos en la ampliación del puerto de El Musel, en Xixón.

Es evidente que los parlamentarios y parlamentarias de la Junta han encontrado una coartada en la negativa de Puertos del Estado a aportar la documentación que se le requería para echar tierra sobre una comisión de investigación que nació claramente forzada por las circunstancias y que incomodaba gravemente a la mayor parte de los grupos parlamentarios, especialmente al PSOE y al PP. Recordamos que en el Consejo de Administración de El Musel, responsable directo de las irregularidades y fraudes detectados por la Oficina Europea de la Lucha Contra el Fraude (OLAF), había representantes de los gobiernos del Estado y autonómico y del Ayuntamiento de Xixón, así como altos dirigentes empresariales y sindicales.

Es decir, la flor y nata del entramado político-empresarial que ha dirigido de forma oligárquica los destinos de Asturies en los últimos treinta años.

También conviene recordar que el Gobierno de Rajoy ha intentado dilatar por todos los medios la investigación judicial, con riesgo de que prescribieran los delitos que podrían haberse cometido, como advirtió con extrema dureza la Unión Europea el pasado mes de octubre en un escrito dirigido al Ministerio de Hacienda.

Aunque la suspensión de la comisión de investigación le venga muy bien al régimen político asturiano, lo cierto es que las graves irregularidades y fraudes denunciados por la OLAF no van a quedar en el olvido. Como es bien conocido por la opinión pública asturiana, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación en vía penal como consecuencia de la denuncia presentada por el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN), diligencias que se están practicando en la actualidad y que, estamos convencidos, conducirán a la incoación del correspondiente proceso penal con la imputación de los responsables de las irregularidades y fraudes. A este respecto, OCAN anuncia que ya se ha personado en las
diligencias de investigación ante la Audiencia Nacional como acusación popular e impulsaremos la causa, pese a la falta de interés de las administraciones afectadas, para que no queden impunes los culpables del desfalco.
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