OCAN pide un total de 184 años de cárcel y 641 de inhabilitación para los 24 investigados en el ‘caso Musel’

La acusación popular solicita la comparecencia como testigo del expresidente Areces, que participó en al menos tres reuniones “fundamentales” del Consejo de Administración del Puerto a pesar de no ser miembro del mismo



El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN) ha
solicitado a la Audiencia Nacional la apertura de juicio oral y ha formulado
escrito de calificación provisional frente a los 24 investigados en el ‘caso
Musel’, un proceso judicial que se inició precisamente con la denuncia que
OCAN interpuso ante la Audiencia Nacional. Lo ha anunciado este sábado
Manuel Benayas, miembro del colectivo, en declaraciones a los medios de
comunicación y acompañado por Javier Pintado y Luis Miguel González, de
OCAN, y Gemma Arbesú, abogada del Observatoriu.

La acusación popular de OCAN estima que los hechos que detalla en su
escrito de calificación -y que evidencia la connivencia entre el presidente y el
director de la Autoridad Portuaria de Xixón con los directivos de las empresas
que formaban la UTE Dique Torres- son constitutivos de los delitos de
malversación de caudales públicos, prevaricación, y fraude y exacciones
ilegales.

“En total, hablamos de 24 acusados, para los que OCAN solicita penas
de 184 años de privación de libertad y 641 de inhabilitación para empleo o
cargo público, a repartir entre todos los participantes”, ha señalado Benayas.
Asimismo, OCAN solicita la comparecencia como testigos de una serie de
personas que resultan de interés para aclarar los hechos sucedidos, entre ellos
el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Xixón, José María Pérez,
y el expresidente Álvarez Areces. “Lo hacemos no por capricho sino porque
Areces participó en al menos tres reuniones fundamentales del Consejo de
Administración del Puerto, a pesar de no ser miembro del mismo. Además,
estamos hablando de altos cargos nombrados por el Partido Socialista, una
administración que impulsa la obra incluso habiendo informes como el de la
OBSERVATORIU CIUDADANU ANTICORRUPCIÓN D’ASTURIES

OLAF que decían que no estaba suficientemente fundamentada la necesidad
de realizar una obra de este calado”.

El representante de OCAN ha recordado que el ‘caso Musel’ tuvo lugar
durante la adjudicación de las obras de ampliación y “en torno a una cuestión
que resultó fundamental en el coste: un modificado de obras de casi el 50%
sobre lo previsto, es decir, alrededor de 250 millones de euros”. En ese sentido,
ha explicado que “la modificación fue consecuencia de no usar la cantera de
Aboño, a pesar de que esta era la que el proyecto recogía para el suministro de
materiales. En su lugar se utilizó la cantera de Tudela Veguín, propiedad de los
Masaveu, y se hizo con pleno conocimiento. Desde el minuto uno se sabía que
la cantera de Aboño no iba a poder ser utilizada y que por lo tanto iba a generar
un sobrecoste brutal. La justicia debe aclarar qué pasó en la ejecución de este
contrato, plagado, en nuestra opinión, de cuestiones escandalosamente
llamativas e inaceptables en cualquier adjudicación pública. No puede ser que
se tenga en cuenta que los materiales se van a traer de una cantera cuando ya
se sabe de antemano que esa cantera no se va a usar. Se usa otra que está
bastante más alejada, que va a suponer un aumento considerable de los costes
y que va a tener como resultado una modificación de casi el 50%. Hay una
base para pensar que se cometieron irregularidades gravísimas”. Asimismo,
Benayas ha indicado que “al sobrecoste también contribuyó el hecho de que
durante el proceso de ejecución de las obras no existió el más mínimo control
sobre el movimiento de los materiales y sobre el coste que se estaba realmente
utilizando en la ampliación de El Musel”.     

Por otra parte, OCAN también solicita que se investigue el patrimonio de
los investigados “porque en caso de que se demuestre que efectivamente hubo
un enriquecimiento ilícito, estos deberían proceder a devolver aquellas
cantidades provenientes tanto de posibles enriquecimientos ilícitos como de
encarecimientos para la administración pública, ya que el erario público sufrió
una pérdida considerable”.

 

Teléfono de contacto:
José Ángel Gayol (Presidente de OCAN): 644 489 876

http://ocanasturies.info/

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