¿Cómo mejorar el control del gasto público?

Recaudamos en torno a 6 puntos del PIB menos que la media europea, lo que supone un déficit de más de 70.000 millones al año

María Jesús Montero, ministra de Hacienda

 

El pasado viernes de Dolores, comenzó oficialmente una campaña electoral que, en la práctica, no se sabe muy bien cuándo empieza y cuándo acaba. De la marabunta de mítines y demás actos políticos se desprenden propuestas para todos los gustos. Sin embargo, una vez más, las posibles subidas y bajadas de impuestos, como si del vaivén de las olas se tratara, vuelven a centrar buena parte de los debates.

 

Los datos de presión fiscal y de gasto público, a la vista de la comparativa europea que reflejan las estadísticas de Eurostat, evidencian que nuestro problema es de ingresos -recaudamos en torno a 6 puntos del PIB menos que la media europea, lo que supone un déficit de más de 70.000 millones al año- y no de gasto -donde nuestro déficit en relación con la media europea se sitúa en 5 puntos del PIB-.

 

No obstante, y aún cuando no tengamos un problema de gasto, lo cierto es que un control estricto y efectivo del mismo es uno de los retos que, a la vista de los casos de mala gestión, cuando no de corrupción, que hemos ido conociendo en los últimos años, debería estar en la agenda de los partidos políticos, junto al de los impuestos.  Y en este sentido, deberíamos plantearnos cómo podría mejorarse la eficacia y eficiencia del gasto público.

 

En nuestra opinión, lo primero que habría que hacer sería modificar la actual estructura de la Intervención General del Estado, dotándola de un modelo organizativo más racional en la atribución de funciones, que garantice la efectiva transparencia y eficacia de la función fiscalizadora. Además, de suma importancia sería reforzar y ampliar el control permanente y la auditoría.

 

Para ello, habría que establecer procedimientos de control posterior, sistemáticos, no puntuales, destinados no solo a verificar el cumplimiento de la legalidad documental, sino a permitir la investigación de irregularidades y corrupción, que puedan dar lugar a responsabilidades patrimoniales, contables o penales; poner en marcha auditorías operativas en todos los ámbitos de la Administración Pública, que controlen la eficacia, economía y el uso eficiente de los recursos públicos y sus resultados repercutan en la asignación presupuestaria en futuros ejercicios; diseñar e implementar indicadores efectivos que midan la calidad del servicio, de forma que pueda ser controlada; y activar procedimientos de control que garanticen que los servicios públicos externalizados no puedan ser prestados en ningún caso con medios propios de la Administración de forma indefinida en el tiempo.

 

Por otra parte, sería necesario implementar las modificaciones normativas precisas para evitar que los entes públicos, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de que se revistan, escapen en mayor o menor medida de los necesarios controles a los que, como consecuencia de su financiación con recursos públicos, deben someterse. Establecer un régimen eficaz de exigencia de responsabilidades al gestor del gasto, así como del órgano que ejerce el control para evitar dispendios, gastos innecesarios o la inversión en infraestructuras poco viables o eficientes; realizar una publicidad efectiva de la actividad desarrollada y acceso a los datos económicos comprobados; establecer procedimientos para la coordinación efectiva entre los distintos órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales, así como para dar publicidad de la actividad desarrollada por los mismos, habilitando herramientas que permitan tratar la información de las cuentas públicas; y regular la obligatoriedad de colaborar con la Base de Datos Nacional de Subvenciones, e informar de cualquier tipo de subvención también serían medidas necesarias para incurrir en gastos de manera mucho más eficiente.

 

Finalmente, convendría acabar con la privatización de las auditorías públicas, derogando la norma que permite a la Intervención General del Estado  recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría para la ejecución de su Plan nacional de Auditorías.

 

Y es que, sólo siendo eficaces y eficientes en el control del gasto público, podría cimentarse el sistema fiscal con el que obtener los recursos necesarios para sostener y mantener nuestro Estado del Bienestar.

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Carlos Cruzado, Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

Foto: María Jesús Montero, ministra de Hacienda

https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/control-gastopublico-pib-gestha-eurostat-presionfiscal-impuestos/20190412182824161871.html

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