Espionaje y chantaje político, la fiscalía debe actuar ya

Desmantelar hasta el fondo la “policía patriótica” es fundamental, pero sin olvidar perseguir las implicaciones penales de los máximos responsables políticos

 

Solo una sanción ejemplarizante contribuirá a erradicar estas practicas en la democracia española 

[¿Alguien puede esperar aue se vayan a sancionar a sí mismos? (Nota Redacción)]

 

Cualquiera que haya leído novela negra o visto thrillers o películas de contenido político, lo que esta sucediendo en España con los casos de espionaje y chantaje a partidos o dirigentes políticos, no le resultara desconocido.

Los cuerpos de seguridad del estado, especialmente en momentos de convulsión o inestabilidad política, suelen ser manipulados por gobiernos poco escrupulosos con el cumplimiento de la legalidad democrática. Lo que a veces no pueden conseguir en las urnas, se buscan otras vías para destruir a sus oponentes políticos. 

Esa utilización ilegal puede tener diversas formas de realizarse, desde funcionarios públicos, hasta mercenarios contratados para una tarea especial o una combinación de ambos. 

En la historia democrática de nuestro país la cumbre de esas practicas criminales la vivimos con los primeros gobiernos de UCD y el PSOE en la lucha contra el terrorismo de ETA. Las denuncias de la prensa y la actuación de jueces y fiscales, lograron desarticular esas tramas y, no olvidemos, sus máximos responsables políticos (de la etapa socialista, porque los de época de UCD nunca fueron imputados), el ministro del Interior y el segundo cargo de ese Ministerio fueron condenados por el Tribunal Supremo a 10 años de prisión (aunque posteriormente fueron indultados parcialmente por el gobierno del PP).

En tiempos de los gobiernos de UCD, además de grupos parapoliciales dirigidos contra ETA, hubo otros que jugaron un papel turbio en relación con la extrema derecha y con los militares golpistas.  

Es evidente que los GAL tuvieron una gravedad muy superior a las actuales tramas de espionaje y chantaje, pero en todo caso estas actuaciones exigen la actuación del poder judicial. 

Como se ha evidenciado el espionaje y chantaje afectan fundamentalmente a Podemos y a sus máximos dirigentes, pero también a sectores del nacionalismo catalán (lo que también es un delito, por muy nefastos que sean y a su vez una parte de ellos sean también delincuentes económicos, como es el caso de la familia Pujol y otros).

A otro nivel resulta también conocido las tareas de espionaje policial y parapolicial entre diversas familias rivales del PP madrileño

Es cierto que desmontar lo que se ha llamado “policía patriótica” no es fácil ni rápido, por mucho que el actual ministro del Interior asegure que están desmanteladas. Las ramificaciones con diversos niveles de implicación, no constan en actas y se sustentan en unos casos en sobornos económicos y en otros en afinidades ideológicas, cuando no van juntas.

Porque además en las tramas de espionaje y chantaje se mezclan intereses políticos y financieros, como también se ha puesto de relieve con las actuaciones de Francisco González, antiguo presidente del BBVA o de los rumores nunca clarificados de la muerte de Emilio Botín, presidente del Banco Santander.  

Como también hay que recordar el caso del conductor espía de Bárcenas, el extesorero del PP o el allanamiento del despacho del Juez Garzón

Personajes como el ex Comisario Villarejo o el pequeño Nicolas van de la mano de periodistas de extrema derecha como Eduardo Inda (al que por cierto la “Sexta televisión” sigue manteniendo en su programación para escarnio de la conciencia democrática).

Pero más allá de que los peones de las tramas sean perseguidos judicialmente, los mayores responsables políticos no pueden quedar impunes. Como no quedaron impunes José Barrionuevo y Rafael Vera, ¿o es que va a existir un distinto rasero para los cargos públicos socialistas y los del PP

En este sentido contrasta el silencio o las tímidas criticas de la inmensa mayoría de los grandes medios de comunicación con el espionaje y chantaje a Podemos, a diferencia de lo que sucedió cuando la guerra sucia era practicada por socialistas.

Resulta increíble que Jorge Fernández Diaz y su cúpula en el Ministerio del Interior sigan diciendo que ellos no sabían nada y que no autorizaron u organizaron las actividades ilegales de la “policía patriótica”. Hay numerosos indicios en sentido contrario, que al menos requieren una investigación judicial y una actuación inmediata de la Fiscalía General del Estado. Tampoco parece verosímil que una iniciativa de este calado no fuera consultada, con mayor o menor detalle, con el presidente y la vicepresidenta del gobierno del PP.

La actuación de la Fiscalía debe hacerse ahora, ya que un gobierno de otro signo político tras el 28 de abril y un cambio de responsables en la Fiscalía, seguramente no tomaría ninguna iniciativa política al respecto.

Desmantelar hasta el fondo la “policía patriótica” es fundamental, pero sin olvidar perseguir las implicaciones penales de los máximos responsables políticos. Solo una sanción ejemplarizante contribuirá a erradicar estas practicas en la democracia española.

https://www.nuevatribuna.es/opinion/hector-maravall/espionaje-chantaje-politico-fiscalia-debe-actuar/20190404223749161646.html
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