El Gobierno del Principado abre la puerta a la privatización de la inspección ambiental

 


El BOPA de hoy martes 16 de abril publica el Decreto 27/2019, de 11 de abril, de Protección y Control Ambiental Industrial en el Principado de Asturias, mediante el cual se atribuye a entidades privadas, denominadas Organismos de control ambiental, funciones materiales de inspección  ambiental (artículos 11 y 18 del Decreto)

 

De este modo, el Gobierno del Principado asume las posibilidades de inspección privada que ofrece la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, promovida por el Gobierno del Partido Popular con la oposición frontal del grupo parlamentario del PSOE.

 

El entonces portavoz del PSOE en el Congreso sobre medio ambiente José Luis Ábalos, rechazó en marzo del 2013 la privatización de la inspección ambiental que  imponía el Gobierno del Partido Popular en la  modificación de la Ley de Contaminación  que se estaba tramitando, advirtiendo que “el proyecto de ley del PP permite sustituir los inspectores ambientales, funcionarios independientes y especializados, sometidos a la Ley y con obligación de velar su estricto cumplimiento, por una especie de controladores de aparcamiento sin exigencia de formación que se deben a empresas privadas".

 


Señalaba también el Sr. Ávalos que "esas empresas terminan por cobrar un alto precio a las Administraciones, así que finalmente resulta una pérdida de calidad y fiabilidad del servicio con nulo ahorro para el presupuesto público".

 

El grupo parlamentario socialista en el Congreso llegó a presentar una enmienda al Proyecto de Ley del Partido Popular, en la que se suprimía la posibilidad de realización de actividades de control e inspección por parte de entidades privadas.

 

 

 

En la sesión plenaria del Congreso de los Diputados celebrada el 23 de mayo de 2013 el portavoz del PSOE fue especialmente contundente sobre la privatización de la inspección ambiental que propiciaba el Proyecto de Ley:  

 

"En segundo lugar se abre de modo conscientemente indefinido la posibilidad de privatizar la inspección medioambiental. Esto también es una característica de la obra legislativa del Partido Popular, abrir la privatización allá por donde se pueda. Se quiere desmantelar la Administración, privatizarlo todo, la sanidad, la educación, los montes, el agua, las costas, la vigilancia penitenciaria, las tareas del Registro Civil y aquí la inspección medioambiental. Habría que preguntarse si también podemos privatizar la inspección de trabajo de la Seguridad Social, si podemos privatizar la inspección tributaria... Si esto parece que no, no sé por qué lo medioambiental tiene tan poca relevancia. El Consejo de Estado se pregunta quién controlará a las empresas que inspeccionan, quien inspeccionará a las empresas que a su vez inspeccionan, y ha llegado a acuñar una frase que habla de huida del derecho administrativo"

 

El Gobierno asturiano desoye ahora la posición de su propio partido político y abre la puerta a la mercantilización de la inspección ambiental.

 

Desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies manifestamos el frontal rechazo a esta normativa, colada de rondón a pocos días de las elecciones autonómicas, porque  el control de los riesgos ambientales para la salud pública no puede ser objeto del negocio privado de unos pocos. La posibilidad de captura empresarial de los inspectores privados y los riesgos de colusión de intereses son tan elevados y graves que se hace imprescindible una movilización pública inmediata contra esta normativa.

 


http://otrafuncionpublica.blogspot.com/2019/04/el-gobierno-del-principado-abre-la.html

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