Fallo sobre el impuesto de actos jurídicos: “El Supremo embarga los derechos de millones de familias”

La inmediata reacción del Supremo ante la sentencia que establece que son los bancos, y no los clientes, quienes deben pagar un impuesto relacionado con las hipotecas, indigna a los movimientos por el derecho a la vivienda

Tribunal Supremo. Madrid.

 

De momento, la banca gana, pero no sin tener quien le oponga resistencia. El jueves, el Tribunal Supremo determinó en un fallo que uno de los impuestos que hay que pagar por las hipotecas correrá a cuenta del banco, y no del cliente, como ha argumentado hasta este fallo. La Sala, bajo la ponencia del magistrado Jesús Cudero, resolvía así un recurso de un particular de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid y establecía que debe ser el banco quien debe hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, porque es el único interesado en la elevación a escritura pública: ni más ni menos que el documento que permite a la entidad bancaria ejecutar la hipoteca en caso de impago. Pedro del Cura, alcalde de Rivas, celebraba el fallo porque suponía que “miles de trabajadoras y trabajadores no tendrán que pagar esos actos jurídicos documentados, lo que nos parecía absolutamente injusto”.

 

Pedro del Cura pide una comparecencia urgente del presidente del Poder Judicial en el Congreso y anticipa que participarán en cualquier iniciativa “para restituir los derechos que tanto nos ha costado conseguir”

 

Pero el viernes, la Sala de lo Contencioso Administrativo congeló esa sentencia dejando la decisión en manos de los 31 magistrados del Pleno en un giro sin precedentes, con el argumento la “enorme repercusión económica y social” que podría tener este fallo, suspendiendo así temporalmente todos los recursos pendientes hasta que se reúna el Pleno.

 

“Ante este giro inédito lo único que podemos decir es que los grupos parlamentarios deberían exigir de manera urgente que el presidente del Consejo General de Poder Judicial comparezca para dar explicaciones”, asegura Del Cura tras conocer esta decisión. “Lo que hace el poder judicial es embargar los derechos de millones de familias”. “ Participaremos en cualquier iniciativa política y jurídica para restituir los derechos que tanto nos ha costado conseguir ” , advierte.

 

Mientras el Pleno se decide, el sector barre para casa y hará pagar a los clientes hasta que se aclare la situación. Y los movimientos por el derecho a la vivienda han vuelto a ver cómo los bancos tratan de frenar los pasos en firme por los derechos de la ciudadanía.

 

Alucinados

Para Javier Gil, portavoz del sindicato de inquilinos de Madrid, es una prueba más de que “partidos políticos, jueces e instituciones públicas están al servicio de la especulación”. Con esta decisión, dice Gil, se pone de manifiesto que “los intereses de los bancos están por encima de la Constitución, de los dictámenes de Naciones Unidas y de los derechos fundamentales de las personas”. “La banca y el sistema inmobiliario de España se creen impunes, son la piedra angular sobre la que se articula todo un sistema político y económico de un país”, lamenta.

 

 

Para Javier Rubio, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la palabra es “alucine”. “La sentencia que revisa el criterio anterior venía a poner un poco de equidad en la relación banco ciudadanos y ciudadanas, y por tanto lo que hace es una interpretación muy constitucional”, explica. Porque este impuesto beneficia a los bancos, y son ellos quienes deben pagarlo porque “el beneficio que tiene esto es ni más ni menos que poder ejecutar la hipoteca en caso de impago sin necesidad de pasar por el juzgado para el reconocimiento de su derecho”. “A los ciudadanos les da igual que la hipoteca se inscriba o no en el registro y como el único beneficiario es el banco, debe ser este quien tiene que pagar ese impuesto”, explica.

 

El abogado de la PAH Javier Rubio recuerda que “cuando el Supremo dijo que eran los ciudadanos los que tenían que pagar, no se movió ni un dedo desde la judicatura”

 

Rubio llama la atención sobre la incongruencia en las cifras que se han manejado desde el jueves, y que supuestos expertos a quien califica como “amigos de los bancos” bancarios han cifrado en números tan dispares como 4.000 o 18.000 millones de euros. “Se trata de asustar para evitar que esto se consolide el fallo”, dice.

 

Incluso dando por válidas estas cifras, aclara, se trata de cantidades poco significativas para las entidades bancarias, cuyo beneficio no corre ningún riesgo: “No es que los bancos vayan de dejar de ser rentables; en comparación, es un poquito para ellos, pero ni a eso quieren renuncia porque son unos usureros”.

 

Desobediencia y presión

A la espera de que decida el Pleno del Supremo, el sainete ha servido para recordar a los movimientos, que han conseguido logros significativos en los últimos meses como conseguir que el Congreso acepte debatir la Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que no pueden bajar la guardia.

 

“La desobediencia civil se ha convertido en la única forma de asegurar los derechos fundamentales de las personas, y la organización social la forma de protegernos contra los abusos de la banca y los especuladores”, dice Gil. “Sentencias y noticias como la de hoy, son solo una más, la cuestión es que seamos capaces de aprovechar estos momentos para organizar respuestas hasta el punto de que no haya partido político, gobierno ni juez, que pueda negar las reivindicaciones sociales”.

Para Rubio, es necesario utilizar todos los mecanismos de presión y manifestación de opiniones para hacer ver “el escandalazo que supone que un Presidente de una sala del Tribunal Supremo intente, seguramente por las presiones que habrá recibido, echar para atrás una sentencia de una sala del Supremo”. “Cuando Cuando ocurrió lo contrario, cuando el Supremo dijo que eran los ciudadanos los que tenían que pagar, no se movió ni un dedo desde la judicatura”, zanja.

 

Foto: Fachada principal del Tribunal Supremo. Sara Sda

https://www.elsaltodiario.com/vivienda/impuesto-actos-jur%C3%ADdicos-documentados-supremo-embarga-derechos-millones-familias

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