El Consejo de Europa considera que España incumple sus recomendaciones sobre corrupción

España incumple 6 de 11 recomendaciones emitidas en 2013 sobre transparencia, conflictos de intereses de los parlamentarios y otras medidas anticorrupción

Congreso de los Diputados diciembre

 

Un grupo de trabajo contra la corrupción y a favor de la transparencia impulsado por el Consejo de Europa envió al Estado español en 2013 11 recomendaciones anticorrupción que afectaban a los representantes electos en Parlamento y senado, al sistema judicial y a la Fiscalía General del Estado. Hoy se ha hecho público el informe de seguimiento: cuatro años después, el Estado español sigue sin cumplir satisfactoriamente ninguna de las recomendaciones, y 6 de ellas no las cumple en absoluto.

El informe habla de avances en varios apartados, y de hecho da por buenas algunas respuestas de las instituciones españolas sobre el alcance de las reformas previstas para asegurar la independencia de figuras altamente cuestionadas como la Fiscalía General del Estado o el Consejo General del Poder Judicial. Aún así, en general el dictamen crítico es claro y desecha explícitamente uno de los motivos aducidos por el Gobierno español para explicar los pocos avances: los meses de parálisis institucional debidos a la repetición de la convocatoria de elecciones generales.

con respecto a las medidas de transparencia y prevención de la corrupción relacionadas con diputados y senadores, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) quería que ambas cámaras tuvieran listas ya un código de conducta para los representantes políticos público y accesible, que incluyera además la publicación en detalle, por parte de cada representante, de una serie de datos sobre patrimonio, participación en empresas, etc. Además, con el mismo objetivo de prevenir el choque de intereses, GRECO pedía la creación de un registro público obligatorio de todos los grupos de presión que mantienen contacto con los representantes, así como mecanismos para proteger a quienes alertan de información confidencial de interés a la prensa, medios ciudadanos o grupos de la sociedad civil.

La respuesta del gobierno es que, desde marzo de 2017, el Congreso ya está discutiendo una ley contra la corrupción y por la transparencia que incluye tanto medidas para proteger a los filtradores como el registro de grupos de presión. El Consejo de Europa hace acuse de recibo de este proceso parlamentario, pero sugiere que, antes que una gran ley para ocuparse de todo, serían más convenientes cambios legales más suaves que puedan ser implementados con rapidez, “dados los intentos frustrados repetidas veces para enmendar las normas internas de procedimiento de las cámaras”.

Con respecto al registro de lobbistas propuesto en la ley, el GRECO se muestra escéptico y asegura que es “demasiado pronto para anticipar hasta dónde nos puede llevar la la actual propuesta y si esta será efectivamente adoptada en la actual legislatura”. Además, destaca que el núcleo de lo que está discutiendo el Parlamento “parece centrarse en el registro de lobbies, mientras que el informe lo que hace es centrarse en la figura del parlamentario o senador, por ejemplo la conducta de los representantes en relación con cualquier persona u organización que intentara persuadir al representante en asuntos relacionados con sus tareas legislativas”.

Aunque el informe europeo no lo menciona, la actual ley en discusión ha sido fuertemente criticada y enmendada por la plataforma Xnet. La plataforma ciudadana ha criticado el texto propuesto por su enfoque -aseguran que este deja las labores de vigilancia y supervisión en los mismos organismos que deben ser vigilados- y por su desarrollo, y en concreto ha considerado que el registro de lobbies equipara a los grupos de presión profesionalizados con los grupos de presión ciudadanos.

Otra de las recomendaciones no implementadas tiene que ver con el nivel de detalle y las categorías de información que los representantes políticos deberían hacer públicos según GRECO. Aunque el grupo de trabajo reconoce avances en la información proporcionada en las páginas web del Congreso y del Senado, denuncia que “no ha habido ningún avance” en la petición de que los representantes hagan accesible la siguiente información: valor de mercado de propiedades inmobiliarias o vehículos, nombres de las compañías de las que poseen acciones o participaciones, detallar los intereses de los créditos obtenidos por instituciones financieras, incluir información sobre los regalos recibidos y los viajes patrocinados, incluir la cantidad de ingreso (incluso en forma de indemnizaciones) procedentes de actividades complementarias e incluir este tipo de información relevante referida a cónyuges y descendientes.

El informe no se detiene en las actividades de sus señorías en el Parlamento y el Senado, e incluye recomendaciones para mejorar la independencia y la transparencia del poder judicial. Este apartado incluye 4 de las 5 recomendaciones que GRECO considera como “parcialmente implementadas”. Por ejemplo, considera que el Congreso (a través de Partido Popular y Ciudadanos) está enfocando bien las reformas en la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en la figura de la Fiscalía General del Estado. Para evaluar la generosidad de este organismo con el Gobierno y su coalición parlamentaria, las recomendaciones sobre la Fiscalía han sido evaluadas en plena crisis catalana e incluían principalmente medidas de transparencia en las comunicaciones entre el Gobierno y el Fiscal general.

Foto: El Congreso de los Diputados Álvaro Minguito

https://elsaltodiario.com/transparencia/consejo-europa-espana-corrupcion

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